Gobierno de Trump desafía ley histórica y asegura que puede quedarse con sus registros presidenciales

El Departamento de Justicia de Estados Unidos concluyó que el presidente Donald Trump no está obligado a entregar sus registros presidenciales a los Archivos Nacionales, al considerar inconstitucional la ley que durante décadas ha regulado ese proceso.

El dictamen fue emitido por la Oficina de Asesoría Legal y firmado por el fiscal general adjunto T. Elliot Gaiser, quien argumentó que la Presidential Records Act excede las facultades del Congreso y no cumple con un propósito legislativo válido.

La opinión jurídica, de 52 páginas, sostiene que el Poder Legislativo no puede apropiarse de los documentos del presidente únicamente para fines históricos, ya que ello vulneraría la autonomía del Poder Ejecutivo. De aplicarse este criterio, se modificaría el sistema vigente que establece que los archivos generados durante un mandato son propiedad pública.

La postura del Departamento de Justicia surge en un contexto marcado por controversias previas, luego de que tras su primer mandato Trump fuera acusado de conservar documentos oficiales, incluidos materiales clasificados, en su residencia de Mar-a-Lago. Ese caso derivó en cargos por retención de información sensible y obstrucción, aunque posteriormente fue desestimado por una jueza federal.

A tres años de que concluya su segundo mandato, la administración sostiene ahora que el presidente no estaría obligado a cumplir con la normativa que regula la entrega de estos archivos.

Ley surgida tras Watergate podría enfrentar retos legales

La Ley de Registros Presidenciales fue promulgada en 1978 tras el escándalo de Watergate, con el objetivo de establecer que los documentos generados por un presidente pertenecen al Estado y no a la persona que ocupa el cargo.

Desde entonces, todos los mandatarios —a partir de Ronald Reagan— han estado sujetos a esta normativa, que otorga a los Archivos Nacionales el control de materiales oficiales una vez finalizado el mandato, incluyendo correos electrónicos, registros telefónicos y otros documentos.

La legislación también fija un plazo máximo de 12 años para que los expresidentes entreguen sus archivos. Sin embargo, la reciente opinión del Departamento de Justicia sostiene que esta obligación invade la independencia del Ejecutivo, comparando la situación con una hipotética intervención del Congreso en los documentos del Poder Judicial.

Especialistas anticipan que, si el gobierno intenta aplicar este criterio, podría enfrentar impugnaciones legales. Además, el perfil de Gaiser —quien participó en la campaña de Trump en 2020 y en litigios relacionados con las elecciones— ha generado cuestionamientos sobre la imparcialidad del dictamen.