Leo Martínez fue detenido violentamente por agentes federales mientras documentaba operativos migratorios en Simi Valley. Denuncia golpes y uso excesivo de fuerza. Liberado sin cargos, promete continuar su labor.

Elvia Santos se encuentra desconsolada debido a que su esposo, Pedro Rosado Barradas, de 72 años, fue arrestado por agentes de ICE durante una parada de tránsito este 10 de marzo sobre la autopista 101, a la altura de la avenida Glendale. Los elementos federales señalaron que la detención se realizó porque supuestamente viajaba a exceso de velocidad; ahora se encuentra recluido en el centro de detención de Florence, en Arizona. José López Gómez, amigo de Rosado Barradas, también fue remitido.
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La nueva directriz exige la supervisión de un sargento en casos relacionados con órdenes migratorias, fija un límite de 30 minutos para la llegada de agentes federales y prohíbe trasladar a inmigrantes basándose solo en órdenes administrativas. “En realidad no cambia cómo hacemos las cosas, salvo que ahora los agentes deben esperar al sargento”, dijo Douglas Griffith, presidente del sindicato policial de Houston.

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El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) pretende obtener acceso a los registros confidenciales de empleo y pagos de manutención infantil que custodia el Departamento de Salud. Aunque estos datos sirven originalmente para localizar a padres deudores, exfuncionarios alertan que el Gobierno Federal planea usarlos para endurecer la vigilancia migratoria. Esta medida expondría la información laboral de millones de trabajadores en todo el país y reaviva el debate sobre la privacidad de los datos personales sensibles.

Un operativo de ICE de nueve horas en South Burlington derivó en una batalla campal entre civiles y autoridades. Los agentes federales utilizaron granadas aturdidoras y gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes que intentaban impedir el arresto de un hombre refugiado en una vivienda. El conflicto escaló tras la llegada de la orden judicial, marcando el primer choque violento de este tipo en el estado y dejando múltiples civiles derribados durante la detención.

La Policía de Houston modificó sus reglamentos internos después de que varios oficiales entregaran directamente a inmigrantes a los agentes de ICE. Juan Proaño, director de LULAC, advierte que e stas prácticas destruyen la confianza de la comunidad latina en las autoridades locales y vulneran los derechos civiles de los afectados. El incidente reaviva el debate nacional sobre si los cuerpos de seguridad municipales deben colaborar en la aplicación de leyes federales de inmigración.

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