“Si hay corrupción arriba, hay abajo”: el caso Cienfuegos revive la desconfianza de los mexicanos de su gobierno

Dos de los comandantes de mayor rango que dirigieron la guerra contra el narcotráfico en México están ahora en prisiones estadounidenses por acusaciones de estar coludidos con dos carteles. Sus arrestos ponen en duda los primeros doce años de una política antinarcóticos que muchos califican de fallida: el país sigue desangrándose mientras los grupos criminales luchan para controlar más territorios.

La reciente detención en California del general Salvador Cienfuegos Zepeda, quien era secretario de la Defensa durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), salpica a una institución a la cual le han confiado recuperar zonas invadidas por la delincuencia organizada y resguardar las aduanas.

La pregunta que muchos mexicanos se hacen es qué tanto el crimen organizado corrompió al Ejército y en qué agencias de seguridad pueden confiar ahora.

“Si hay corrupción arriba, hay abajo”, advierte Fred Álvarez, quien es experto en asuntos de seguridad en México, en una entrevista con Univision Noticias.

“La corrupción no ha terminado. Los mexicanos tenemos una cultura arraigada de hacer las cosas chuecas (indebidas): si te pasas el alto lo más práctico es darle una mordida (soborno) al agente de tránsito o no haces fila para comprar boletos del beisbol”, señala Álvarez.

Es la corrupción gubernamental el problema más grave en México y es causa de los alarmantes niveles de inseguridad y pobreza que padece el país, afirmaba el presidente Andrés Manuel López Obrador al día siguiente de que Cienfuegos fue capturado en el aeropuerto de Los Ángeles.

El mandatario ligó ese caso al del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, acusado de recibir sobornos del Cartel de Sinaloa a cambio de permitirle operar con impunidad en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012). Cienfuegos habría aceptado dinero del Cartel H-2, que opera en Nayarit.

“Esto es una muestra inequívoca de la descomposición del régimen. De cómo se fue desangrando la función pública”, señaló López Obrador, quien catalogó de “muy lamentable” la detención de quien era el máximo general de su país.

“Ojalá esto sirva para comprender que el principal problema de México es la corrupción. Eso fue lo que le dio al traste (afectó) con todo, que la corrupción es la causa principal de la desigualdad económica, la pobreza, la inseguridad, la violencia”, agregó el mandatario.

Los señalados: de policías a presidentes

Son tan comunes en México que ya dejaron de sorprender los arrestos de policías que se volvieron sicarios, alcaldes que estaban en la nómina de traficantes y funcionarios que fueron corrompidos para permitir el trasiego de droga hacia Estados Unidos.

Pero se alcanza un nuevo cenit con los señalamientos contra García Luna y Cienfuegos, porque sobre ellos recaía la responsabilidad de combatir al crimen organizado y proteger a 120 millones de mexicanos. Ambos hicieron todo lo contrario y se enriquecieron por ello, según los fiscales de EEUU.

En el caso de García Luna, dos exjefes policiacos bajo su mando han sido ligados a su caso: Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García. Mientras que distintos medios hablan de que varios militares cercanos a Cienfuegos estarían bajo la lupa de la Administración para el control de Drogas (DEA).

Aunque las Fuerzas Armadas han sido descritas como “incorruptibles”, a lo largo de los años han surgido casos de militares que servía al crimen organizado: desde 1997 una docena de generales han enfrentado acusaciones de tráfico de drogas en su país. El Cartel de Los Zetas, de hecho, se formó con soldados de élite que desertaron para proteger a los jefes del Cartel del Golfo.

Las acusaciones de García Luna y Cienfuegos se originan en una corte federal de Brooklyn. Ellos fueron mencionados en el juicio del narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, exjefe del Cartel de Sinaloa. En ese proceso algunos testigos detallaron cómo desde policías municipales, pasando por fiscales y hasta influyentes gobernadores recibían fajos de dólares para permitirles operar sin contratiempos.

