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Mike Pence cree normal que altos funcionarios de gobierno contraten un abogado personal. Eso es engañoso

El vicepresidente contrató a un asesor legal, pues podría verse implicado en la investigación sobre Rusia y la campaña de Trump. Es una práctica legítima, pero no es común que altos funcionarios de gobierno se vean obligados a tomar esta decisión, según varios expertos.
22 Jun 2017 – 4:37 PM EDT

El vicepresidente Mike Pence declaró a los medios que la contratación de un abogado privado para tratar la investigación sobre el rol de Rusia en las elecciones de 2016 es “muy normal”. Pero esta afirmación es engañosa.

El propio Pence dedicó semanas en contratar a un defensor para ocuparse de la investigación sobre la relación entre Rusia y la campaña de Trump. Si se comprueba que hubo coordinación entre ambas partes, el vicepresidente podría verse implicado por su doble rol en la carrera electoral y en el gobierno.

Como los abogados del gobierno no pueden manejar los asuntos legales de los funcionarios públicos, “desde luego que sería normal para los presidentes y vicepresidentes contratar abogados privados para redactar sus testamentos y revisar sus declaraciones de impuestos”, entre otros asuntos, explica a Univision Peter M. Shane, una autoridad internacional en Derecho Administrativo, División de Poderes, y profesor de The Ohio State University.

Sin embargo, “ lo que no es normal es que altos funcionarios del gobierno sean potenciales blancos de una investigación criminal y de contrainteligencia”, señala el experto. Por eso "si el vicepresidente está sugiriendo que es usual que altos funcionarios de la Administración contraten defensores privados para eludir posibles cargos criminales, sería engañoso”, advierte Shane.

En la misma línea, Jordan Libowitz, director de Comunicaciones de la organización Ciudadanos por Responsabilidad y Ética en Washington (CREW) advirtió: “Aunque que es normal (más de un presidente que de un vicepresidente) contratar un abogado externo, está lejos de ser ‘muy normal’ contratarlo para una investigación criminal”.

Precedentes

Mike Pence eligió a Richard Cullen, un prestigioso abogado que participó en los casos políticos más relevantes de Washington, incluyendo Watergate, para ocuparse de la investigación sobre la posible coordinación entre Rusia y la campaña de Trump en las elecciones de 2016. Pero él no fue el primero en su cargo en recurrir a un asesor legal externo.

El precedente más evidente de esta medida es el del vicepresidente de Richard Nixon, Spiro Agnew, quien contrató un defensor cuando enfrentó una acusación penal por fraude y renunció a su cargo en 1973. Por otra parte, según un estudio de la Universidad de Brown, George H. W. Bush habría tenido un abogado personal para defenderlo en la investigación de Lawrence Walsh sobre el asunto Irán-Contra, que también implicó al presidente Ronald Reagan. Al Gore fue otro vicepresidente que acudió a un asesor legal privado cuando afrontó un caso por sus llamadas a potenciales donantes desde la Casa Blanca.

¿Por qué se requiere un defensor privado?

Pence decidió contratar a Cullen luego de que el presidente Donald Trump recurriera a un equipo de defensores privados. El abogado de la Casa Blanca tiene como cliente a la Oficina del Presidente de Estados Unidos. Por ende, trabaja para el ocupante pero no se trata de una relación tradicional de privilegio con su representado, a quien le puede aconsejar sobre sus asuntos legales personales, explicó la exabogada de la Casa Blanca, Kathryn H. Ruemmler, durante una conferencia en la Universidad de Nueva York (NYU por su sigla en inglés). Mientras que el funcionario oficial se ocupa de los asuntos que afectan al Presidente en virtud de su puesto, el defensor privado se encarga de aquellos que implican al mandatario a título personal.

Hay episodios en los que es particularmente difícil identificar los límites entre una situación que afecta al presidente o a la persona que ocupa ese cargo. Un ejemplo de ello fue cuando se cuestionó la nacionalidad de Barack Obama.

En la misma charla en NYU, Ruemmler junto al exabogado del gobierno de Obama, Bob Bauer, recuerdan que en esa instancia, un defensor privado del presidente debió encargarse de buscar su certificado de nacimiento en Hawaii y de llevarlo a la Casa Blanca.



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