El Gobierno estadounidense liberará 172 millones de barriles de su reserva estratégica para frenar el impacto del conflicto en el Medio Oriente. Los constantes ataques de Irán contra buques petroleros en la región elevaron el precio del petróleo por encima de los 100 dólares por segunda vez en ocho días. Mientras la Agencia Internacional de Energía coordina una respuesta global, el Departamento de Energía estima que la entrega total de crudo tardará cerca de 120 días.

Un panel asesor de los CDC decidió sostener la recomendación de las vacunas de ARNm contra el COVID-19 para evitar un impacto político negativo. Fuentes cercanas aseguran que el gobierno federal teme que nuevos cuestionamientos científicos sobre las dosis fortalezcan a la oposición de cara a las elecciones de medio término. Esta postura busca proteger la estrategia de salud pública actual y mitigar posibles ataques electorales que utilicen la controversia sobre la vacunación para movilizar a los votantes republicanos.

La administración Trump inició una investigación por presunto comercio desleal contra China, México y la Unión Europea para frenar la competencia extranjera. El Gobierno diseña nuevos aranceles estratégicos que buscan blindar las fábricas nacionales y asegurar los empleos en el país tras el fallo adverso de la Corte Suprema. Con esta medida, el Ejecutivo intenta recuperar el control de la política arancelaria y desafiar la reciente resolución judicial que declaró ilegales sus tarifas previas.

La agresión de Irán contra buques petroleros en el Golfo provocó un repunte inmediato en el precio del crudo, que ya supera los 100 dólares por barril por segunda vez en una semana. Ante esta inestabilidad, el gobierno federal anunció la liberación de millones de barriles de la reserva estratégica de petróleo para frenar el impacto en la economía nacional. Esta medida busca estabilizar el mercado energético global y contrarrestar la escasez de suministro derivada del conflicto en el Medio Oriente.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) pretende obtener acceso a los registros confidenciales de empleo y pagos de manutención infantil que custodia el Departamento de Salud. Aunque estos datos sirven originalmente para localizar a padres deudores, exfuncionarios alertan que el Gobierno Federal planea usarlos para endurecer la vigilancia migratoria. Esta medida expondría la información laboral de millones de trabajadores en todo el país y reaviva el debate sobre la privacidad de los datos personales sensibles.

Un operativo de ICE de nueve horas en South Burlington derivó en una batalla campal entre civiles y autoridades. Los agentes federales utilizaron granadas aturdidoras y gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes que intentaban impedir el arresto de un hombre refugiado en una vivienda. El conflicto escaló tras la llegada de la orden judicial, marcando el primer choque violento de este tipo en el estado y dejando múltiples civiles derribados durante la detención.