Qué le espera al fiscal general si es declarado en desacato por el pleno del Congreso

Una "crisis constitucional" en pleno desarrollo, según afirma la oposición demócrata. Así ha escalado la batalla entre la Casa Blanca y el Congreso por la difusión completa del reporte hecho por Robert Mueller sobre el 'Rusiagate', que tras dos años de investigación, no pudo conseguir pruebas sobre la supuesta coordinación entre la campaña presidencial de Trump y Rusia para afectar los resultados de las elecciones de 2016, algo que sí se pudo demostrar y que llevó al gobierno de Obama a imponer sanciones a Moscú.

Pero donde hay grandes dudas, y el reporte de Mueller parece que lo hace ver, es en torno a los supuestos esfuerzos de Donald Trump para obstruir la justicia, es decir, sus intentos de detener la investigación.

Justamente esto es lo que ha provocado la batalla política entre la Casa Blanca y los demócratas en el Capitolio. Declarar en desacato al fiscal general, William Barr, por no publicar completo el informe del 'Rusiagate' es parte del inicio de ese enfrentamiento.

La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, tiene una decisión difícil por delante. Luego de que el comité Judicial realizara el voto de desacato esta semana contra Barr, el siguiente paso es llevarlo al pleno de la Cámara Baja. Un paso que a simple vista parece fácil, pero que conlleva ribetes legales y políticos peligrosos.

Sólo una vez en la historia de Estados Unidos un fiscal general ha sido acusado de desacato. Ocurrió en el caso de Eric Holder, bajo el gobierno de Barack Obama, asociado a la “Operación Rápido y Furioso”.

Entre 2006 y 2011, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) permitió deliberadamente a los comerciantes de armas de fuego vender a compradores ilegales para rastrear las armas y llegar a los líderes de carteles de drogas mexicanos.

El voto contra Holder ocurrió en junio de 2012, pero más allá del impacto político, en concreto no hubo repercusiones. Obama se negó a procesar a Holder, y unos meses después, la Oficina del Inspector General determinó que no había evidencia para inculparlo.

Aunque el caso ante Barr es muy diferente ahora, un riesgo que enfrenta Pelosi es que el resultado sea el mismo. Y si después de todo Donald Trump y Barr salen invictos de esto, ¿qué dice eso del poder real que tiene el Congreso?

Por otro lado, Pelosi enfrenta la presión del ala más liberal de su bancada, quienes han pedido un juicio político para Trump por meses y quienes están cansados de esperar por un momento de reivindicación ante uno de los presidentes más evasivos de Estados Unidos.“Si el gobierno continúa en la línea que ha seguido hasta ahora, el Congreso no tiene otra opción que empujar esto hasta el final", dijo.

"Puedes decidir en cuanto al tiempo indicado y tácticas, pero no pueden dejarlo impune, ya que es un desafío directo a su poder constitucional”; explicó a Univision Noticias Frank Bowman, profesor de la escuela de leyes de la Universidad de Missouri. Otro factor no menos importante es la cercanía con las elecciones presidenciales y el impacto que genere en la opinión pública.

¿Quién pagará el precio político por esta guerra? Una que implica alejar a los representantes de avances en otras áreas como infraestructura, generación de empleos, etc.

¿Es válido?

Según las señales que ha dado Pelosi, si ocurre, el voto de desacato contra Barr no vendrá de inmediato. En declaraciones recientes en el Congreso, la líder demócrata aseguró que no acelerará el proceso e incluso abrió la puerta para otras resoluciones de desacato contra otros funcionarios de la administración Trump y la posibilidad de organizar un voto conjunto.

Los requisitos para llegar al desacato es que la acusación del Congreso cumpla con criterios básicos como que tenga un propósito legal, que sea pertinente al tema que se está investigando y que sea válido legalmente.

Expertos difieren a la hora de validar estas premisas en el caso de desacato contra Barr. Ilya Shapiro, director del Centro de Estudios Constitucionales del conservador Instituto Cato, dijo a Univisión Noticias que “los demócratas en el comité quieren ver el reporte completo y lo que Mueller entregó a congresistas de alto rango de ambos partidos es todo el reporte, excepto alrededor de 1.5% de tachaduras que son para propósitos de investigación de un gran jurado".

"Eso es lo que requiere la ley. No me parece que exista una base legal para acusar a Barr de desacato”, aseguró.

Siguientes pasos

Si ocurre un voto de desacato en el pleno de la Cámara de Representantes hay tres avenidas para forzar a las personas a cumplir con lo que se le exige, en este caso entregar el informe de Mueller y además aceptar ser interpeladp en la Cámara Baja.

La primera es un desacato criminal que debe ser procesado por el Departamento de Justicia. Es decir, el caso pasa al abogado de Estados Unidos en Washington, DC, quien debe decidir si iniciar un proceso penal contra su propio jefe, el fiscal general. El otro es un desacato civil que implica un largo proceso en las cortes, ya que se debe interponer una demanda civil, donde el Congreso le pide a las cortes que hagan cumplir la orden.

El Congreso entonces debe demostrar que el desacato es pertinente y que tiene un propósito legislativo. Si los demócratas eligen esta vía –que es la más probable– y las cortes fallan a favor de Trump, entonces se habrá creado un nuevo precedente legal que hará más fácil retener información ante el Congreso para administraciones futuras.

Si falla a favor, fortalecerá el poder del legislativo. “Si hay más resoluciones de desacato puedo ver a los jueces intervenir aquí y decir que necesitamos hacer cumplir los poderes del Congreso, para respetar el proceso inherente de chequeos y balances entre el ejecutivo y legislativo, porque en mi opinión los jueces verán que esta es una negativa de plano de parte de la administración en aceptar que el Congreso tiene un rol en supervisar investigaciones asociadas con el presidente”, dijo Bowman.

Finalmente, está la opción de que el Congreso use su propia autoridad para imponer multas y/o encarcelar a Barr, enviando al sargento de armas directamente a arrestarlo. La última vez que el Congreso hizo algo similar fue en 1930. Pase lo que pase, enero de 2021 es el plazo límite para obtener un resultado concreto, ya que con un nuevo Congreso la citación expira y todo empieza de nuevo.

En el Ejecutivo en cambio, si Trump logra la reelección, hay continuidad y una ventaja comparativa ante los legisladores demócratas. En todo caso, a los demócratas les interesa más que Trump pierda en 2020, no que haya continuidad administrativa.