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Elecciones 2016

Cómo las denuncias de supuesto fraude que hace Trump intimidan a votantes de las minorías

La menor capacidad del gobierno federal para supervisar las eleciones y la invitación del candidato republicano para que sus seguidores estén atentos para evitar el "robo" de las elecciones crea un ambiente que puede disuadir a algunos de ir a votar.
13 Oct 2016 – 11:29 AM EDT
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Donald Trump en un acto de campaña en Lakeland, Florida, el 12 de octubre de 2016. Crédito: Joe Raedle/Getty Images

Donald Trump ha comenzado a esparcir un nuevo mensaje a sus seguidores: voten y luego vayan a “otras comunidades” para estar seguros “que no nos roban la elección de las manos”. Líderes hispanos temen que la política del miedo del magnate dañe la participación en las urnas.

En su evento en Pensilvania el lunes, Trump repitió varias veces “ustedes saben a qué me refiero”, cuando describió los esfuerzos necesarios en el día de la elección y otras áreas “donde pasan cosas malas”.

“La única forma en que podemos perder en Pensilvania es si hay fraude. Tenemos que llamar a las fuerzas de orden, necesitamos tener a los alguaciles, los jefes de policía y todos mirando”, dijo.

“Vayan, miren, quédense en los lugares de votación, asegúrense de que todo esté 100% bien”, dijo el millonario.

Incluso en la página web de la campaña, las personas se pueden inscribir para ser observadores de las elecciones.

Tras una larga experiencia, líderes hispanos saben que este tipo de tácticas intimida a votantes de las minorías.

“Hemos visto estrategias similares antes, donde asignan gente para observar, quienes básicamente asustan a los hispanos y los increpan. Incluso cuando no les dicen nada, su presencia y la forma en que visten intimidan”, explicó Arturo Vargas director ejecutivo de NALEO.

Así ocurrió, por ejemplo, en 1988 en el condado de Orange en California cuando los votantes llegaron a 20 centros de votación en Santa Ana y fueron recibidos por personas vestidas de guardias uniformados que tenían pancartas que decían en inglés y español que “las personas que no son ciudadanas no pueden votar”.

El suceso terminó en una demanda y posterior acuerdo, pero causó revuelo a nivel nacional.

Más observadores

Vargas aseguró que tácticas como esta “generan un ambiente hostil, sobre todo para las personas que votan por primera vez y por eso es importante que quienes participen sepan sus derechos”.

El director de NALEO también insistió en la necesidad que el Departamento de Justicia coloque a la mayor cantidad de observadores posibles en los recintos de votación.

Pero este año, el gobierno disminuirá su participación.

Loretta Lynch, la actual fiscal general dio un discurso el verano pasado donde especificó que el gobierno tiene un rol limitado en el proceso ahora, según la decisión de la Corte Suprema en 2013 en el caso Shelby County versus Holder.

Aquí el tribunal falló que la ley de derechos de votantes limitó la capacidad que tenía el gobierno de enviar observadores a estados que antes necesitaban de aprobación federal para hacer cambios en sus leyes electorales.

En la elección presidencial 2012 el departamento de Justicia envió más de 780 observadores a recintos de votación en 23 estados.

En terreno

Carlos Duarte, director estatal para Texas de Mi Familia Vota ha caminado toda la mañana del miércoles puerta a puerta, para incitar a la gente a votar.

Según él, aunque la intimidación de ciertos grupos es un problema común en las elecciones, las palabras de Trump alentando a sus seguidores a ir a “otras comunidades” está teniendo un efecto contrario en los electores latinos.

“Acabo de conocer a un señor de 70 años que votará por primera vez en estas elecciones. Nunca había visto el nivel de entusiasmo y determinación que estamos presenciando ahora”, comentó.

“Trump quiere intimidar a la comunidad, pero lo que veo en la gente es un claro interés y necesidad de salir a votar para que nada ni nadie nos quite nuestros derechos”, concluyó.

Jugando con fuego

Las palabras de Trump rallan en una peligrosa línea entre lo legal e ilegal.

En 1982 se emitió un decreto a raíz de múltiples quejas sobre intimidación de votantes minoritarios entre 1970 y 1980.

El decreto especificó que el Partido Republicano no debe realizar ninguna actividad de seguridad en recintos de votación donde la composición étnica y racial es un factor para decidir monitorear esas áreas.

La orden expira en 2017 y puede ser renovada por la Corte Suprema.

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