Las democracias deben responder a la deriva autoritaria de Nicaragua

Con la farsa electoral programada para el próximo fin de semana, en Nicaragua se consolidará la deriva caudillista que ha hecho retroceder al país al somocismo. Solo que peor. El binomio Daniel Ortega-Rosario Murillo pretende perpetuarse en el poder para ejercerlo de manera absoluta, sin tener que enfrentar oposición real ni críticas sustantivas. Y no están solos. Forman parte de una tendencia dictatorial que tiene su raíz en la dictadura más antigua de la historia americana contemporánea, Cuba – la madre de todas las tiranías latinoamericanas - se ha asentado en Venezuela y amenaza con propagarse a otros países de la infortunada región.

A diferencia de las frágiles y tambaleantes democracias americanas, estas dictaduras actúan en consonancia, unidas en el desprecio a la libertad y la fe en el despotismo. Se copian unas a otras el discurso excluyente, las medidas arbitrarias y los métodos represivos. Alientan la desestabilización de democracias vecinas. Y se apoyan para soslayar las benignas sanciones que les imponen organismos internacionales que, con dudosos resultados, intentan reencauzar la democracia en el hemisferio.

Quien convoca a elecciones generales en Nicaragua el domingo es un régimen de facto que no disimula su brutalidad. Mantiene por lo menos 157 presos políticos, según cálculos parciales de Human Rights Watch. Entre ellos se hallan 37 políticos opositores, activistas humanitarios y periodistas arrestados en meses recientes. Seis eran precandidatos presidenciales con posibilidades de disputarle el poder en las urnas al binomio tiránico. Algunos fueron antiguos compañeros de armas de Ortega en la lucha contra el régimen somocista. También ha obligado a exiliarse a destacadas figuras de la vida pública nicaragüense, como el escritor Sergio Ramírez, Premio Cervantes de Literatura y los periodistas Carlos Fernando Chamorro y Wilfredo Miranda Aburto.

Además de haber creado un asfixiante clima represivo, el régimen de Ortega y Murillo ha anulado la separación de poderes del Estado, coartado la libertad de expresión y publicación y asaltado de forma violenta entidades independientes, desde medios de comunicación y prensa hasta negocios privados. Para darle un barniz de legalidad a la farsa del domingo, ha alentado la participación de “partidos” políticos que le hacen el juego, pero carecen de raigambre popular y posibilidades reales de competir o servirle de contrapeso al poder absoluto de la pareja arbitraria.

Pero sin duda el rasgo más distintivo de la tiranía orteguista es su disposición a sacrificar vidas inocentes. Comparte esa característica atroz con las dictaduras de Venezuela y Cuba. Durante las protestas cívicas de 2018, en pocos días murieron 328 nicaragüenses, muchos de ellos asesinados a sangre fría por policías y paramilitares del régimen. Fue un crimen de estado que ni siquiera la dinastía de los Somoza se atrevió a perpetrar al mismo nivel, con la misma saña. Y permanece impune. Las víctimas nunca han recibido justicia. De hecho, el deseo de mantener ese crimen sin castigo es uno de los mayores acicates que tiene el binomio tiránico para tratar de eternizarse en el poder.

La comunidad de naciones democráticas ha dado preocupantes muestras de su impotencia ante el repunte dictatorial en Latinoamérica. Algunas, como Estados Unidos, son víctimas de sus contradicciones internas y de su propio coqueteo con la autocracia. Y sin embargo de las democracias depende el que se pueda frenar la deriva autoritaria en nuestra región. La farsa electoral en Nicaragua ofrece una nueva oportunidad de que lo hagan.

Estados Unidos, las democracias de Latinoamérica y la Unión Europea deberían rechazar sin ambages la farsa que el domingo se escenificará en Nicaragua. Para ello pueden apoyarse en el juicio de organismos internacionales. El régimen de Ortega y Murillo nunca respondió al reclamo que el año pasado le hiciera la Asamblea General de Naciones Unidas de una reforma electoral que garantizara elecciones transparentes y libres. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acaba de emitir el informe “Concentración de poder y debilitamiento del estado de derecho en Nicaragua”, en el que expone por qué en el país centroamericano “no están dadas todas las condiciones para hablar de una democracia”.

Ninguna democracia que se precie debería aceptar los resultados de la farsa electoral nicaragüense. El régimen orteguista se merece el aislamiento de la comunidad de naciones civilizadas. Y merece, además, que se lo lleve a la Corte Penal Internacional para que responda por los crímenes de lesa humanidad que cometió y que dejó impune tras las protestas de hace tres años.

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