El gobierno federal pidió el fin de semana a una jueza en Miami que suspenda su fallo que ordena el desmantelamiento del centro de detención de inmigrantes construido por el estado de Florida en los Everglades, conocido como ‘Alligator Alcatraz’, mientras se desarrolla un proceso de apelación.
'Alligator Alcatraz': el gobierno de Trump busca mantener abierto el cuestionado centro de detención de inmigrantes
El centro de detención enfrenta cuestionamientos por violaciones ambientales y denuncias de abusos contra los inmigrantes. Organizaciones civiles sostienen que Florida carece de autoridad para operar la instalación.
Por:Univision y AP
Video Jueza prohíbe ingreso de nuevos detenidos a ‘Alligator Alcatraz’ y ordena desmantelar algunas partes
Los abogados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmaron en su petición que, de cumplirse, la orden emitida la semana pasada por la jueza federal Kathleen Williams afectaría la capacidad del gobierno federal de aplicar las leyes de inmigración. Solicitaron, además, que la magistrada decida sobre su petición antes de la noche de este lunes.
La solicitud se presentó mientras organizaciones de derechos civiles interpusieron el viernes una tercera demanda contra las prácticas en el centro, alegando que el estado de Florida carece de autoridad para operar un centro de detención de inmigración.
En el documento del gobierno, Garrett Ripa, director de operaciones de la oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Miami, sostuvo que las 2,000 camas del centro de los Everglades son “muy necesarias”, ya que las instalaciones de detención en Florida están sobrepobladas.
“La eliminación de esta instalación comprometería la capacidad del gobierno para aplicar las leyes migratorias, salvaguardar la seguridad pública, proteger la seguridad nacional y mantener la seguridad fronteriza”, señaló Ripa.
Qué decidió la semana pasada la jueza sobre 'Alligator Alcatraz'
Los grupos ambientalistas y la tribu Miccosukee, cuya demanda derivó en el fallo de la jueza, se opusieron al pedido del gobierno.
En su orden, Williams indicó que espera que la población del centro disminuya en un plazo de 60 días mediante la transferencia de detenidos a otras instalaciones, tras lo cual deberán retirarse las cercas, la iluminación y los generadores. La jueza precisó que no se pueden llevar más detenidos a ese centro.
Los ambientalistas y la tribu argumentaron que debía detenerse toda construcción y operación adicional hasta que los funcionarios cumplieran con las leyes ambientales federales. Alegaron que la instalación amenaza humedales sensibles donde habitan especies protegidas y pondría en riesgo décadas de trabajos y miles de millones de dólares invertidos en la restauración de los Everglades.
El centro se construyó rápidamente hace dos meses en un pequeño aeropuerto de entrenamiento con una sola pista, en medio de los Everglades. Las autoridades estatales firmaron contratos por más de 245 millones de dólares para su construcción y operación, y abrió oficialmente el 1 de julio.
El presidente Donald Trump recorrió el centro el mes pasado y sugirió que podría servir de modelo para futuras cárceles en todo el país, mientras su administración acelera la infraestructura necesaria para incrementar las deportaciones.
El mes pasado, grupos de derechos civiles ya habían presentado una segunda demanda ante los gobiernos estatal y federal por las prácticas en las instalaciones, denunciando que los detenidos fueron privados de acceso al sistema legal. La semana pasada, otro juez federal en Miami desestimó partes de esa demanda —presentada en el distrito sur de Florida— y trasladó los cargos restantes contra el estado al distrito medio.
Personas detenidas por semanas sin cargos, según denuncias
El viernes pasado, las organizaciones civiles interpusieron una tercera demanda en un tribunal federal de Fort Myers, solicitando una orden de restricción y una medida cautelar temporal que impida a agencias estatales y contratistas de Florida retener detenidos allí. Alegaron que en el centro existen “problemas graves” nunca antes vistos en el sistema migratorio: personas retenidas durante semanas sin cargos, desaparecidas del localizador en línea de ICE y sin que nadie en la instalación emitiera decisiones iniciales de custodia o fianza.
“Los abogados a menudo no pueden encontrar a sus clientes, y las familias no pueden ubicar a sus seres queridos dentro del vasto sistema de detención de ICE”, denunciaron. “A los detenidos se les ha impedido acceder a representación legal de múltiples formas. Quienes no tienen abogado han quedado sin los mecanismos básicos para conseguir uno”, esgrimieron.
Los grupos subrayaron que la inmigración es un asunto federal y que ni las agencias de Florida ni sus contratistas privados tienen autoridad para operar el centro. Solicitaron además que la demanda sea certificada como colectiva.
Los abogados también describieron duras condiciones en las instalaciones incluyendo inundaciones, mosquitos, falta de agua y exposición al intemperie como forma de castigo. Al menos 100 personas ya han sido deportadas desde el centro, incluidas varias que fueron presionadas a firmar formularios de salida voluntaria sin poder consultar con un abogado.
La administración del gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, se prepara además para abrir un segundo centro de detención de inmigrantes, apodado ‘Deportation Depot’, en una cárcel estatal del norte de Florida.
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