Un juez da plazo de 24 horas al gobierno para que confirme el paradero de un migrante venezolano expulsado del país; tornados arrasaron el centro de EEUU y la administración Trump acordó indemnizar con poco menos de $5 millones a la familia de una de las fallecidas del asalto al Capitolio. Más información en UnivisionNoticias.com.

Daisy Aldana reconoció a su esposo, Andrés Morales, al escuchar sus gritos en un video que muestra a inmigrantes venezolanos detenidos en el CECOT. Las imágenes fueron captadas durante una visita de congresistas de EEUU. La mujer asegura que su pareja es un hombre trabajador y no un delincuente del Tren de Aragua. Te puede interesar: Preocupación y miedo entre venezolanos tras fallo de la Corte Suprema que permite revocarle el TPS.

Una jueza federal le dijo al gobierno de EEUU que su explicación para invocar el privilegio de secretos de Estado en el caso de Kilmar Ábrego García es inadecuada. Y pidió hacer pública la declaración presentada por el secretario de Estado, Marco Rubio.

Este viernes se realizó una audiencia sobre el caso Kilmar Ábrego, en la que una jueza federal desestimó los argumentos del gobierno Trump para retener información clave. A la par, decenas de personas se manifestaron a las afueras de la corte en Greenbelt exigiendo el regreso a Estados Unidos del salvadoreño.

Jonferson Valera Yamarte llegó a EEUU en busca de un mejor futuro, pero decidió regresar a su natal Venezuela luego de que el gobierno Trump expulsara a su hermano a El Salvador. En otras noticias de impacto, la influencer Valeria Márquez fue asesinada cuando transmitía en vivo en México y una niña fue hallada muerta con señales de estrangulamiento en Colombia. Te recomendamos: Hispano es atacado por jauría de perros y León XIV es el nuevo papa: lo más visto de Primer Impacto en la semana.

Los venezolanos presos en la cárcel de máxima seguridad en El Salvador pidieron ayuda en un video publicado por un medio ultraderechista. Es una de las primeras veces que se escucha a los detenidos desde que fueron enviados allí en marzo desde Estados Unidos. El gobierno de Trump los acusa, sin presentar pruebas, de pertenecer a la pandilla Tren de Aragua.