El Departamento de Transporte federal emitió una norma que prohíbe otorgar licencias comerciales a conductores extranjeros no verificados. La medida impactó a la industria en Illinois, especialmente cuando miles intentaron renovar permisos en uno de los mayores centros logísticos.

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La alcaldesa Jane Castor modificó el lenguaje de una política del Departamento de Policía de Tampa tras una advertencia del fiscal general de Florida, quien cuestionó posibles restricciones a la cooperación con autoridades migratorias federales.

Sheriffs republicanos pidieron enfocar las deportaciones en inmigrantes con historial criminal. El fiscal general del estado respondió defendiendo la aplicación estricta de la ley migratoria.

El alguacil del condado Polk propone crear una vía legal para inmigrantes indocumentados sin antecedentes penales, en medio del debate sobre deportaciones masivas. Argumenta que quienes trabajan, no cometen delitos y contribuyen a la economía deberían tener una oportunidad de regularizar su estatus. La propuesta será elevada a líderes federales para su evaluación.

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María de Jesús Estrada fue a una cita con inmigración porque estaba tramitando su residencia en febrero y al siguiente día la deportaron. Su hija, Damaris Bello, ciudadana estadounidense, pide el regreso de su madre quien era beneficiaria de DACA. Legisladores y activistas proinmigrantes condenan acciones del gobierno federal contra esta comunidad.

Líderes del sector transporte rechazan el argumento de seguridad vial del Gobierno para restringir los permisos de trabajo a inmigrantes. Alfredo Barajas, dueño de una empresa de transporte, señala que la medida expulsa a conductores latinos con más de una década de trayectoria impecable para reemplazarlos por personal sin experiencia. Los empresarios temen que la pérdida de estos profesionales debilite las cadenas de suministro y afecte la cultura de manejo seguro establecida en las carreteras estadounidenses.