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Investigan "espionaje" de la Patrulla Fronteriza a periodistas y abogados de la caravana migrante en Tijuana

Organizaciones de periodistas, la Unión Americana de Libertades Civiles y el gobierno mexicano se sumaron a una lluvia de críticas contra la dependencia federal, alegando que se trata de una “violación escandalosa” de la Primera Enmienda, que garantiza la libertad de expresión.
8 Mar 2019 – 04:34 PM EST
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Tanto la Oficina del Inspector General de Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés), como un comité del Congreso, le están exigiendo a la Patrulla Fronteriza que explique por qué elaboró una lista secreta para interrogar y colocar alertas en los pasaportes de 59 periodistas, activistas y abogados ligados a la caravana migrante que llegó a la ciudad de Tijuana, México, a finales del año pasado.

Estas investigaciones inician en medio de una lluvia de críticas contra la dependencia federal a las cuales se sumó el gobierno mexicano, señalando a través de un comunicado que “desaprueba todo tipo de actos de espionaje ilegal hacia cualquier persona, nacional o extranjera”, y mencionó que solicitará información a la administración Trump “para esclarecer” si tal práctica ilícita ocurrió.


Después de dos incidentes violentos ocurridos en la frontera en noviembre y diciembre pasados, se fue armando en sigilo una base de datos como parte de la 'Operación Línea Segura', creada para monitorear la caravana en la cual llegaron alrededor de 6,000 migrantes centroamericanos, según una investigación del canal NBC7.

Quienes fueron fichados no pudieron entrar a México o fueron sometidos a extensos interrogatorios en las garitas fronteriza, según reportes.

Todas las preguntas estaban relacionadas con lo que ocurría en el campamento que los migrantes instalaron en Tijuana y lo que habían hecho estando ahí.

“Me preguntaron que cuál era mi participación en la caravana migrante, que de dónde sacaba dinero, que cuánto dinero le entregaba a los miembros de la caravana cuando cruzaban", dijo a Univision Noticias el activista Hugo Castro, a quien interrogaron durante más de cinco horas en la garita de Calexico, California, el 20 de diciembre.

Los titulares del Comité de Seguridad Nacional del Congreso pidieron en una carta dirigida al comisionado de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP), Kevin McAleenan, que para el 14 de marzo o antes entregue detalles puntuales sobre todo lo relacionado con dicha operación.

Los legisladores exigen una copia de esa lista secreta, incluyendo cualquier instrucción o guía para los agentes del CBP respecto a lo que debían hacer en los interrogatorios; un reporte sobre la información recopilada sobre ellos, agregando la proveída por gobiernos extranjeros; una explicación de por qué los ficharon; determinar cuántas veces fueron interrogados desde el 19 de enero; y mencionar a quienes les confiscaron o revisaron sus teléfonos celulares.

A decir del presidente del comité, el legislador Bennie G. Thompson, y la vicepresidenta del mismo, Kathleen M. Rice, estas acciones plantean serios cuestionamientos legales y constitucionales.

“La apariencia de que la CBP se está enfocando en periodistas, abogados y activistas, y en particular en aquellos que trabajan en asuntos de inmigración o que informan sobre asuntos de frontera e inmigración, plantea dudas sobre el posible uso indebido de la autoridad de búsqueda en las fronteras de la CBP y requiere supervisión para garantizar la protección de los derechos legales y constitucionales de los estadounidenses", menciona la carta.

Consejos para periodistas en la frontera

La CBP ha dicho a la prensa que los nombres en su base de datos son de personas que estuvieron presentes durante la violencia que estalló en la frontera en noviembre pasado y quería, a través de estas, entender qué inició ese incidente.

La dependencia explicó que “los esfuerzos para recopilar este tipo de información son una práctica estándar de aplicación de la ley”. Además, señaló que colabora con las investigaciones “para garantizar que se siguieran todas las políticas y prácticas apropiadas”.

Por otro lado, negó que tenga en la mirilla a los medios de comunicación. “El CBP no se dirige a los periodistas para su inspección en función de su ocupación o de sus informes”, afirmó.

Organizaciones de periodistas y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) criticaron las acciones de la CBP y hasta crearon recomendaciones sobre qué hacer antes y durante una revisión aduanal.


“Esta es una violación escandalosa de la Primera Enmienda (que garantiza la libertad de expresión). El gobierno no puede usar el pretexto de la frontera para atacar a activistas críticos con sus políticas, abogados que brindan representación legal o periodistas que simplemente hacen su trabajo", dijo Esha Bhandari, abogada de ACLU.

El Comité de Protección de Periodistas (CPJ) no solo exigió respuestas y detener dicha práctica en la frontera, sino que hizo una serie de consejos para reporteros en inspecciones de la CBP.

En esa lista aconseja borrar información en dispositivos “que te pongan a ti o a tus fuentes en riesgo”, como fotos, videos, documentos y mensajes; hacer una copia de seguridad con información sensible; y apagar o desinstalar aplicaciones de redes sociales de las cuales “no te sientes cómodo compartir”.

“Si te detienen en la frontera e inspeccionan tus dispositivos, manten la calma y se respetuoso. No mientas a los agentes fronterizos ni trates de evitar que accedan a los dispositivos”, aconseja el CPJ.

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