Madres inmigrantes que piden asilo: “Si nos mandan de regreso, nos matan”
Inmigrantes centroamericanas que pidieron asilo en la frontera de Texas y fueron enviadas a un centro de detención de ICE en Berks, Pennsylvania, dijeron este jueves a Univision Noticias que “seguimos luchando por nuestra causa, queremos esperar libres la respuesta a nuestros pedidos de asilo”.
El 8 de agosto, 22 de ellas, todas madres de familia detenidas junto a sus hijos menores de edad, iniciaron una huelga de hambre para pedirle al gobierno que les permita estar con familiares mientras las cortes de inmigración resuelven sus casos. El martes sustituyeron la huelga por un ayuno de siete días por miedo a perder la custodia de sus hijos.
“Ya tengo 367 días encerrada y no veo la hora de salir de aquí”, dijo una de ellas. Todas pidieron no revelar sus nombres por miedo a represalias, y porque sus casos están pendientes en los tribunales de inmigración y una corte federal. “Fíjese que tengo dos niñas, una de 14 y otra de 16. Huimos de mi país por la violencia y la delincuencia. Si nos mandan de regreso, nos matan. No podemos regresar”.
Otra de las mujeres, que también habló con Univision Noticias por teléfono, dijo que “voy para nueve meses aquí y tengo un hijo de 4 años. Yo también estoy esperando una respuesta de la corte federal. Viajé huyendo de la violencia y las amenazas. Pero nunca esperé esto. Si me mandan a mi país nos asesinan”.
En noviembre del año pasado la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentó un recurso de Habeas Corpus en favor de una treintena de madres inmigrantes que, tras la entrevista de asilo, recibieron una orden de deportación. La corte federal que ventila el caso no ha resuelto la demanda.
Cansancio y miedo
Una tercera manifestante, de las 18 que quedan del grupo original, dijo que “dos ya están libres, una abandonó la huelga porque está tomando medicamentos y otra se retiró porque se encuentra bajo tratamiento de diálisis”.
“Nos han dicho que si estamos débiles tendrán que pedirle al gobierno que se hagan cargo de nuestros hijos porque nosotras no estamos en condiciones”, dijo una cuarta. “Y que también nos pueden enviar a cárceles en otros estados”.
La advertencia desató el miedo a perder las custodias de sus niños. “Por eso esta semana suspendimos la huelga de hambre y pasamos al ayuno. No queremos que nos quiten la potestad”, agregó.
La Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), que administra el centro Berks, confirmó el término de la huelga de hambre. “A partir del 25 de agosto no hay residentes (inmigrantes) que se consideren en huelga de hambre”, dijo Khaalid H. Walls, vocero de ICE en un correo electrónico.
Consultado en torno a las denuncias de abusos a las inmigrantes por parte de personal de la agencia, Walls dijo que “ICE toma todas las acusaciones de maltrato muy en serio” y que están siendo “revisadas”. En los primeros días de la protesta ICE aseguró que no habrá “represalias” en contra de las inmigrantes.
Las mujeres también le enviaron una carta al Secretario del Departamento de Seguridad Nacional Jeh Johnson para refutar declaraciones suyas en el sentido que los casos no están privados de libertad en promedio 20 días, sino mucho más tiempo, en algunos casos meses. “Yo llevo 367”, reiteró una de ellas.
El Caso Castro
En noviembre del 2015 la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) hizo una petición de Habeas Corpus a nombre de más de dos docenas de familias inmigrantes que huyeron de sus países en Centro América, pidieron asilo en Estados Unidos y sus casos fueron negados. El recurso alegó que las entrevistas hechas por agentes de inmigración fueron superficiales y por ello no otorgaron las protecciones.
La ACLU explica que el proceso de deportaciones iniciado por el gobierno es “defectuoso” y lleva a tomar decisiones que tilda de “incorrectas”. Precisa además que en muchos casos los extranjeros no han tenido la capacidad de desafiar la legalidad de sus expulsiones una vez les niegan los pedidos de protección.
Entre el grupo de familias representadas por ACLU, 21 se encuentran internadas en el centro de detención familiar de ICE en el condado Berks, y varias integran el grupo con el que habló Univision Noticias.
