Madres inmigrantes detenidas en cárcel de ICE aseguran que no abandonarán huelga de hambre hasta que sean liberadas
Un grupo de 22 madres inmigrantes centroamericanas que llegaron en busca de asilo, fueron arrestadas en la frontera con México y trasladadas a un centro de detención en Berks, Pensilvania, iniciaron el lunes una huelga de hambre indefinida para pedirle al gobierno que las libere mientras los tribunales resuelven sus permanencias en Estados Unidos.
Las detenidas, cuyos nombres mantienen en reserva por temor a represalias, distribuyeron una carta pública que enviaron al Secretario de Seguridad Nacional Jeh Johnson para explicar las razones de la huelga y sus exigencias.
“Nuestros casos están abiertos, por eso no nos identificamos”, dijo por teléfono a Univision Noticias una de las huelguistas. “Nos amenazan y tememos represalias”, agregó.
La oficina de la abogada Bridget Cambria, que representa al grupo, dijo que los temores son ciertos. “Pueden alterar el resultado de los casos de asilo de nuestras clientas”.
No se rinden
Otra de las huelguistas aseguró que lleva detenida un año en el centro familiar de Berks. “365 días aquí. Mi hijo cumplió años también aquí. Nos amenazan diciendo que nos los van a quitar, que nos enviarán a una cárcel de adultos si no deponemos la huelga. No lo haremos. Pedimos que nos liberen mientras resuelven nuestros casos de asilo. ¿Por qué otras madres están libres y nosotras no?”, preguntó. “Nadie nos da una respuesta”.
La inmigrante indocumentada también dijo que no son ciertas las declaraciones dadas la semana pasada por el secretario Johnson, en cuando a que ninguna madre inmigrante que pide asilo pasa más de 20 días detenida en una cárcel de ICE. “No es verdad. Yo llevo un año esperando, y otras madres llevan muchos meses, como yo, encerradas. Por eso iniciamos la huelga, para exigir justicia”.
El 3 de agosto Johnson dijo a periodistas que la media de estadía era de “20 días” y que el gobierno estaba “cumpliendo ese plazo”.
“No vamos a aceptar las amenazas. Quien quiera tocar a nuestros hijos le decimos que lucharemos hasta el final. No estamos dispuestas a separarnos de ellos Si no lo hicimos allá, en nuestro país, no lo haremos aquí donde vinimos a pedir asilo. Queremos que Johnson nos de la cara y responda a nuestra carta. Y que nos diga por qué estamos presas si no somos criminales, no somos delincuentes”, añadió la inmigrante.
El centro familiar de Berks es uno de los tres puntos habilitados por el gobierno de Obama en 2014 tras la crisis desatada a mediados de ese año, cuando la Patrulla Fronteriza había detenido a mas de 46,000 niños inmigrantes indocumentados no acompañados que buscaban asilo.
Un número similar de unidades familiares también habían sido arrestadas, principalmente madres con menores de edad originarios del denominado Triángulo Norte, integrado por Guatemala, Honduras y El Salvador.
La violencia y la pobreza son las principales causas que provocaron la oleada migratoria en 2014, un fenómeno que no se ha detenido a pesar de los esfuerzos de la Administración Obama por contenerla.
La carta
La carta firmada por las 22 mujeres, fechada el 10 de agosto, explica al Secretario Johnson las razones del movimiento.
“Tenemos desde 270 días hasta 365 días de detención con niños de edades desde los 2 años hasta 16 años privándolos de tener una vida normal, sabiendo que tenemos traumas anteriores en nuestros países, arriesgando nuestra vida propia y la de nuestros hijos por toda la trayectoria del camino hasta llegar aquí, teniendo familiares y amigos que se hacen responsables de nosotros y que nos esperan con los brazos abiertos, y que inmigración se niega a dejarnos salir”, escribieron.
Las 22 mujeres señalan que la huelga seguirá “hasta obtener nuestra libertad”, y sostienen que “nosotras dejamos nuestros países de origen huyendo de la violencia, amenazas y corrupción que ni siquiera el propio gobierno de cada país de Centroamérica puede controlar”.
Durante el año fiscal 2014 la Patrulla Fronteriza detuvo en la frontera con México 68,445 unidades familiares (niños indocumentados acompañados por un adulto también indocumentado). En el 2015 la cifra alcanzó los 39,838 y en los primeros nueve meses de 2016 (octubre de 2015 a junio de 2016) los arrestos sumaron 51,152.
La mayoría de los detenidos fueron liberados con una orden para presentarse ante una corte de inmigración para que un juez decida si permanecen o no en Estados Unidos. Menos del 5% de los arrestados fueron enviados a centros de detención de ICE, uno de ellos en el condado de Berks, Pensilvania.
“Nadie sabe qué método utilizó el gobierno para decidir quién era puesto en libertad y quién era enviado a un centro de detención de ICE”, dijo a Univision Noticias Erika Almirón, directora ejecutiva de JUNTOS, una organización de Pensilvania que batalla para el cierre del centro de detención de Berks.
“No hay razón para que los detengan. Llevamos dos años peleando para que los saquen de ahí, pero el gobierno utiliza todo tipo de artimañas para mantenerlos encerados. Esto es totalmente arbitrario”, precisó.
