Un "asalto al capitalismo": cómo Trump se aleja de la retórica conservadora republicana

La maniobra del gobierno de Donald Trump para hacerse con una participación en la mayor fabricante de chips de Estados Unidos, Intel, se aleja tanto de la habitual retórica de los republicanos conservadores que incluso fue bien acogida por el senador liberal Bernie Sanders.

El acuerdo contempla convertir fondos por unos $11,000 millones que la administración de Joe Biden había aprobado para Intel en una participación de casi 10% en esa compañía. La movida representa la mayor intervención del gobierno en una empresa estadounidense desde el rescate a las automotrices durante la crisis financiera de 2008. Y para algunos analistas genera preocupación por el trasfondo en el que se dio y por la posibilidad de que se replique más adelante.

El presidente ejecutivo de Intel, Lip-Bu Tan, saludó el trato en un comunicado con un lenguage 'políticamente correcto' en el que agradeció "la confianza del presidente y su gobierno" en la empresa y su "enfoque en realizar inversiones históricas en la fabricación de chips en Estados Unidos", sector que ha estado muy en la mira de Trump desde que regresó al poder en enero.

El mandatario, por su parte, fue bastante más coloquial al decir que el CEO de Intel buscaba mantener su trabajo y por ello "terminó dándonos $10,000 millones para Estados Unidos". Días antes, Trump había escrito en redes sociales que Tan debía renunciar a su cargo tras reportes de que ha invertido desde hace años en cientos de firmas tecnológicas chinas. Algo que es permitido para ciudadanos estadounidenses salvo que se trate de empresas dentro de una lista específica del Departamento del Tesoro.

"Si un presidente demócrata hubiese hecho esto a Tan o a cualquier otro presidente ejecutivo estadounidense, los republicanos lo hubiesen catalogado como un sacudón político, un asalto al capitalismo y una pérdida para los contribuyentes", escribió el politólogo de corte conservador Bret Stephens en una columna de opinión en el diario The New York Times.

"Hubiesen estado en lo cierto. Intel, que a inicios de este siglo tenía una capitalización de mercado de $500,000 millones, ahora se ubica en $107,000 millones. ¿Qué puede evitar que (esa capitalización) siga bajando y se lleve a los contribuyentes con ella?, se preguntó.

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El acuerdo choca con la retórica conservadora de que el gobierno no debe involucrarse profundamente en el sector privado. Y abre un 'campo minado' que ha sido advertido por la propia Intel en un documento al regulador del mercado de valores, con un lenguaje distinto a las palabras optimistas del comunicado con su anuncio.

Reconoció que es "incierto" cuándo el gobierno le desembolsará miles de millones de dólares contemplados en el trato, y que el hecho de que el gobierno sea un accionista significativo puede afectar los negocios de Intel fuera de Estados Unidos y diluir la 'voz y voto' de otros accionistas, incluso al evaluar transacciones futuras que sean beneficiosas para la empresa.

"Las ventas (de Intel) fuera de Estados Unidos representaron 76% de los ingresos de la empresa en el año fiscal terminado el 28 de diciembre de 2024. El tener al gobierno como un accionista significativo de la compañía puede hacerla objeto de regulaciones, obligaciones y restricciones adicionales en otros países", se lee en el documento.

"Los poderes sustanciales que adicionalmente tiene el gobierno de Estados Unidos respecto a leyes y regulaciones que impactan a la empresa pueden limitar sustancialmente la capacidad de la compañía para buscar en el futuro potenciales transacciones estratégicas que puedan ser beneficiosas para los accionistas", agrega.

El gobierno, a través del secretario de Comercio, el aliado de Trump Howard Lutnick, ha dicho que el gobierno simplemente "convirtió dinero que el gobierno de Biden iba a dar de todas maneras en una participación para el pueblo estadounidense".

Más allá de Intel, Trump y su mano en otras empresas privadas

En un escrito en la publicación Yale Insights de Yale School of Management, profesores y exejecutivos recogieron las instancias en las que Trump se ha inmiscuido en asuntos de empresas privadas.

Para conseguir la compra de la empresa estadounidense US Steel en junio pasado, la japonesa Nippon Steel llegó a un acuerdo con concesiones poco habituales al gobierno como, por ejemplo, el darle una llamada 'acción de oro' con la que la administración de Trump podrá nombrar a un director independiente y tener poder de veto sobre algunas decisiones empresariales.

Las instancias suman y siguen. Trump también le pidió a las empresas Nvidia y AMD parte de sus ganancias por la venta de chips avanzados a China.

