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Inmigración Infantil

Comisión religiosa cuestiona plan de deportaciones aceleradas de niños inmigrantes que piden asilo

La detención de niños migrantes centroamericanos no acompañados que piden asilo vuelve a colocar la política migratoria de Obama en el banquillo de los acusados.
29 Jul 2016 – 7:52 PM EDT

La Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional adelantó el viernes detalles de un crítico informe que fustiga la política migratoria del presidente Barack Obama, y denuncia que los menores no acompañados detenidos en la frontera y que buscan asilo están expuestos a deportaciones aceleradas.

En reporte, que será publicado el primer martes de agosto, asegura que los problemas para los menores migrantes no acompañados y con familiares “empiezan en el momento en que ingresan a Estados Unidos” y son procesados por las autoridades.

Titulado "Obstáculos a la protección: tratamiento de los solicitantes de asilo en el proceso de expulsión rápida" (Barriers to Protection: The Treatment of Asylum Seekers in Expedited Removal), el reporte denuncia la existencia de “graves problemas” en el trato que el gobierno de Obama está dando a los solicitantes de asilo.


Crisis en la frontera

“Personas de todo el mundo están siendo desplazadas en forma forzosa a causa de conflictos o persecución, o migran en busca de mejores oportunidades económicas”, dijo la Comisión. “En el año fiscal 2014 unos 52,000 niños indocumentados y no acompañados, y 68,000 unidades familiares procedentes de Centroamérica cruzaron hacia Estados Unidos desde México”, agrega.

Estos grandes flujos mixtos de personas “requieren que las naciones tengan leyes y procesos de inmigración creíbles y eficaces para identificar y proteger a los refugiados y solicitantes de asilo de buena fe”, pero en Estados Unidos quienes buscan protección se enfrentan a un sistema de deportaciones aceleradas.

“En virtud del proceso de deportaciones aceleradas, los migrantes que llegan a la frontera sin la documentación apropiada o con documentación fraudulenta pueden ser devueltos a su país de origen sin demora y sin audiencias de expulsión”, denuncia. Las deportaciones se detienen sólo en el caso que se establezcan “temores creíbles de persecución o tortura”.

La oleada

Desde el año fiscal 2014 el gobierno de Obama afronta una oleada sin precedente de niños indocumentados no acompañados y de grupos familiares originarios del Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras) y México, quienes huyen de sus países a causa de la violencia y la pobreza.

Unos 150,000 arrestos se han registrado desde 2014 en un tramo de la frontera entre Texas y con México.

La mayoría de los centroamericanos detenidos han sido citados a las cortes de inmigración para que un juez decida sus futuros en el país.

Una ley de 2008 para prevenir el tráfico humano no ampara a los mexicanos, quienes son deportados de inmediato con excepción de algunos que tienen una causa de asilo.


Deportaciones aceleradas

La Comisión dice que las deportaciones aceleradas son un proceso administrativo complicado ejecutado por varias agencias bajo el mando del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), entre ellas la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

“Por lo que respecta a los solicitantes de asilo también intervienen el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) y la Oficina Ejecutiva para la Revisión Migratoria (EOIR) del Departamento de Justicia (DOJ)”, añade.

Detalla que en el proceso la CBP establece el primer contacto con los migrantes cuando estos solicitan admisión en Estados Unidos en los puertos de entrada o después de que cruzan la frontera. “Identifica a aquellos que son objeto de deportación inmediata y, en ese grupo, aquellos que solicitan asilo”.

Durante este proceso inicial los funcionarios de la CBP “explican a los detenidos el proceso de deportación acelerada y sus consecuencias y recomiendan a los inmigrantes que pidan protección sin demora si tienen temor o preocupación de ser devueltos a su país”.

Nuevos interrogatorios

Finalizada esta etapa la CBP entrega a los inmigrantes de deportación inmediata a ICE para su detención y expulsión de Estados Unidos. “Las personas que alegaron temor de regresar a su país son sometidos a otro interrogatorio por parte de funcionarios de asilo de USCIS, quienes determinarán si existe temor creíble”.

