Los proyectos de ley SB 245 y HB 44 fueron aprobados por la mayoría de los delegados del Congreso Estatal de Maryland y ahora sólo falta la autorización del gobernador Wes Moore para que entren en vigencia. Las medidas prohiben expresamente que, el gobierno estatal, los condados, las ciudades, los alguaciles y cualquier agencia o empleado público celebre, renueve o mantenga cualquier acuerdo con ICE. La oposición republicana criticó las medidas, al considerar que debilitan la seguridad pública.
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La posible construcción de un centro de detención de ICE en San Antonio volvió a generar controversia en el concilio de la ciudad, luego de que cuatro concejales de distintos distritos solicitaran a la ciudad analizar qué mecanismos legales existen para frenar o, al menos, retrasar el proyecto.

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El movimiento “Mamás con Poder” busca que se eviten operativos de agentes de inmigración cerca de escuelas, iglesias y hospitales en Texas. Junto con otras organizaciones, promueve la Ley de Lugares Sensibles Protegidos, con la cual se pretende ofrecer mayor protección a las comunidades latinas.

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Robert Luna, alguacil del condado de Los Ángeles, explicó cómo su administración trabaja para que la comunidad inmigrante pueda denunciar delitos de manera segura. También, destacó la importancia de recuperar la confianza en el departamento y afirmó que el LASD únicamente transfiere reclusos a ICE en casos de delitos graves, tal como ocurrió con 20 detenidos durante el periodo de mayo y junio de 2025.
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Ante el uso de armas de fuego en un arresto migratorio en Roxbury, la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, firmó decretos para salvaguardar a la comunidad. Las medidas incluyen la prohibición de arrestos en edificios estatales y la creación de un sitio web para denunciar abusos mediante videos ciudadanos. Sherrill criticó la falta de claridad de las autoridades federales, afirmando que las tácticas actuales hacen que el estado sea menos seguro para todos.

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Ciudadanos que llevan décadas con raíces en Estados Unidos expresan su temor ante la expansión de los procesos de desnaturalización de la administración Trump. Mientras el Departamento de Justicia intensifica las investigaciones sobre solicitudes pasadas, personas con hasta 40 años en el país califican la medida como una amenaza a su estabilidad. Activistas piden calma y recuerdan que revocar la ciudadanía requiere un proceso judicial riguroso, instando a no dejar de solicitar la naturalización.

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