Tres ejemplos
ACLU dijo que entre las afectadas hay una madre salvadoreña y su hija de 2 años que huyeron para escapar de graves abusos físicos a manos de la madre de una expareja del padre de su niña, quien la violó y la amenazó de muerte.
Otra inmigrante y su hijo de 7 años, indica, huyeron de Honduras para escapar de un líder de la banda criminal que amenazó con matar a la mujer y secuestrar al niño si ella continuaba resistiéndose a sus avances sexuales.
Un tercer caso involucra a una madre y su hijo de 7 años, ambos originarios de El Salvador, quienes fueron amenazados de muerte por una pandilla (mara) porque el padre del menor había colaborado con la policía local.
Las tres familias, dijo ACLU, recibieron una orden de deportación luego que les negaran sus casos durante “una breve entrevista”, y alega que “estas madres y niños nunca tuvieron la oportunidad de presentar sus casos ante un juez de inmigración”.
Deportarlos sería “devolverlos a la persecución que originó sus huidas y la búsqueda de asilo”, dijo el grupo de derechos civiles.
Postura oficial
El gobierno ha dicho que estas familias no pueden impugnar sus expulsión (órdenes de deportación) en los tribunales de justicia. Sin embargo ACLU advierte que esta postura “pone de cabeza siglos de legalidad que reconoce que todos los individuos en suelo estadounidense pueden cuestionar la validez de sus órdenes de deportación”.
ACLU insiste en que otorgarle al gobierno autoridad sin restricciones es ignorar la meta del Congreso de asegurar que, de buena fe, los solicitantes de asilo tengan una audiencia completa sobre sus solicitudes de asilo. Y que en última instancia reciban la protección que demandan.
“Si no hay revisión judicial de casos como éstos, el gobierno podría deportar a cientos de familias que tienen derecho a recibir asilo por abusos, violación y la muerte en sus países de origen que los obligó a huir para salvar sus vidas”, señala.
La Ley William Wilberforce de Reautorización para la Protección de Víctimas del Tráfico de Personas (TVPRA), aprobada por el Congreso en 2008, no permite que menores migrantes solos sean deportados de inmediato como ocurre con los mexicanos cuando son detenidos por la Patrulla Fronteriza. Deben ser entregados al Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS) para ser procesados y que un juez de inmigración decida si pueden permanecer o no en Estados Unidos.
En el caso de las detenidas en Berks, los menores venían acompañados de sus madres.
El debido proceso
En cuanto a las prolongadas detenciones de inmigrantes que llegan a la frontera en busca de asilo y son detenidos hasta que sus casos sean resueltos, la principal causa está en los atrasos en las cortes de inmigración. Los tribunales acumulan casi 500,000 casos y solo hay 273 jueces.
“El problema es que la ley no otorga el derecho de salir cuando la persona está detenida y está pendiente una solicitud, ya sea de asilo o cualquier otro remedio”, dijo a Univision Noticias Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California en San Diego. “Legalmente no se está violando la ley porque no dice la ley que la persona deba estar detenida un máximo de días. Por esa razón no se esta violando la ley, directamente”, agregó.
“Ahora, fuera de la ley”, añadió Velásquez, “viene siendo el trato humano que requiere cualquier persona que necesita el asilo. Creo que es ahí donde está el problema. ¿Cómo se justifica la violación continua de estas personas que solicitan la protección de Estados Unidos?”.
Consultada respecto a por qué no todas las inmigrantes centroamericanas que han llegado al país en busca de asilo han sido detenidas, y la mayoría se encuentra libre en espera que las cortes de inmigración resuelvan sus casos, Velásquez dijo que se trata de “una pregunta difícil de contestar, ya que no sabemos por qué unos sí y otros no están presos”.
“No creo que haya diferencias sobre los hechos por los cuales unos piden asilo político y otros no. No podemos decir que éstas tienen un buen caso y estas otras no. Fue la mala suerte de estas personas cuando otras, en situación similar, fueron puestas en libertad y están esperando la respuesta a sus pedidos de asilo”, apuntó Velásquez.
Este sábado, en las afueras del centro Berks, organizaciones y activistas de Pennsylvania llevarán a cabo una protesta en apoyo al grupo.
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