Intentos de suicidio
En la carta las mujeres también denuncian que “en muchas ocasiones nuestros hijos han pensado suicidarse debido al encierro y desesperación que provoca el estar aquí”.
La oficina de Cambria dijo que las condiciones en las que permanecen sus clientes “no son adecuadas” y urgió al gobierno responder a las exigencias señaladas en la carta.
“Los adolescentes dicen que al estar aquí la vida no tiene sentido que quisieran quebrar la ventana para poder saltar y terminar toda esta pesadilla, y en muchas ocasiones nos preguntan si tenemos el valor para escaparnos”, se lee en el documento.
Algunos de los pequeños encerrados junto a sus madres tienen apenas dos años de edad.
“Estamos desesperadas y hemos decidido que saldremos vivas o saldremos muertas”, advierten las mujeres inmigrantes. “Si es necesario sacrificar nuestras vidas para que nuestros hijos tengan libertad lo vamos a hacer”.
Fallo judicial adverso
En junio la corte federal de apelaciones del 9º circuito le propinó a la política de detenciones de ICE y duro golpe al ordenarle al DHS que libere a los menores migrantes centroamericanos detenidos en sus cárceles.
El dictamen, sin embargo, no incluyó a los padres de los menores quienes también están privados de libertad por tratar de entrar indocumentados en Estados Unidos huyendo de sus países de origen en busca de asilo.
La corte dictaminó que las detenciones prolongadas de los niños inmigrantes viola el acuerdo judicial 'Flores versus Meeze' de hace casi dos décadas, que prohíbe el encierro de menores de edad en centros de detención.
El 24 de julio y el 21 de agosto del 2015 la jueza Dolly Gee, que preside la Corte del Distrito Centro de California, ordenó al DHS poner en libertad a niños y mujeres detenidos en centros familiares habilitados en 2014, tras la crisis migratoria en la frontera.
El gobierno apeló la decisión argumentando que la liberación de los menores enviaría un mensaje equivocado a Centroamérica, e incentivaría a que otros miles lleguen a sus fronteras en busca de asilo.
Para la abogada Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California en San Diego, el fallo del 9º circuito "es un tanto complicado porque separa a las familias de migrantes que llegaron a Estados Unidos en busca de asilo". Agregó que "no creo que desde el punto de vista humano sea procedente. Me pregunto qué padre de familia aceptará permitir que sea separado de su hijo y no conozca su futuro. Incluso podría ocurrir que los menores liberados sean enviados a centros temporales de adopción".
Campaña en curso
La organización JUNTOS mantiene vigente una campaña que demanda el cierre del centro familiar e ICE en Berks. “Es una prisión para familias inmigrantes, en la cual niños a partir de dos semanas de edad han sido encarcelados”, se lee en la página de internet del grupo.
Agrega que “el Departamento de servicios humanos de Filadelfia es responsable por erróneamente licenciar la operación del centro de detención, a pesar de su misión de “proporcionar y promover la seguridad y permanencia para los niños y jóvenes a riesgo de abuso, abandono y delincuencia”.
JUNTOS agrega que el encarcelamiento de familias, en pocas palabras, “es inmoral”, y advierte que las familias “ya sufrieron gran trauma luchando para llegar a Estados Unidos sólo por ser recibidos con más abuso por nuestro gobierno”.
Una ley aprobada por el Congreso en 2008, titulada Ley William Wilberforce de Reautorización para la Protección de Víctimas del Tráfico de Personas (TVPRA, por su sigla en inglés), no permite que menores inmigrantes que viajen solos sean deportados de inmediato como ocurre con los mexicanos cuando son detenidos por la Patrulla Fronteriza. Deben ser entregados al Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS) para ser procesados y que un juez de inmigración decida sus futuros en Estados Unidos.
Para la profesora e investigadora Elizabeth Kennedy en la frontera entre Estados Unidos y México “nunca” existió una crisis, sino que la crisis se desarrolló y persiste en Centroamérica, “en los países de donde proviene la oleada”.
En 2013 Kennedy anticipó la oleada de niños migrantes solos desde Centroamérica y México hacia Estados Unidos. Las advertencias, sin embargo, no fueron atendidas. Agrega que las causas que generaron el flujo han “empeorado”, y que el problema se ha convertido en una “crisis humanitaria” sin precedentes.
La respuesta de ICE
La Oficina de Inmigración y Aduanas dijo a Univision Noticias a través de un correo electrónico que "se toma muy en serio la salud, la seguridad y el bienestar de las personas bajo nuestra atención" y que estaba siguiendo de cerca lo que estaba ocurriendo en el centro familiar de inmigrantes del condado de Berks.
"El Centro Residencial Condado de Berks está dotado con servicios atención de salud mental y física con los que son tratados los residentes, y que son monitoreados", agregó.
La agencia también dijo que utiliza proveedores de salud mental privados externos según sea necesario, y aseguró que los residentes en Berks "tienen acceso a comidas que se sirven tres veces al día en la cafetería, acceso a bocadillos y otros alimentos".
Los inmigrantes con los que habló Univision Noticias no reportaron quejas por las atenciones especificadas por ICE.
La dependencia federal también dijo que monitorea de cerca a los huelgistas, agregó que no responderá sobre casos específicos, que respeta los derechos de todas las personas y que no habrá represalias.
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