"¿Por qué no te vas a vivir con tus padres?": pregunta un juez en Houston al ordenar el desalojo de una niñera

En marzo, Madeline Lofland perdió su trabajo como niñera como consecuencia de la crisis que ha generado la pandemia de coronavirus. A pesar de eso, pagó con sus ahorros y durante siete meses más la renta de su apartamento de una habitación en el condado Harris, el más poblado de Houston.

Cuando los ahorros mermaron, ella le entregó a su arrendador la planilla con la orden de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) que —pensó— la protegería de un desalojo.

"Todo en esa orden de los CDC aplicaba en mi caso. Yo he tratado de hacer pagos parciales. Pagué mi alquiler durante siete meses después de que me quedé sin trabajo", dijo Lofland a la Radio Pública de Houston.

Pero a su arrendador no le importó el papel: introdujo una demanda de desalojo para sacarla de la vivienda, como ha pasado con 24,335 casos de houstonianos que se han sumado, a pesar de la moratoria declarada por los CDC, según registros de la organización Eviction Lab, que ha generado un conteo en más de una veintena de ciudades en Texas, Massachussets, Connecticut, Carolina del Sur, Florida, Arizona, Pennsylvania, Nueva York, Minnesota, Indiana y Ohio.

Lofland cuenta que cuando recibió la primera orden del juez casi deja su casa "porque no sabía qué hacer". Fue entonces que contactó a una de las cinco organizaciones que están representando a los inquilinos en estos casos como parte de la Coalición de Defensa en Desalojos del condado Harris.

"Esta situación me sobrepasaba, era más de lo que yo había vivido alguna vez", cuenta la joven de 23 años a la radio.

Así, respaldada por un abogado, se presentó en corte frente al juez del condado Jeff Williams. La audiencia comenzó con él haciéndole preguntas sobre la moratoria de los CDC e indagando en cosas como: "¿En verdad no tienes a dónde ir? ¿Por qué no te vas a vivir con tus padres? ¿Cuántas habitaciones tiene la casa de tus padres?".

Lofland cuenta que rompió en llanto: "Me sentía como, 'ok, viviré en mi carro entonces'". Tras esas preguntas el juez decidió: "Parecía que al juez no le importaba nada de lo que yo o mi abogado teníamos que decir", explica. Minutos antes su abogado había explicado al magistrado que ella no tenía a dónde ir y el juez, en respuesta, amenazó con reprimirlo por desacato.

Según reporteros de la Radio Pública que han asistido a otras audiencias del juez Williams, la amenaza anterior se ha repetido en otras ocasiones. En una audiencia que había sido telefónica, tras la orden de desalojo, la mujer afectada le preguntó si no había una moratoria desde los CDC. Como respuesta, el magistrado desconectó la llamada. En una ocasión más, aseguran que el juez dijo que la orden era inconstitucional.

En el caso de Lofland, la decisión fue el desalojo, pero ella apeló el caso y espera por la opinión de otro juez.

Cuando los CDC emitieron la orden de moratoria a desalojos lo hicieron para evitar que las personas afectadas —que se cuentan por millones— quedaran sin casas y tuvieran que irse a la calle o a albergues temporales donde la propagación de la enfermedad puede ser más rápida. La última extensión protege a todos los estadounidenses de ser desalojados hasta el 31 de marzo. A pesar de esta medida, decenas de cientos de arrendadores en todo el país siguen obligando a sus inquilinos a abandonar las propiedades en caso de no recibir el pago del alquiler.

Los inquilinos que esperaban ser elegibles para esta protección podían acceder a esta ayuda de varias formas: demostrar tener un ingreso de 198,000 dólares anuales o menos para parejas que presentaran una solicitud en conjunto, así como para solteros que comprobaran ingresos de 99,000 dólares. También para aquellos que habían buscado ayuda del gobierno para poder pagar el alquiler o que pudieran comprobar que se quedarían sin hogar en caso de ser desalojados.