La lucha contrarreloj de los hispanos contra las restricciones al voto en Arizona

El estado tiene las restricciones más severas para votantes, y los latinos son los más afectados. Una nueva ley convierte en delito llevar la boleta electoral de alguien más a los puestos de votación.

Los puestos de votación en el estado de Maricopa en Phoenix, resultaron insuficientes durante las primarias. Las organizaciones que promueven el voto hispano demandan un incremento para las generales.
Los puestos de votación en el estado de Maricopa en Phoenix, resultaron insuficientes durante las primarias. Las organizaciones que promueven el voto hispano demandan un incremento para las generales.
Imagen Matt York/AP

PHOENIX, Arizona.- Las organizaciones que promueven el voto en Arizona no quieren que el 8 de noviembre se repita la escena de las primarias de marzo: filas de hasta cinco horas para poder votar. Los votantes en el condado de Maricopa, donde el 43% de la población es hispana, padecieron entonces largas esperas y confusión, después de que funcionarios electorales redujeran el número de puntos de votación en un 70 por ciento para ahorrar. Los 200 que hubo en las primarias de 2012 pasaron a sólo 60 en 2016.

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Los funcionarios de Maricopa justificaron esta reducción diciendo que esperaban menos votantes en persona. ¿La razón? Ya que habían recibido un alto número de solicitudes de boletas por correo. La medida que tomaron se enmarca en la limitación de la sección 5 de la Ley de Derecho al Voto, que antes del 2013, consideraba a Arizona una “jurisdicción cubierta”. Esto significa que, por su récord de políticas discriminatorias, el estado requería una aprobación del Ministerio de Justicia antes de hacer cambios electorales que pudieran afectar a las minorías.

Video El impacto de las minorías en las elecciones de Estados Unidos

“Arizona es un estado que lucha permanentemente contra leyes discriminatorias”, dijo a Univision Noticias John Loredo, analista y director de Arizona Donor Collaborative. “Desde 1993 tenemos un sheriff como Joe Arpaio, que promulgó la política de pedirle los papeles a cualquier inmigrante y detenerlo, en el 2000 se prohibió la educación bilingüe, y la ley de identificación de votantes es la más restrictiva desde 2006”, agregó.

En dos elecciones anteriores, en 1980 y 1985, la vigencia de la sección 5 impidió, por ejemplo, que se cambiaran el número o la ubicación de lugares de votación en este estado. En abril, el Partido Demócrata y las campañas de Hillary Clinton y su entonces contendiente Bernie Sanders, demandaron al condado de Maricopa por el caos en las votaciones de marzo. También solicitaron que sea la Corte del Distrito en Phoenix la que supervise y revise el plan de centros de votaciones en noviembre.

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“Si esa demanda tiene éxito, se restaurará la supervisión federal en las elecciones del condado, lo que hará más fácil para los latinos votar en lugares cercanos a sus casas o el trabajo”, dijo a Univision Noticias, Petra Falcón, directora ejecutiva de Promise Arizona, una organización que promueve el liderazgo hispano y la participación cívica.

Falcón y Loredo creen en que la restricción de la sección 5 es un esfuerzo “amplio y concertado” de los republicanos para reducir la participación entre grupos específicos de votantes el día de las elecciones.

Aunque los 11 votos electorales del estado han sido republicanos y aquí no ha ganado un demócrata desde 1996, este año las encuestas sugieren que el estado estará muy reñido entre Clinton y Donald Trump, en parte gracias al crecimiento de la comunidad latina y su participación electoral.

“Los republicanos trataron de aplicar una ley que exigía pruebas de ciudadanía a las personas que se registran para votar, pero no tuvieron éxito. Es claro que no quieren a minorías como latinos, jóvenes o mujeres, votando. No les importa si poner en vigor leyes de supresión del voto los hace quedar bien o mal. Es una cosa de supervivencia. Su prioridad es quedarse en la oficina”, dijo Loredo.

Otras organizaciones como Arizona Advocacy Network, que trabajan en temas de justicia electoral y derechos políticos, tienen su foco de trabajo con los millenials que quieren ejercer su derecho al voto.

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“Es absurdo que no haya lugares de votación en el campus de Tempe de la Universidad Estatal de Arizona, al que asisten unos 80.000 estudiantes”, dijo Samantha Pstross, su directora ejecutiva. “Nosotros hemos logrado unir a estudiantes republicanos y demócratas que están empujando que haya al menos un lugar de votación certificado en el campus para las elecciones de noviembre. Este plan todavía debe ser aprobado por la Junta de Supervisores del Condado de Maricopa, pero esperamos que oigan a los estudiantes”, agregó.

No más recolección de boletas

La disminución de los puestos de votación es solo una de las amenazas sobre las elecciones generales en Arizona. La ley HB2023, firmada por el gobernador Doug Ducey en marzo, convirtió en delito grave que cualquier persona que no sea un funcionario electoral, trabajador de la oficina de correos, o miembro de la familia, pueda recolectar las boletas electorales y llevarlas a las urnas. Los infractores pueden enfrentar hasta un año de cárcel y $150,000 en multas.

“Por los últimos seis años hemos hecho esto sin ningún problema, porque nuestras familias tienen la confianza de darnos la boleta electoral para que nosotros las entreguemos al departamento de elecciones, principalmente durante la jornada del voto temprano (que empieza el 12 de octubre)”, dijo a Univision Eduardo Sainz, director adjunto en Arizona de Mi Familia Vota, uno de los grupos de defensa de los votantes latinos más grandes del país.

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“Hubo una confusión sobre quién iba a aplicar esta ley pero en las primarias estatales preferimos no poner en riesgo a nuestros voluntarios cuya única labor ha sido ayudar por ejemplo a vecinos discapacitados, algunos que no pueden manejar hasta el lugar de votación, a quienes se les olvidan los plazos. Vamos a sus casas y recogemos sus boletas… esta legislación restringe nuestro soporte a las familias latinas”, aseveró Sainz.

Los legisladores argumentan que medidas como éstas buscan evitar el fraude electoral, apoyados por demandas que la propia Secretaria de Estado de Arizona, Michele Reagan corroboró como ciertas: durante las primarias miles de votantes recibieron boletas en la que aparecían como independientes luego de haberse registrado como demócratas o republicanos.

Mientras los retos de mantener la transparencia en este estado para las elecciones de noviembre, no son pocos, las organizaciones que apoyan el voto hispano como One Arizona, movilizan el registro de electores. Esperan que la voz de más de un millón de latinos elegibles para votar no se pierda en las minucias de las leyes.

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