DHS solicita a jueza suspender fallo que ordena desmantelar Alcatraz de los Caimanes

El Departamento de Seguridad Nacional solicitó a una jueza federal que suspenda el fallo que ordena desmantelar la cárcel de migrantes Alcatraz de los Caimanes o Alligator Alcatraz en 60 días. Mientras tanto, una nueva demanda alega que la administración del gobernador Ron DeSantis carece de autoridad para operar este centro migratorio.

En su argumento, el gobierno federal asegura que la orden de la semana pasada de la jueza Kathleen Williams afecta la capacidad de la administración de hacer cumplir las leyes federales, mientras organizaciones proinmigrantes y medioambientales insisten en que este sitio no debe continuar operando, por las violaciones que allí existen y el daño al ecosistema.

Actualmente, la decisión de la jueza fue apelada por el estado de Florida, pero en caso de que la decisión sea contraria, el Departamento de Seguridad Nacional podría solicitar una apelación de emergencia.

“(El gobierno) tiene que acatar esta decisión y desmantelar el centro, a menos que ellos hagan una petición especial a la corte de apelaciones del onceavo circuito, que ponga en pausa la decisión de la jueza”, dijo el abogado de inmigración, José Guerrero.

La orden de la jueza Williams fue duramente criticada por el gobernador Ron DeSantis, quien la tildó de activista y de estar tratando de hacer política desde el banquillo.

“Tienen que desmantelar lo que está ahí y no pueden aceptar, por ahora, a nadie más. Y si van a desmantelar, pues obviamente van a sacar a las personas que están ahí y ponerlas en otro centro de detención”, dijo el abogado de inmigración y vicepresidente asesor jurídico de Univision, Armando Olmedo.

Al mismo tiempo, se interpuso una tercera demanda contra Alcatraz de los Caimanes en el tribunal federal del distrito medio de Miami, donde se alega que la administración del gobernador Ron DeSantis no tiene la autoridad para operar esta cárcel de migrantes, porque esto es competencia federal.

Pero el estado de Florida argumenta que la instalación se maneja mediante los acuerdos 287(g), que gobiernos locales firmaron con la administración federal para ayudar a aplicar las leyes migratorias.

“En general eso es un error, esos acuerdos entre el estado y el gobierno federal tienen unas autoridades muy limitadas. En este caso tienen solamente la autoridad para detener o arrestar a inmigrantes que tienen casos criminales y tienen orden de deportación”, dijo el abogado de inmigración, Jesús Novo.

La demanda a nombre de un detenido identificado como “MA” busca convertirse en una acción colectiva y que no se envíen más migrantes allí.