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Abuso Policíaco

ACLU: Policías ligados a pandilla secreta balearon a dos hispanos y ahora sus familias son acosadas

Una moción aprobada este martes pide que el Departamento de Alguaciles del condado de Los Ángeles investigue los alegatos de dos familias hispanas que denuncian estar bajo intimidación constante por protestar por la muerte de sus familiares a manos de oficiales.
4 May 2021 – 05:27 PM EDT
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Un reporte elaborado por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y otras organizaciones afirma que alguaciles del condado de Los Ángeles han acosado a familiares de dos jóvenes hispanos que fueron baleados fatalmente por oficiales de esa fuerza del orden.

El informe publicado este martes denuncia, además, que los tres agentes que accionaron sus armas en ambos incidentes serían miembros de una pandilla secreta que opera en la estación policial del Este de Los Ángeles llamada ‘Banditos’. Se trata de una de varias clicas que presuntamente operan dentro de esa agencia del orden, de acuerdo con diversas quejas que han sido investigadas por dicha corporación.

La investigación de la ACLU está centrada en los casos de Paul Rea, un joven hispano de 18 años que recibió varios disparos por parte de un alguacil en el Este de Los Ángeles el 27 de junio de 2019; y el de Anthony Vargas, de 21 años y quien fue baleado 13 veces por dos policías de la misma estación en agosto de 2018. Sus muertes son mencionadas en protestas contra el abuso policial en esta ciudad.


El Departamento de Alguaciles de Los Ángeles dijo que emitirá un pronunciamiento cuando revise a detalle todas estas denuncias. "No estamos familiarizados con el informe al que se hace referencia. Una vez que hayamos tenido la oportunidad de revisar el contenido, podremos responder mejor a su solicitud", dijo Trina Schrader, vocera de la dependencia, en un breve comunicado enviado a Univision Noticias.

Cabe señalar que ambos tiroteos fueron investigados por la Fiscalía del condado, la cual concluye que los agentes señalados actuaron correctamente. Tanto en el incidente de Rea, como en el de Vargas, se recuperaron armas de fuego en la escena, según el análisis de los fiscales.

A pesar de las circunstancias de estos hechos, dos supervisoras del condado presentaron este martes una moción que pide investigar el supuesto acoso que padecen las familias de Rea y Vargas, después de que denunciaron públicamente su descontento con las prácticas de los alguaciles angelinos.

“Desafortunadamente, para muchas familias en el condado de Los Ángeles la sanación emocional que debería ocurrir después de la trágica muerte de su ser querido, a menudo se ve obstaculizada y retrasada por el continuo acoso y represalia del Departamento de Alguaciles de Los Ángeles”, que redactaron las supervisoras Hilda Solís y Holly Mitchel.

Esta moción, que exige indagar las quejas de estas y otras familias que perdieron a un ser querido en un tiroteo con alguaciles, fue aprobada en una reunión de la Junta de Supervisores del condado.

"Estar en un estado constante de miedo al acoso e intimidación por parte de los alguaciles solo empeora el trauma, el dolor y el dolor que sienten a diario (estas familias)”, señaló la supervisora Solís.

“Nos sentimos atrapados”

El reporte que señala a ciertos alguaciles de Los Ángeles se titula ‘No Justice, No Peace’ (Si no hay justicia, no hay paz). Fue elaborado por la ACLU, la Liga Nacional de Abogados (NLG), el movimiento Black Lives Matter de Los Ángeles y otras organizaciones comunitarias.

Según su investigación, “casi a diario” algunos policías intentan intimidar a las familias de Paul Rea y de Anthony Vargas, ya sea al conducir lentamente frente a sus casas, estacionarse afuera de sus lugares de trabajo, fotografiarlos y grabarlos, seguirlos para hacer registros a sus vehículos, hacerles comentarios hirientes y destruir los altares colocados en los sitios donde murieron sus seres queridos.

Advierte que el acoso ha escalado al grado de que la hermana de Anthony Vargas, una adolescente de 14 años, fue seguida por una patrulla cuando salió de su escuela. Ella corrió hacia una biblioteca “y llamó a su madre para pedir ayuda”. Ella vestía una sudadera con la foto y el nombre de su hermano.

“Debido al constante acoso del Departamento del Alguacil sentimos que no tenemos ningún sentido de seguridad al caminar o conducir en las calles en las que crecimos”, dijo Valerie Vargas, tía de Anthony Vargas, en un comunicado.

Valerie Vargas denunció que después de asistir a una reunión pública organizada por el jefe de los alguaciles, Alex Villanueva, en septiembre de 2019, ella fue seguida por una camioneta negra con vidrios ahumados y sin placas. Contó que fueron detrás de su auto desde las calles del Este de Los Ángeles, por la autopista 710 y hasta que entró al estacionamiento de una tienda Walmart. Cuando ella comenzó a grabar con su celular, el vehículo se alejó rápidamente, relata el reporte.

“Nos sentimos atrapados sin tener ningún lugar a dónde ir. Ha sido implacable”, reclamó Vargas.

A la hermana de Paul Rea le fue peor: “fue arrestada ilegalmente y mantenida durante la noche en la cárcel poco después de hablar en una reunión pública sobre el tiroteo de su hermano”, cita el reporte.

El reporte detalla que detuvieron a Jaylene Rea en el lugar donde estaba el altar de su hermano, la subieron a la parte trasera de una patrulla y la llevaron a un hospital. Pasaron dos horas hasta que la dejaron en la estación policial del Este de Los Ángeles. A la 1:00 am llegó al lugar un abogado de la ACLU, pero se les dijo que nadie podía tomar sus huellas dactilares para dejarla irse a casa y la liberaron hasta las 7:00 am. Al salir vieron que los policías habían borrado el video que Jaylene grabó al ser detenida.

Las organizaciones que hicieron este informe proponen crear una oficina independiente que analice las prácticas de los alguaciles angelinos, crear un mecanismo de denuncia ajeno al departamento para este tipo de incidentes y establecer una política interna que prohíba el hostigamiento a las familias que protestan por la muerte de sus seres queridos a manos de policías.

Desde noviembre de 2015 y hasta noviembre de 2020, hubo 133 tiroteos en los que participaron alguaciles del condado de Los Ángeles. Desde enero pasado, el departamento está siendo investigado por la Fiscalía general de California por múltiples alegatos de uso excesivo de fuerza.

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