“Hemos visto que una vez más, las personas que tienen DACA, los estudiantes indocumentados, no están siendo incluidos y condenamos esas acciones”, asegura Melody Klingenfuss, de CHIRLA. Afirma que “en este momento necesitamos cualquier ayuda financiera que se nos pueda otorgar. Esto nos hace ver que tenemos que seguir peleando por fondos extra”.

Próximamente la Corte Suprema de Justicia deberá determinar si continúa o se acaba el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que acoge a cerca de 700,000 inmigrantes en el país. César Andrade, un médico de origen ecuatoriano que llegó a EEUU cuando tenía 9 años, es uno de los tantos dreamers que trabaja combatiendo la pandemia y que podría perder su estatus si hay un fallo en contra del programa.

De acuerdo con ProPublica, una organización de periodistas independientes, el gobierno del presidente Donald Trump quebrantó la promesa, hecha inicialmente por la administración Obama, de mantener en secreto los datos de los jóvenes amparados bajo el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

Ana Lucía es la mayor de cinco hermanos y la única que no perdió su empleo debido a la pandemia. Ella trabaja como asistente médico en un hospital de San Francisco ubicado en uno de los barrios más afectados por los contagios de covid-19.

El Southern Poverty Law Center (SPLC) advierte que el gobierno está utilizando la crisis de salud pública para cerrarle la puerta a la inmigración indocumentada y legal a Estados Unidos.

En espera de la resolución que tome la Corte Suprema sobre su futuro, los jóvenes inmigrantes tampoco recibirán cheques de alivio del gobierno federal por el covid-19. Sin embargo, más de 62,000 trabajadores de la salud tiene DACA y están al frente de la lucha contra la pandemia sin recibir nada a cambio.