Manifestantes y familiares de personas detenidas protestaron este domingo en Ochopee, Florida, para denunciar condiciones de hacinamiento, aislamiento y presuntos abusos en el centro de detención conocido como ‘Alligator Alcatraz’. Organizaciones piden el cierre del lugar mientras un juez revisa su expansión.

Pedro Lorenzo Concepción, un inmigrante cubano detenido en Florida, puso fin a una huelga de hambre de 17 días tras ser trasladado del centro conocido como 'Alligator Alcatraz' al centro de procesamiento Krome. El hispano denuncia que en el polémico lugar ubicado en los Everglades "no hay humanidad ni derechos humanos". También puedes ver: Secretos de 'Alligator Alcatraz': exempleado revela información y dice que hay un cuarto de castigos.

En entrevista exclusiva con Univision Noticias, Tom Homan, el 'zar de la frontera', se refirió a las intenciones del gobierno Trump de crear más centros de detención similares a ‘Alligator Alcatraz’, las supuestas cuotas de arrestos que deben cumplir agentes federales y los casos en que ciudadanos estadounidenses han salido del país con sus familiares. Conoce más del especial Inmigración: las nuevas reglas.

Un exempleado del centro de detención para inmigrantes conocido como 'Alligator Alcatraz', en Florida, rompió el silencio y denunció abusos, negligencia médica y castigos contra los detenidos. El hombre asegura que tras ver los maltratos solo pudo trabajar en el lugar 10 días. Además, relata que quienes protestan son enviados a una "celda de castigos", de donde algunos regresan con marcas de golpes. Te puede interesar: Inmigrantes encadenados: abogados comparan 'Alligator Alcatraz' con un campo de concentración.

El Acuerdo Flores limita a 72 horas la detención de menores y exige condiciones seguras y supervisión externa. Defensores denuncian que niños están retenidos más tiempo y eventualmente sufrirían condiciones insalubres en centros como Alligator Alcatraz.

El acuerdo entre Florida e ICE se actualizó tras la apertura del centro Alligator Alcatraz en los Everglades. Dudan del acceso real de los detenidos a abogados y cortes, aunque el estado asegura que sí hay comunicación.