De haberlo, se abre “una posibilidad significativa” de establecer elegibilidad para recibir protección”, anota.

“Si el servicio de inmigración determina que existe un temor creíble de persecución o tortura, un agente colocará al inmigrante en un procedimiento de deportación ante un juez de inmigración donde podrá pedir asilo u otra exención, o protección de expulsión para que ICE lo libere mientras el procedimiento siga pendiente”, explica el reporte.

“Si el USCIS no determina que existe un temor creíble, el inmigrante podrá solicitar la revisión de su caso por parte de un juez de inmigración, pero si vuelve a negarse la existencia de temor creíble, la persona será expulsada sin demora”, advierte.


Falta de coordinación

La Comisión concluye que a tres años de estallar la crisis en la frontera “sigue existiendo la necesidad de nombramiento de un alto funcionario del DHS que coordine los asuntos relacionados con los refugiados y el asilo entre las distintas agencias que intervienen en el programa de deportaciones aceleradas,

También pide revisar los protocolos establecidos para definir con claridad la responsabilidad del CBP y de la USCIS, y con ello poner fin al clima de “hostilidad” de algunos funcionarios de la CBP “hacia las solicitudes de asilo”.

“El uso de tecnología por parte del CBP y la USCIS para procesar y entrevistar a una cantidad mayor de personas que cruzan la frontera ha mejorado la eficiencia, pero el carácter impersonal de las entrevistas plantea inquietudes en el sentido de que esto puede ser a costa de la identificación y protección de los solicitantes de asilo”, advierte.

La comisión también criticó la detención de los solicitantes de asilo por parte de ICE “en condiciones penales inapropiadas” y el alto costo de las fianzas para que los migrantes esperen en libertad la resolución de sus pedidos de asilo.

Debido proceso

El informe pone en tela de juicio el respeto al debido proceso de los niños migrantes centroamericanos y sus familias. Denunció un alto número de casos acumulados en las cortes de inmigración y que algunas evaluaciones de solicitudes de asilo pueden “violar las obligaciones internacionales de Estados Unidos”.

Advierte que la detención de madres y menores indocumentados que piden asilo y que expresaron temor de regresar “es inherentemente problemático”, y cita que varios tribunales han determinado que los encarcelamientos violan los propios estándares del gobierno para la detención de menores de edad estipulados en el acuerdo Flores vs. Meese de 1997.

En abril del año pasado una corte de California dijo que el gobierno de Obama viola la ley al mantener detenidos a niños y madres inmigrantes que piden asilo, y ordenó ponerlos en libertad. Una corte de apelaciones de Washington ratificó el fallo pero el gobierno apeló en otro distrito judicial para demorar el cumplimiento de la orden con el argumento de que si lo hace se activará una ola migratoria similar a la del 2014.


Más quejas

La Comisión también mostró preocupación por la deportación acelerada de adultos que no alegan temor creíble y que lo les informan adecuadamente de sus derechos.

Exigió al gobierno que designe un alto funcionario con autoridad y recursos “para que lleve adelante las reformas necesarias que garanticen la protección de los solicitantes de asilo” y ponga fin a las deportaciones aceleradas.

También pide auditorías permanentes y al CBO grabar todas las entrevistas de procesamiento de deportación acelerada, al tiempo que demanda una nueva capacitación de funcionarios involucrados en los procesos de asilo y deportaciones.

Simultáneamente, recomienda que se proteja a las personas que teman regresar a sus países de origen, que tengan derecho a entrevistas privadas y los méritos de sus pedidos de asilo se revisen en su totalidad y que presente alternativas a la detención, tales como la liberación supervisada para los solicitantes de asilo más allá de las oportunidades de fianza y libertad condicional.

Por último, pide capacitación para los jueces de inmigración, y al Congreso que autorice y financie un estudio exhaustivo e independiente acerca del trato que el gobierno da a los solicitantes y las etapas del programa de deportaciones aceleradas.

La comisión se estableció en 1998 para supervisar la libertad religiosa y advertir al presidente, al secretario de estado y al Congreso de la mejor forma de actuar para promoverla.

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