Incluso se afirmó que los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto aceptaron millones de dólares del cartel. Hasta ahora se desconoce si están en la mirilla del Departamento de Justicia.

Peña Nieto salió de la presidencia en 2018, cuantro años después de que se vio involucrado en un escándalo por la compra de una lujosa residencia en Lomas de Chapultepec, una de las zonas residenciales más lujosas de la Ciudad de México. Se la vendió uno de los contratistas más beneficiados en su sexenio.

Quien estuvo en su gabinete, Rosario Robles, está en prisión acusada de desviar más de 5,000 millones de pesos (238 millones de dólares). Y Emilio Lozoya, quien fue director de Petróleos Mexicanos, se encuentra en prisión domiciliaria enfrentando dos procesos penales, uno por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa por el caso Odebrecht, y otro le acusa de lavado de dinero en el caso Agronitrogenados.

Es mucho más larga la lista de exgobernadores acusados de desfalcar las arcas públicas.

Hay más corrupción, revela sondeo

Podría decirse que los mexicanos están acostumbrados a lidiar con actos de corrupción. El sondeo de una organización reveló en septiembre que el 56% de los encuestados respondió que ese problema se ha incrementado en los últimos 12 meses (incluyendo siete de la pandemia) y el 63% dudaba que la situación cambiará en el año siguiente.

Por su parte, una encuesta que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó en mayo concluye que la tasa de prevalencia de corrupción en 2019 fue la más alta en los últimos seis años. Cuando se les preguntó a los mexicanos si creían o habían escuchado que existía corrupción en los trámites de gobierno que realizaron el 62% dijo que sí.

Al ponerle un costo a esos actos indebidos, el INEGI estima que para agilizar pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos con autoridades los mexicanos dieron 12,770 millones de pesos (unos 574 millones de dólares), que es 56% más de lo que pagaron en 2017. En promedio, cada persona desembolsó unos 3,882 pesos (184 dólares) buscando hacerse la vida más fácil.

Sobre las acciones de la policía, el 74% desaprobó su trabajo, el 54% respondió que no está dispuesta a ayudar y solo el 30% dijo que su labor contribuye a “generar sensación de seguridad”. Los estados donde estas agencias tienen los peores niveles de confianza son los más afectados por la guerra entre carteles: Guerrero, Michoacán, Baja California, Jalisco, Guanajuato, Tamaulipas y Quintana Roo.

Álvarez lamenta que los llamados controles de confianza aplicados a las policías, como les dicen a los estudios para despedir a los elementos municipales ligados a la delincuencia, no han resultado efectivos. “Sirven solamente para correr gente buena y dejar gente mala. La mayoría de los policías que cometieron actos criminales han pasado los controles de confianza sin ningún problema”, aseguró.

Este experto, quien es un crítico de López Obrador, considera un acto de “impunidad” el que siga libre Ovidio Guzmán López, uno de los hijos de ‘El Chapo’ Guzmán. En octubre de 2019 lo detuvieron y luego lo dejaron libre para evitar que escalara la violencia en Culiacán.

“No hay ningún detenido por el ‘Culiacanazo’. Hay 45 reos prófugos y no existe todavía una orden de aprehensión contra los hijos de Guzmán Loera. Estamos hablando de un año. Una total impunidad. No pasó nada en Sinaloa”, reclamó quien era funcionario del gobierno mexicano.

Ni el círculo más cercano de López Obrador ha salido librado. Su hermano Pío fue grabado recibiendo en dos ocasiones paquetes que supuestamente contenían dinero. El presidente mexicano afirmó sin presentar pruebas que se trató de “aportaciones de la gente” para campañas electorales de su partido político. Aún no se aclara qué cantidad recibió ni para qué se usó.

“El presidente dice que la corrupción es el principal problema y quizás tenga razón, pero en su gobierno, empezando con su hermano, es evidente que hay acciones de corrupción”, criticó Álvarez.