Cuentas congeladas y visas canceladas: la escalada de EEUU contra políticos mexicanos presuntamente vinculados al narco

La administración de Donald Trump en meses recientes ha escalado las medidas en contra de decenas de políticos mexicanos presuntamente vinculados al narco, de acuerdo con reportes.

El reporte más reciente sobre el tema fue difundido por la agencia Reuters, en el que se reveló que el Departamento de Estado revocó las visas de al menos 50 políticos pertenecientes al partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) por sospechas de vínculos criminales.

El reporte de la agencia, que citó de forma anónima a dos funcionarios mexicanos, agregó que decenas más de funcionarios de otros partidos políticos también han visto revocadas sus visas por esas sospechas.

La medida revelada por el medio ocurre en medio de una serie de duras acciones tomadas por el gobierno de Trump en contra de los carteles latinoamericanos, ocho de los cuales fueron catalogados como organizaciones terroristas extranjeras a principios de su administración.

Seis de las organizaciones criminales designadas como terroristas son mexicanas. Las principales son el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación, acusadas de inundar de fentanilo las calles estadounidenses.

En medio de las presiones, el gobierno de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha buscado intensificar la colaboración con la administración de Trump entregando 55 capos a Estados Unidos para ser juzgados en cortes del país.

Además, ha ordenado el despliegue de miles de tropas a la frontera con el objetivo de frenar el tráfico de fentanilo y otras drogas a suelo estadounidense, mientras Trump lanza amenazas de imponer más aranceles a los bienes mexicanos si México no cumple con sus demandas.

Alcaldes, funcionarios y una gobernadora sin visa

Aunque el reporte de la agencia no incluyó los nombres de los políticos a quienes les fueron revocadas las visas, en meses recientes la prensa mexicana ha ido revelando poco a poco los casos de políticos de alto nivel afectados por las medidas del Departamento de Estado.

Uno de los casos que causó más revuelo fue el de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila y de su esposo, Carlos Torres, a quienes les fueron revocadas sus visas en mayo. La prensa mexicana reportó que Torres está siendo investigado por presunta corrupción.

Hace unos días la funcionaria dijo que está en proceso de divorcio de Torres.

Los casos desataron una tormenta política en México por tratarse de una acción sin precedentes del gobierno estadounidense contra una gobernadora en funciones, además de que Ávila era considerada una cercana aliada de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ávila, quien es de Morena, ha negado cualquier irregularidad y trató de minimizar la cancelación de su visa al decir que se trató de una acción administrativa.

Otros funcionarios que han sufrido las acciones del Departamento de Estado son Mario López Hernández, diputado morenista de la fronteriza ciudad de Matamoros, Tamaulipas, y Juan Gim, alcalde de Nogales, Sonora.

Además le fue retirada la visa a Sonia Villarreal Pérez, subsecretaria de Gobierno de Coahuila.

También les han sido revocadas las visas a parientes de políticos como Luis Samuel Guerrero, esposo de la alcaldesa de Mexicali.

Le congelan las cuentas a diputada de Morena

El Departamento del Tesoro recientemente acusó en un reporte a la diputada federal de Morena, Araceli Brown, de haber cedido el control de partes del gobierno de la ciudad de Rosarito, Baja California, cuando fue alcaldesa a una facción del Cartel de Sinaloa.

Según el Tesoro, dos presuntos criminales ligados a ‘Los Mayos’ lograron infiltrar la estructura del gobierno municipal de Rosarito a través de un individuo llamado Candelario Arcega Aguirre, identificado como un político ligado al Cartel de Sinaloa.

La agencia federal dijo que Arcega fue utilizado para corromper al gobierno municipal con Brown al frente de la ciudad.

“Arcega mantiene una estrecha relación personal con Brown y, gracias a ella, pudo controlar partes del gobierno municipal y nombrar a sus aliados en puestos de alto nivel dentro del gobierno de Rosarito”, dice el reporte.

La agencia federal dijo que, juntos, Brown y Arcega junto con otro otro cómplice más, sirvieron como intermediarios de los criminales ligados a ‘Los Mayos’ para recaudar pagos de extorsión para el cartel.

“Ayudaron a gestionar sus operaciones y garantizaron la protección de las actividades delictivas de los Arzate por parte del Departamento de Seguridad Pública de Rosarito”, acusó el Tesoro.

En un reporte reciente del semanario Zeta de Tijuana, que ha divulgado múltiples reportes sobre la presunta corrupción local en Baja California, se reveló que la Secretaría de Hacienda pidió congelar las cuentas de la diputada. Brown ha negado cualquier irregularidad en su gestión como alcaldesa.

