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"No, no soy pandillero", reclamó un padre salvadoreño al que separaron de sus hijos tras acusarlo

Sin ninguna evidencia que hayan podido mostrar, las autoridades fronterizas separaron a Carlos Arias de sus dos hijos de 11 y 7 años al señalarlo de ser miembro de una pandilla. Grupos de abogados indican que el gobierno sigue aplicando sin reglas claras su política de 'tolerancia cero'.
18 Dic 2018 – 3:50 PM EST

Al salvadoreño Carlos Humberto Arias lo separaron de sus hijos Alison, de 11 años, y Carlos, de 7, a inicios de noviembre. Un chequeo de sus huellas habría revelado a los agentes de Aduana y Control Fronterizo (CBP) sus presuntos nexos con las pandillas de su país. Eso le dijo uno de ellos en McAllen, Texas, donde fue arrestado, aunque hasta ahora no han presentado a sus abogados las evidencias que respalden la acusación. Por esa razón, por ahora, no puede reunirse nuevamente con sus pequeños.

"No, no soy un pandillero", se defendió Arias, según cuenta la abogada Laura Pérez, de la organización sin fines de lucro Texas Civil Rights Project y quien ha acompañado el caso. El padre traía incluso consigo un informe oficial de su país para demostrar que no tenía antecedentes criminales. Les explicó que, por el contrario, era de esos pandilleros de quienes venía huyendo con su familia. No le creyeron: le pidieron que se levantara la camisa para ver sus tatuajes —algo que relacionan con pandillas, como la MS-13—, pero su piel no tenía una gota de tinta.

Igual le dijeron que lo separarían de sus hijos y Alison rompió en llanto. Los oficiales tomaron a Arias y lo llevaron a una corte federal en McAllen, donde se declaró culpable de entrar ilegalmente al país, narra Pérez. El juez lo sentenció a tiempo servido por ser su primer ingreso a Estados Unidos.

Pero cuando volvió, no encontró a sus hijos. Habían sido trasladados a un albergue en San Antonio.


El caso de Carlos Arias fue descubierto por casualidad por abogados y activistas de organizaciones como Texas Civil Rights Project, que comenzaron a visitar a diario las cortes de McAllen luego de que el juez federal Dana Sabraw ordenara al gobierno de Donald Trump reunificar a 2,564 familias separadas forzosamente en la frontera entre mayo y junio de 2018. Muchos pensaron que la política de 'tolerancia cero' había cesado tras esta decisión y por la orden ejecutiva firmada por el propio mandatario el 20 de junio que la dejaba sin efecto. Pero no. Se dieron cuenta de que seguían aplicándola sin reglas claras.

"Hemos encontrado 35 casos de separaciones entre padres e hijos desde entonces", dijo a Univision Noticias Laura Pérez. Explica que 20 de los padres tenían un delito en Estados Unidos: haber conducido bajo la influencia de alguna sustancia —lo que se conoce comúnmente como un DUI— y otros relacionados con drogas, violencia doméstica y delitos menores. En el resto, no había ni antecedentes criminales ni deportaciones previas. Carlos Arias está entre estos últimos, asegura, y por eso pelean su caso.

"Nosotros y los abogados de Carlos hemos preguntado al gobierno cuál es la información que tienen para mantenerlo separado de sus hijos. No nos la están dando. Nosotros tenemos fotos que confirman que no tiene tatuajes en el cuerpo; una carta de su empleador que dice que es un buen trabajador, humilde y honesto; y la mamá de los niños, que está en Estados Unidos, dice que es un buen hombre y papá", cuenta Pérez.

Para reconfirmar la información sobre los antecedentes penales de Arias, la madre, que está en El Salvador, volvió a consultar la información criminal de su hijo: "Salieron personas con nombres similares, pero con fecha de nacimiento distinta", agrega la abogada. Para ella, probablemente entre estas personas CBP pueda estar confundiendo a Carlos Arias. "En mi opinión fue un error. Si se demostrara que el gobierno se equivocó no necesitamos una disculpa, solo queremos la reunificación del padre con sus hijos".

Separaciones discretas

Además de Texas Civil Rights Project, otras organizaciones han encontrado casos similares. A finales de noviembre, la organización Catholic Charities, una red nacional de ayuda a inmigrantes, tenía un registro de 16 nuevas separaciones. Y la web ProPublica también documentó el caso de otro padre salvadoreño detenido en el sur de Texas y que fue separado de su hijo de cuatro años por un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza luego de señalarlo, como en el caso de Arias, de sus relaciones con la MS-13. Tampoco con este padre pudieron presentar pruebas para respaldar la acusación y una vocera de CBP se limitó a decir que era información "confidencial".

Todas las organizaciones han coincidido en que el gobierno de Donald Trump ha reanudado de forma discreta la separación de familias y que, en muchos casos, se han presentado acusaciones menores contra los padres que no pueden ser respaldadas o que tienen argumentos muy vagos.

La oficina de CBP respondió a Univision Noticias en un correo previo que las separaciones se siguen dando "únicamente por el bienestar del niño y no por la política de tolerancia cero".


Esta política fue ordenada por Trump este año y buscó presentar cargos criminales al máximo de inmigrantes, con o sin menores, por entrada ilegal al país. En esos casos, las familias fueron separadas: los adultos fueron enviados a las cortes de justicia y los niños, transferidos a albergues del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS). Todos iniciaban así sus procesos de deportación.

Tras la orden ejecutiva y la decisión de Sabraw, el plazo para las reunificaciones sigue pendiente. A comienzos de septiembre, de las 2,564 familias que el gobierno de Trump separó forzadamente en la frontera con México, todavía más de 300 seguían bajo la custodia de las autoridades federales. No existen datos actualizados hasta hoy y muchos de los niños siguen en custodia del gobierno porque sus padres fueron deportados solos.

Pérez asegura que no dejarán de mediar porque Carlos Arias vuelva a estar con sus hijos. Han enviado cartas y correos a sus contactos en el gobierno, y ahora analizan si notificar al propio juez Sabraw sobre lo que ocurre con esta familia.

En fotos: Autoridades de EEUU lanzan gas lacrimógeno a migrantes en la frontera entre San Diego y Tijuana

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