Una jueza federal escucha este miércoles los alegatos finales en el caso federal por supuesta violación de la normativa medioambiental contra el centro de detención de inmigrantes en el Parque Nacional de los Everglades de Florida, conocido como Alligator Alcatraz
Lo que debes saber del caso contra 'Alligator Alcatraz' por violación de leyes medioambientales
Los testigos de los demandantes declararon que la instalación viola la Ley Nacional de Política Ambiental, que exige que las agencias federales evalúen los efectos para el ecosistema de proyectos de construcción importantes.
Por:Univision y AP
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La jueza del Tribunal de Distrito de EEUU Kathleen Williams ya ordenó el jueves pasado una pausa de dos semanas en la construcción, antes de determinar si las obras deben terminar hasta la resolución definitiva del proceso.
La orden temporal no incluye ninguna restricción sobre la actividad de las fuerzas del orden o de control migratorio en el centro, que actualmente alberga a cientos de detenidos, en medio de las denuncias de abusos, hacinamiento y falta de salubridad.
La instalación, que se construyó rápidamente hace dos meses en un aeropuerto de entrenamiento con una sola pista y poco uso, está diseñado para albergar eventualmente hasta 3,000 detenidos en estructuras temporales tipo carpa.
La orden de la jueza prohibió temporalmente la instalación de cualquier nueva iluminación de estilo industrial, así como cualquier pavimentación, relleno, excavación, vallado o construcción de edificios, carpas, dormitorios u otras instalaciones residenciales o administrativas adicionales.
Los grupos ecologistas y la tribu Miccosukee quieren que Williams emita una orden preliminar para detener las operaciones y la construcción adicional, que según ellos amenazan los delicados humedales que son el hogar de plantas y animales protegidos, y que revertiría miles de millones de dólares en restauración ambiental.
Los demandantes presentaron testigos el miércoles y jueves que declararon que la instalación viola la Ley Nacional de Política Ambiental, que exige que las agencias federales evalúen los efectos medioambientales de proyectos de construcción importantes.
Los abogados del estado y del gobierno federal han dicho que, aunque el centro de detención albergaría a detenidos federales, la construcción y operación de la instalación está enteramente bajo jurisdicción de la gobernación de Florida, lo que significa que no rige el requisito de evaluación ambiental federal.
La jueza dijo la semana pasada que la instalación de detención era, como mínimo, una asociación conjunta entre el estado y el gobierno federal.
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Los testigos de los grupos ecologistas han declarado que al menos 20 acres de asfalto se han añadido al sitio desde que la División de Manejo de Emergencias de Florida comenzó la construcción. Dijeron que el pavimentado adicional podría provocar un aumento de la escorrentía de agua hacia los humedales adyacentes, esparcir productos químicos nocivos en los Everglades y reducir el hábitat para las panteras de Florida, especie en peligro de extinción.
Amy Castaneda, directora de recursos hídricos de la tribu Miccosukee, declaró el martes que la escorrentía de nutrientes del centro de detención podría fluir hacia las tierras tribales, cambiando el crecimiento de la vegetación. Eso podría provocar la muerte de peces y bloquear el movimiento de humanos y vida silvestre en ciertas áreas.
Marcel Bozas, director del Departamento de Pesca y Vida silvestre Miccosukee, dijo que los miembros de la tribu cazan y pescan por razones de subsistencia y culturales. La actividad humana sostenida puede ahuyentar a los animales de caza, como el venado de cola blanca, así como a especies protegidas como la pantera de Florida, las cigüeñas americanas, los rálidos negros orientales y los murciélagos con bonete.
Alligator Alcatraz enfrenta un segundo desafío legal
En un segundo desafío legal al polémico centro de detención de inmigrantes de los Everglades, un juez federal concedió el fin de semana pasado más tiempo al estado para preparar argumentos contra un intento de que el litigio por derechos civiles se certifique como demanda colectiva.
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El juez de distrito de EEUU Rodolfo Ruiz, en Miami, dijo que solo considerará una moción de los abogados de los detenidos para una orden judicial preliminar durante una audiencia el 18 de agosto. Fijó el 23 de septiembre como fecha límite para que el estado responda a la solicitud de demanda colectiva de los detenidos.
Esta segunda demanda alega que se están violando los derechos constitucionales de los detenidos porque se les prohíbe reunirse con abogados, se les mantiene detenidos sin cargos y un tribunal federal de inmigración ha cancelado las audiencias de fianza.
Las demandas se estaban tratando mientras la administración de DeSantis aparentemente se preparaba para construir un segundo centro de detención de inmigrantes en un centro de entrenamiento de la Guardia Nacional en el norte de Florida. Al menos un contrato ha sido adjudicado para lo que en los registros estatales se denomina 'Centro de Detención del Norte'.
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