Miles de migrantes con asilo pendiente enfrentan una nueva regla: pagar $100 al año para mantener activo su caso. Si no lo hacen a tiempo, podrían perder el proceso, ver afectado su permiso de trabajo e incluso terminar en corte. Esto es lo que cambia y desde cuándo.

Una corte de apelaciones frenó la política de detención obligatoria sin fianza, permitiendo que ciertos inmigrantes continúen sus procesos en libertad. Sin embargo, el Servicio de Inmigración anunció nuevos chequeos de seguridad que mantienen en pausa millones de solicitudes para detectar posibles fraudes. Expertos advierten que estas medidas ralentizan los trámites de asilo y residencia, mientras el gobierno acelera la deportación de menores no acompañados hacia terceros países.

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La administración Trump implementó nuevas medidas que extendieron los tiempos de espera para quienes tramitaron residencia permanente o permisos de trabajo en Estados Unidos. Autoridades señalaron que el retraso responde a un endurecimiento en los controles migratorios para prevenir el fraude.

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Cambios en verificaciones de antecedentes podrían retrasar trámites como residencia, asilo y permisos laborales. Autoridades ampliarán el acceso a bases de datos, incluyendo registros internacionales, lo que podría impactar solicitudes previas y nuevas. Expertos recomiendan asesorarse ante posibles implicaciones legales.

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"Tenía miedo porque era mi primera vez en una corte", así narra Wilfredo lo que sintió al presentarse ante un juez sin representación legal. El niño, de tan solo 10 años de edad, es originario de Venezuela; él y su madre tienen un caso de asilo pendiente, pero la mujer fue detenida hace varios meses durante una parada de tráfico en Texas. Desde entonces la exjefa de la madre de Wilfredo es su tutora legal. El niño enfrenta el riesgo de ser deportado a un tercer país.

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Familias y expertos legales alertan sobre la falta de formación de los nuevos jueces de inmigración designados por la administración. Tras una ola de despidos, las nuevas contrataciones enfrentan acusaciones de operar bajo instrucciones para agilizar deportaciones, desatando una polémica.

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