Presentan la primera demanda contra el gobierno de Biden por su orden ejecutiva para reducir el asilo en la frontera

Una coalición de grupos de defensa de los inmigrantes presentó este miércoles una demanda contra la administración del presidente Joe Biden por la reciente orden ejecutiva para limitar las solicitudes de asilo en la frontera con México.

Los demandantes argumentan que la acción ejecutiva de Biden es una medida similar durante la administración Donald Trump, que fue bloqueada por los tribunales.

"Al promulgar una prohibición de asilo que es legalmente indistinguible de la prohibición de Trump que bloqueamos con éxito, no nos quedó más remedio que presentar esta demanda", dijo Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), uno de los grupos que protegen a los migrantes que presentaron la demanda.

¿Qué dice la orden ejecutiva impuesta por Biden que bloquea el asilo?

La orden que Biden emitió la semana pasada limita la tramitación de asilo una vez que los encuentros con migrantes en los puertos de entrada alcancen los 2,500 al día.

La medida entró en vigor inmediatamente el 5 de junio porque las últimas cifras eran muy superiores, de unos 4,000 al día.

Las restricciones impuestas por Biden estarían en vigor hasta dos semanas después de que el número de encuentros diarios entre puertos de entrada sea igual o inferior a 1,500, según una media de siete días, sin embargo, la última vez que pasó eso fue en julio de 2020, durante la pandemia de COVID-19.

Biden invocó la misma autoridad legal utilizada por la administración Trump para su prohibición de asilo, que proviene de la Sección 212(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Esta disposición permite al presidente limitar la entrada de determinados inmigrantes si su entrada se considera "perjudicial" para el interés nacional.

¿Qué argumentan los defensores de los migrantes ante la orden ejecutiva de Biden?

Los defensores de los migrantes dicen que suspender el asilo a los migrantes que no llegan a un puerto de entrada designado, lo que la administración Biden está tratando de empujar a los migrantes a hacer, viola la ley federal de inmigración existente, entre otras preocupaciones.

“Estas acciones ejecutivas cerrarán cualquier acceso al asilo para la gran mayoría de las personas que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México, sin importar cuán fuertes sean sus razones. La proclamación se hace eco de la anterior prohibición de entrada de asilo de la administración Trump, que los defensores de los derechos de los inmigrantes impugnaron con éxito”, dice un comunicado de la ACLU.

La demanda alega que la medida impuesta por la administración de Biden, que solo otorga el asilo a las personas que pueden conseguir una cita para presentarse en un puerto de entrada o cumplir condiciones muy estrictas, “es totalmente incoherente con la ley de asilo que promulgó el Congreso, que permite a los migrantes solicitar asilo tanto si entran por un puerto de entrada como si no”.

“Además de prohibir el asilo a la mayoría de los inmigrantes, las nuevas normas también crean obstáculos potencialmente insuperables para solicitar otros tipos de protección”, dice el comunicado.

Las críticas a la orden ejecutiva de Biden por sus similitudes a la impuesta por Trump

Biden ha criticado repetidamente las políticas de inmigración de Trump en campaña, y su administración argumenta que su directiva es diferente porque incluye varias exenciones por razones humanitarias.

Por ejemplo, las víctimas del tráfico de personas, los menores no acompañados y aquellos con emergencias médicas graves no estarían sujetos a los nuevos lineamientos.

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, declaró en el programa "This Week" de la cadena ABC antes de que se presentara la demanda que "defendemos la legalidad de lo que hemos hecho". "Mantenemos la propuesta de valor".

Según la directiva de Biden, los migrantes que lleguen a la frontera, pero no expresen temor de regresar a sus países de origen, serán objeto de expulsión inmediata de EEUU, en cuestión de días o incluso horas.

Esos migrantes podrían enfrentarse a penas que podrían incluir la prohibición de volver a entrar en EEUU durante cinco años o incluso el enjuiciamiento penal.

Mientras tanto, los que expresen temor o intención de solicitar asilo serán examinados por un funcionario de asilo estadounidense, pero con un nivel de exigencia superior al actual.

Si superan el examen, podrán acogerse a formas más limitadas de protección humanitaria, como la Convención contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que prohíbe devolver a personas a un país en el que es probable que sufran tortura.

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