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Ejecuciones

Céntrico Estado de México sanciona a 30 funcionarios por la matanza de Tlatlaya en 2014

De acuerdo a las investigaciones, estos servidores públicos alteraron la escena donde murieron 22 personas a manos de miembros del Ejército.
19 Jul 2016 – 11:18 AM EDT


Treinta funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJ, fiscalía local) han sido sancionados por el gobierno del Estado, en el marco de la investigación de la masacre en el municipio de Tlatlaya ocurrida en 2014 y en la que militares asesinaron a 22 civiles.

José Manzur, secretario general del Gobierno de la entidad, informó a medios de comunicación al término de un evento que “en los 30 casos hay algún tipo de sanción, siete u ocho destituciones y 22 personas serán suspendidas por algún tiempo, algunas por un mes y otras por más tiempo”.

La Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México (Igispem) podría emitir más sanciones, pues investiga un total de 52 casos.

En su primera versión, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que el 30 de junio de 2014 habían muerto 22 presuntos delincuentes en un enfrentamiento armado con militares. Sin embargo, uno de tres sobrevivientes aseguró que un civil murió y las otras personas fueron asesinadas tras un interrogatorio mientras no oponían ningún tipo de resistencia.

Tras estas declaraciones, las autoridades detuvieron a los militares implicados para procesarlos tanto en el fuero civil como el castrense. Ocho militares –un oficial entre ellos—fueron detenidos en septiembre de 2014. Uno fue liberado al demostrar que nunca entró en la bodega donde las personas fueron asesinadas.

En octubre, un juez ordenó liberar a otros cuatro militares por considerar que no se explicó claramente los hechos de los que se les acusaba. En mayo quedaron libres los tres elementos restantes por falta de pruebas, de modo que hoy día no queda un solo militar preso.

La Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía mexicana), dijo que 14 personas murieron en el enfrentamiento y las otras ocho fueron asesinadas por los militares.

Los funcionarios del Estado de México –ministerios públicos, peritos y agentes ministeriales--sancionados participaron en el levantamiento de cadáveres y en las primeras investigaciones sobre la masacre, alterando la escena del crimen, según las investigaciones.

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