Una mujer de 86 años, que no podía regresar a su país por falta de documentos, vivió un giro inesperado en su historia. Tras 37 años lejos de su familia, el Consulado de Guatemala intervino, la contactó y le entregó personalmente un pase de viaje firmado que le permitirá volver a casa.

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Los concejales del condado de Baltimore aprobaron lo que llamaron un proyecto de ley en favor de los inmigrantes. Al ser firmado de emergencia, entró en vigor de inmediato como una medida preventiva para detener la creación de centros de detención privados en el futuro. Durante la sesión, fueron rechazadas las acciones del Departamento de Seguridad Nacional y las operaciones del ICE.

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Jorge Murillo es un padre de familia que fue deportado a Honduras. Su esposa, Gabriela Murillo, se quedó sola en Houston junto con sus cuatro hijos. Uno de los menores tiene autismo y lucha contra una enfermedad rara, y potencialmente mortal. La abogada de la familia asegura que la expulsión del hombre fue ilegítima.

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Las autoridades estadounidenses aseguraron que esa frontera también se encuentra “muy bien vigilada”, por lo que advirtieron que cambiar de trayecto no garantiza el cruce ilegal

Esteban Hernández, analista republicano, opina sobre la deportación del bebé Juan Nicolás y su madre, horas después de que el menor salió del hospital por una enfermedad. Habló sobre el enfoque de evitar la separación familiar en cuestiones de inmigrantes, recordó acciones que se hacían en administraciones anteriores en cuanto a la situación en centros de detención. Además, defendió el trabajo de ICE.

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En respuesta a la pregunta de N+ Univision, la Casa Blanca arremetió contra el gobernador Wes Moore tras la firma de una ley que restringe la colaboración de las agencias locales con ICE. Mientras alguaciles de Maryland evalúan acciones legales, la administración federal representada por Karoline Leavitt, calificó la medida como una "acción política horrible" que dificulta la remoción de criminales extranjeros. Según la vocera del Ejecutivo, esta falta de cooperación federal compromete la seguridad pública y obliga a los ciudadanos del estado a pagar las consecuencias.

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