ACLU demanda a ICE para que revele detalles de operaciones de arrestos y deportaciones de inmigrantes

Preparándose para eventuales demandas en contra del plan de deportaciones masivas anunciado por el presidente electo Donald Trump desde el primer día que se instale nuevamente en la Casa Blanca, el 20 de enero, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentó una demanda para conocer los detalles del actual plan de deportaciones del gobierno de Joe Biden.

“Esta acción en virtud de la Ley de Libertad de Información (FOIA) busca la liberación oportuna de los registros de la agencia por parte de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)”, explica el recurso legal presentado el lunes ante la Corte de Distrito de Estados Unidos, división oeste del Distrito Central de California.

ACLU explicó que la demanda “busca la divulgación de registros relacionados con el programa de Operaciones Aéreas de ICE (ICE Air) desde el período del 1 de enero de 2023 hasta el presente, incluidos, entre otros, los contratos para operar vuelos de expulsión y el transporte terrestre para vuelos de expulsión, y las políticas y procedimientos internos para organizar, dotar de personal y manejar vuelos, incluidos aquellos con menores no acompañados”.

El objetivo de ACLU es reunir información detallada respecto a cómo se llevan a cabo actualmente las operaciones de detención y expulsión de extranjeros, así como conocer la capacidad de respuesta del gobierno de Biden en este campo.

En las últimas décadas, las operaciones de deportación de ICE, tanto en aviones del gobierno como en vuelos privados, siguen envueltas en el “secreto”, un silencio que “ha enmascarado la responsabilidad por los graves abusos y peligros que implican los vuelos de ICE Air”, argumenta ACLU en la demanda.

Por qué la demanda

Una de las principales razones de ACLU es anticipar el escenario y los recursos de que dispondrá el nuevo gobierno de Trump a partir de enero, y visualizar cómo implementará y con qué recursos dispondrá para poner en marcha un plan masivo de deportaciones, que en el primer año, ha anunciado tanto el presidente electo como el nominado “zar” de la frontera, Tom Homan, incluirá la expulsión de entre 1 y 1.5 millones de extranjeros con antecedentes criminales u órdenes de deportación en ausencia.

El lunes, Homan ratificó que el nuevo gobierno, desde un inicio, pondrá en marcha los planes de Trump, pero reconoció que por ahora no saben de cuanto espacio de detenciones disponen, cuántos recursos humanos tiene el DHS para iniciar un plan masivo de deportaciones y de cuanto presupuesto dispone la agencia federal.

El designado guardián de la frontera y quien durante el primer gobierno de Trump fungió como director interino de ICE, también dijo que confiaba en que el presidente electo buscará los recursos que sean necesarios para desarrollar la estrategia antiinmigrante y reinstalar la cuestionada política migratoria de ‘tolerancia cero’.

ACLU también explicó que las operaciones de deportación aérea de ICE “son un asunto de amplio interés mediático y público”. Y que el plan declarado del presidente electo de arrestar a a extranjeros a gran escala y operar vuelos de deportación las 24 horas del día utilizando ICE Air “ha aumentado aún más el interés del público en el asunto”.

El blanco de las deportaciones

De acuerdo con la escasa información divulgada hasta ahora, el blanco inicial de las deportaciones de Trump son extranjeros con antecedentes criminales y con orden de deportación en ausencia.

El mandatario electo no ha especificado cuáles serán sus prioridades de deportación para conocer qué tipo de delitos o faltas serán consideradas como causa de deportación. En su primer gobierno (20 de enero de 2017 al 20 de enero de 2021), Trump decretó que la presencia indocumentada e por si era un crimen que puede causar la deportación de un extranjero. En 2021 Biden decretó que por el sólo hecho de estar indocumentado, un extranjero no debe ser expulsado del país.

ACLU también dijo que la información solicitada en la demanda a través de la FOIA, “arrojará luz crítica sobre los procesos de deportación de ICE y ayudará a informar al público sobre los riesgos que resultarían si se amplía aún más la capacidad de ICE Air” bajo el nuevo gobierno.

Según datos recabados por ACLU, solo en 2023 los aviones fletados por ICE Air Operations deportaron a más de 140,000 personas. La entidad también dijo que los vuelos fletados por ICE “también se utilizan para transportar personas entre los centros de detención de ICE en todo el país”.

Por su parte, defensores de los derechos de los inmigrantes han expresado continuamente su preocupación por la posibilidad de que la infraestructura de ICE, incluida su red de operaciones aéreas, se amplíe para ayudar a la administración Trump en sus esfuerzos por deportar a más de 11 millones de personas de los Estados Unidos.

“Se sabe poco sobre cómo el presidente electo Trump llevaría a cabo su agenda de deportaciones masivas, pero lo que sí sabemos es que esta propuesta ya ha infundido miedo entre las comunidades inmigrantes”, dijo Eva Bitran, directora de derechos de los inmigrantes en ACLU SoCal. “El público tiene derecho a saber cómo se podrían utilizar los dólares de los contribuyentes para financiar vuelos de deportación que destrozarían no solo a las familias, sino también a nuestras comunidades”, agregó.

A su vez, Sophie Mancall-Bitel, socia de Mayer Brown LLP, quien participa en la demanda, dijo que “es más importante que nunca que entendamos qué recursos federales podrían usarse para expulsar a la fuerza a personas de los Estados Unidos”.

Cómo serán las deportaciones bajo Trump

En agosto, Univision Noticias publicó un reporte sobre el Proyecto 2025, un plan conservador redactado por decenas de exfuncionarios del gobierno de Trump, entre ellos Homan, donde proponen cambiar radicalmente el sistema migratorio autorizado por el Congreso por otro construido a base de acciones ejecutivas que pone en la mira de las deportaciones a la totalidad de indocumentados, y amenaza con procesos para quitar la ciudadanía estadounidense, entre otras severas medidas.

El documento, de unas 900 páginas, propone establecer un nuevo marco de prioridades para el DHS, cuya atención debe enfocarse en la persecución, arresto y deportación de indocumentados y, simultáneamente, restringir la inmigración legal e investigar miles de solicitudes de naturalización de extranjeros en busca de fraude.

Las deportaciones masivas anunciadas por Trump y Homan no solo se limitarían a la ejecución de redadas en casas de extranjeros y centros de trabajo, sino también en lugares sensitivos tales como iglesias, escuelas, hospitales y tribunales de justicia. Y la lista de inadmisibles también incluiría a todo extranjero que cometa un simple error administrativo, como por ejemplo dejar en blanco un espacio en un formulario del servicio de inmigración, señala el Proyecto 2025.

El plan, además, incluye una larga lista de cambios que, para ejecutarlos, necesitará del respaldo del Congreso. Pero si no lo tiene, el documento aconseja que, para poner en marcha los programas sugeridos, el presidente debe utilizar vías “exentas” bajo la Ley de Procedimiento Administrativo (APA), la misma que Trump violó en reiteradas ocasiones y los tribunales de justicia lo acusaron de haber actuado de manera “arbitraria” y “caprichosa” cuando canceló beneficios migratorios como el TPS para países de Centroamérica y la Acción Diferida para los llegados en la Infancia de 2012 (DACA).