"Como ningún otro líder de cualquier economía de libre mercado, el presidente Trump ha tomado control de la toma de decisiones estratégicas de compañías privadas y de políticas de inversiones, al tiempo que invade las juntas directivas corporativas para dictar quiénes las lideran, castigar a los críticos y exigir que se cumpla con su agenda política. Esto es más peligroso para el capitalismo que un supermercado operado por las autoridades de una ciudad", dijeron en su análisis.

"La esencia del capitalismo de mercado es que los propietarios, los accionistas y la gerencia que ellos designan compartan las ganancias. Estos acuerdos dan una tajada de las ganancias al gobierno a cambio de favores", consideraron.

Tentáculos que llegan al Congreso, donde los republicanos aprobaron profundizar el déficit

El alejamiento de la línea económica conservadora también ha permeado en el Congreso, donde tradicionalmente los republicanos se han empeñado en limitar el gasto y reducir el déficit. Para potencialmente quedar bajo la gracia de Trump, legisladores del ala republicana más conservadora finalmente dieron en julio —tras semanas de un tira y afloja— luz verde a una enorme ley con la agenda presidencial. Eso incluyó a algunos de los legisladores republicanos más difíciles de convencer y que forman parte del Freedom Caucus.

El proyecto principalmente extendió de forma permanente los recortes tributarios del primer gobierno de Trump y dio miles de millones a su ofensiva para detener y deportar a inmigrantes, tanto indocumentados como algunos con procesos migratorios en desarrollo. También aprobó elevar el límite de endeudamiento o el llamado 'techo de de la deuda', algo que solía generar mucha renuencia entre los republicanos.

Aunque se buscó contrarrestar su impacto con recortes a programas sociales importantes como Medicaid y los llamados 'cupones de alimentos' del SNAP, en suma, la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) estimó el 21 de julio que la nueva ley profundizará en $3.4 billones (trillion en inglés) el déficit de Estados Unidos en la próxima década.

Y acogieron una ofensiva arancelaria sin precedente

Otra medida económica inédita de Trump también fue abrazada por los republicanos en el Congreso: declarar una supuesta emergencia nacional para fijar o endurecer los aranceles a socios comerciales. Fueron varias las órdenes ejecutivas con las que Trump invocó la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 o IEEPA por su sigla en inglés, cuyo uso está siendo evaluado en una corte de apelaciones después de que un tribunal comercial determinó que el presidente se excedió en su autoridad.

Los jueces del tribunal comercio que inicialmente bloqueó los aranceles recalcaron varias veces que permitir que Trump imponga aranceles en la forma que la que lo hizo significaría una delegación "inconstitucional" del Poder Legislativo. "Una delegación sin límites de la autoridad para imponer aranceles constituiría una abdicación impropia del Poder Legislativo a otra rama del gobierno (...) Cualquier interpretación de que (la ley) IEEPA delega una autoridad arancelaria ilimitada es inconstitucional", se lee en el documento con la decisión de los jueces.

Pese a ello, por ahora, los republicanos han bloqueado intentos en el Congreso para frenar los aranceles. En abril, por ejemplo, bloquearon una propuesta para poner fin a la emergencia nacional declarada por el presidente para justificar algunas tarifas.

Una mano que quiere tocar la independencia de la Reserva Federal

Los esfuerzos de Trump por controlar aspectos clave de la economía y las finanzas de Estados Unidos arreciaron más recientemente en sus acciones en la Reserva Federal (Fed). Tras meses de insultos a su jefe, Jerome Powell, amenazas de que lo echaría y exigencias para que se recorte la tasa de interés de referencia para bajar así el costo de la deuda estadounidense, el presidente dio el paso extraordinario de tratar de despedir a una gobernadora de la junta del banco central.

El lunes pasado le envió una carta avisándole de su despido y la gobernadora en la mira de Trump, Lisa Cook, respondió con una demanda judicial para que se le mantenga en el cargo y se proteja la independencia del banco central más importante del mundo.

Ha sido una acción presidencial sin precedente que abre la puerta a un litigio que podría escalar a la Corte Suprema y repercutir en la crucial independencia de la Fed, creada por el Congreso para que estuviese 'blindada' de cualquier influencia política. Los economistas coinciden en los beneficios de contar con un banco central independiente, pues se le facilitaría tomar decisiones que puedan resultar impopulares, como elevar la tasa de interés en momentos de una aceleración de la inflación. Eso fue lo que ocurrió hace unos años cuando los precios subieron fuertemente tras los coletazos de la pandemia.

"Si Cook gana, se queda en su cargo y logramos cierto parecido con la estabilidad. Si pierde es el fin de la independencia de la Fed como ha sido construida y reconstruida durante 112 años", escribió el experto en el banco central Peter Conti-Brown en una publicación en Substack citada por la agencia AP.

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