Estas son las claves del proyecto bipartidista de ley de control de armas
Tras la ola de tiroteos masivos en los últimos meses que ha cobrado la vida de más de 30 personas, y el reclamo público por medidas que eviten o reduzcan la posibilidad de nuevos ataques de este tipo, el Congreso aprobó entre jueves y viernes la ley bipartidista sobre la violencia con armas de fuego.
La iniciativa es de alcance limitado y no satisface las demandas del presidente Joe Biden y quienes piden controles a las armas. Sin embargo, se trata de un avance debido a que el Congreso no suele accionar luego de este tipo de masacres.
Paradójicamente, la aprobación de la ley en la Cámara de Representantes y el Senado llegó apenas horas después de que la Corte Suprema revirtiera una ley del estado de Nueva York que exigía demostrar motivos para portar armas ocultas en espacios públicos.
El senador Chuck Schumer, líder de la mayoría demócrata, señaló que "el Senado está haciendo esta noche algo que muchos creían imposible hasta hace unas semanas: estamos aprobando el primer proyecto de ley de seguridad de armas significativo en casi 30 años".
"El proyecto... que estamos aprobando esta noche puede describirse con tres adjetivos: bipartidista, de sentido común, salvador de vidas", dijo agregó.
Por su parte, el líder de la bancada republicana, senador Mitch McConnell, en un guiño a los defensores de las armas declaró que la ley hará que Estados Unidos sea más seguro "sin hacer menos libre a nuestro país". "Las disposiciones son muy, muy populares. Contiene cero nuevas restricciones, cero nuevos periodos de espera, cero mandatos y cero prohibiciones de ningún tipo para los propietarios de armas respetuosos con la ley", dijo.
Esto son los aspectos destacados del proyecto de ley bipartidista sobre la violencia con armas de fuego.
Comprobaciones de antecedentes
Los registros de salud mental y de menores estatales y locales formarán parte de las comprobaciones de antecedentes federales para los compradores de armas entre 18 y 20 años. El plazo máximo de tres días para recopilar los registros se amplía a 10 días para buscar datos de menores. Si transcurren 10 días sin que se resuelva, la venta se lleva a cabo.
Más controles a maltratadores o condenados por violencia doméstica
A los condenados por violencia doméstica se les niegan las armas si tienen una "relación seria y continuada de naturaleza romántica o íntima" con la víctima. El derecho de los maltratadores a comprar armas de fuego se restablece después de cinco años si no se cometen más delitos violentos. Actualmente se niegan las armas de fuego a los maltratadores domésticos si están casados, viven o han tenido un hijo con la víctima.
Leyes de "bandera roja"
Ayuda federal a los 19 estados, más el Distrito de Columbia, que tienen leyes que ayudan a las autoridades a obtener órdenes judiciales para retirar temporalmente las armas a personas consideradas peligrosas. Esos estados necesitarían procesos sólidos para impugnar la retirada de las armas de fuego.
Salud mental
La ley propuesta amplía las clínicas comunitarias de salud mental. Ayuda a los estados a reforzar los programas de salud mental en las escuelas y a proporcionar más consultas a distancia.
Educación escolar y prevención
Aumenta el gasto en salud mental escolar, intervención en crisis, programas de prevención de la violencia, formación de trabajadores de salud mental y seguridad escolar.
Lo que plantea sobre licencias federales para la venta de armas
La ley actual exige que las personas "dedicadas al negocio" de la venta de armas tengan licencia, lo que significa que deben realizar comprobaciones de antecedentes. El proyecto de ley define eso como la venta de armas de fuego "para obtener predominantemente un beneficio" en un esfuerzo por perseguir a las personas que evaden el requisito.
Penas para traficantes de armas
Crea delitos federales para los traficantes de armas y los que compran armas para personas que no pasarían la verificación de antecedentes. Penas de hasta 25 años de prisión. En la actualidad, estos delincuentes son perseguidos principalmente por violaciones de los trámites.
El costo de la ley
La Oficina Presupuestaria del Congreso, que no es partidista, calcula 13,000 millones de dólares, sobre todo para la salud mental y las escuelas. El proyecto de ley también asigna 750 millones de dólares adicionales a un programa de subvenciones existente del Departamento de Justicia y le permite, por primera vez, financiar programas estatales de intervención en situaciones de crisis. El costo global del proyecto se compensa con el aplazamiento de una normativa de la administración Trump relativa a los costos de los medicamentos de Medicare.