En el caso de la gobernadora de Baja California, aseguró tras darse a conocer la cancelación de su visa que no tiene cuentas en Estados Unidos en medio de especulaciones de que tambien había sufrido una medida así.

Senadores dicen que sí tienen visa

Luego del reporte de la agencia Reuters, el medio mexicano Latinus preguntó a algunos senadores que enfrentan acusaciones de presunta corrupción si aún tenían visa.

Uno de ellos fue Adán Augusto López, de Morena, quien ha estado bajo la lupa de la prensa luego de que la persona que él puso a cargo de la seguridad del estado de Tabasco cuando fue gobernador fue arrestado acusado de haber encabezado el cartel local llamado ‘La Barredora’.

López dijo que sí tiene visa aún.

El exfuncionario del gobierno de López, Hernán Bermúdez Requena, fue recientemente capturado en Paraguay y trasladado a México para enfrentar la justicia.

López, quien dejó el gobierno de Tabasco para encabezar la Secretaría de Gobernador en la administración de Andrés Manuel López Obrador, antecesor de Sheinbaum, ha dicho que él nunca supo que su entonces secretario encabezaba un grupo criminal mientras controlaba la seguridad del estado.

Otro de los senadores cuestionados fue Carlos Lomelí, también de Morena, quien aseguró tener visa pese a las múltiples acusaciones de presunta corrupción que enfrenta luego de que la prensa mexicana reveló que estuvo investigado por el gobierno federal.

Sheinbaum dice que información sobre las visas es “personal”

La presidenta, en tanto, aseguró en su conferencia que el asunto de las visas supuestamente revocadas es un asunto “personal”.

“El gobierno de los Estados Unidos ha sido muy claro en esto, de que es una información personal”, dijo a la prensa tras ser cuestionada sobre el reporte de Reuters.

Sheinbaum dijo que quien puede confirmar si tiene o no visa es la misma “persona” afectada por una medida de revocación.

“Quien lo sabe es la persona que en todo caso le pudieron haber retirado la visa. Pero no es una información que ellos compartan con el Gobierno de México, dado que es una información personal”, dijo.

El gobierno de Estados Unidos, aseguró, sólo compartiría esa información si “hubiera una investigación que ya tuviera que ver con seguridad pública”.

“Entonces se podría conocer”, dijo. “Pero son informaciones de manera individual que hace, en este caso, el gobierno de los Estados Unidos, sea a través de la Embajada o de los Consulados”.

La presunta “lista” de Marco Rubio sobre narcopolíticos

Las revelaciones de Reuters se suman a un reporte difundido por el medio sin fines de lucro ProPublica, que reportó en mayo, tras las cancelaciones de las visas de Ávila y Torres, que vendrían más revocaciones de visa de políticos y funcionarios.

Citando fuentes del gobierno estadounidense, ProPublica dijo que las revocaciones de las visas de la gobernadora y su esposo coincidían con supuesto un plan de la administración de Donald Trump para actuar contra funcionarios y políticos que han estado en la mira del gobierno.

Las revelaciones de Propublica iban en línea con declaraciones previas de Trump, quien en febrero dijo al medio de comunicación birtánico The Spectator que él sí recomendaría a la fiscal general, Pam Bondi, abrir investigaciones contra políticos y funcionarios mexicanos vinculados al tráfico de fentanilo y otras drogas ilegales.

De acuerdo con ProPublica, un grupo de trabajo en la Casa Blanca había estado elaborando una “lista” de funcionarios y políticos mexicanos que, según información de agencias gubernamentales estadounidenses, podrían estar ligados al trasiego de drogas.

El medio añadió, citando fuentes anónimas dentro del gobierno de Trump, que algunos de los funcionarios y políticos pertenecen al partido oficialista, Morena.

La revisión de los supuestos funcionarios y políticos presuntamente ligados al narcotráfico inició a petición del grupo de trabajo de la Casa Blanca que está encabezado por el subjefe de gabinete, Stephen Miller, y el asesor adjunto de seguridad nacional, Anthony Salisbury, reportó ProPublica.

Ambos han estado trabajando en la elaboración de la lista de individuos que perderían sus visas con información que pidieron a agencias de seguridad y de inteligencia del gobierno estadounidense.

Además de la cancelación de sus visas, el Departamento del Tesoro podría imponer sanciones a algunos de los mencionados en la lista y congelar sus cuentas y otros activos que posean en Estados Unidos.

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