Arrestan a policía retirado de California que traficaba armas para impulsar su carrera política

Parte de las ganancias que Marco Garmo obtuvo vendiendo un arsenal, las guardó para competir por el cargo de sheriff de San Diego. Su plan era que sus clientes y asociados aportaran dinero a su plataforma electoral, según la Fiscalía federal.

El excapitán Marco Garmo en un evento comunitario en San Diego en septiembre de 2018.
El excapitán Marco Garmo en un evento comunitario en San Diego en septiembre de 2018.
Imagen Sheriff del condado de San Diego

LOS ÁNGELES, California.- Las aspiraciones políticas de Marco Garmo, un excapitán del Sheriff del condado de San Diego (en el sur de California) que buscaba ser candidato para dirigir esa agencia, se acabaron definitivamente este viernes, cuando fue arrestado por agentes federales. Se le acusa de traficar más de 140 armas de fuego que compró usando sus privilegios como policía.

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Los fiscales federales alegan que Garmo, de 52 años y habitante de La Mesa, vendió ilegalmente todo ese arsenal entre marzo de 2013 y febrero de 2019 para llenarse los bolsillos y por sus aspiraciones políticas. Su plan era que sus clientes y asociados se convirtieran en donadores de su campaña. Tenía en la mira la elección por el cargo de Sheriff de San Diego, que se realizará el 8 de noviembre de 2022.

“Parte de las ventas, como él lo admite en el acuerdo de culpabilidad, las destinó para apoyar sus aspiraciones políticas”, dijo el fiscal federal Peter J. Mazza en una conferencia.

Un gran jurado federal acusa a Garmo de operar un negocio de tráfico de armas de fuego, a veces desde su oficina en la estación del Sheriff en Rancho San Diego. Supuestamente le ayudó Fred Magaña, un teniente de la misma agencia policial y quien está libre tras pagar una fianza de 25,000 dólares.

Este caso también menciona al destacado joyero Leo Hamel, el presunto traficante de armas Giovanni Tilotta y a un residente de El Cajon, Waiel Anton. Los tres habrían participado en las actividades de contrabando dirigidas por Garmo. Anton fue arrestado este viernes por la mañana; Hamel salió libre luego de pagar una fianza de 25,000 dólares; y Tilotta sigue prófugo.

El Departamento de Justicia (DOJ) menciona que Garmo usó su placa como capitán para comprar a un mejor precio varias armas que no puede adquirir el público. Les dicen “off roster”. Si bien los policías no tienen prohibido revenderlas, sí les exigen que las transacciones no sean excesivas.

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Según la base de datos de registros de armas de California, el acusado compró 146 pistolas, revólveres y rifles “off roster” durante siete años, de los cuales vendió o transfirió 104. Lo hizo a pesar de que la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos (ATF) le advirtió que ya había encendido las alarmas. No se informó cuánto dinero ganó a través de esta actividad ilícita.

En 2018, el propio Sheriff de San Diego le notificó al Buró Federal de Investigaciones (FBI) que tenía la sospecha de que Garmo estaba contrabandeando armas. El pasado 13 de febrero, como resultado de un operativo que incluyó a oficiales encubiertos de la ATF, la vivienda del excapitán fue cateada.

La ATF difundió una lista de 29 armas (pistolas, revólveres y un rifle) que compró Garmo y que la agencia reporta como “perdidas”. Además, publicó sus números de serie pidiéndole al público que las devuelva.

Hasta su jubilación el 20 de septiembre, Garmo estuvo en las filas del Sheriff de San Diego. Durante varios meses él estuvo bajo licencia administrativa, mientras avanzaba la investigación en su contra.

Antes de reconocer sus delitos ante la corte, él le dijo al diario San Diego Union-Tribune que se retiraba con la consciencia tranquila. “Tuve una gran carrera”, expresó y agregó que ya había dejado de coleccionar armas. “Estoy concentrado en mí y en mi familia y en hacer cosas normales", mencionó.

Ligado a un dispensario de marihuana

Otro acusado, Hamel, dueño de la joyería Leo Hamel Fine Jewelers, admitió haberle comprado a Garmo una variedad de pistolas “off roster” y que le pidió que adquiriera otras para él. El empresario también confesó que le pagaba al exoficial para que le hiciera “préstamos” de armas a largo plazo.

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Hamel aceptó entregarles a las autoridades más de 200 armas de fuego y 100,000 rondas de municiones incautadas en una de sus propiedades el 13 de febrero de 2019.

Por su parte, el teniente Magaña, de 42 años, aceptó en su acuerdo de culpabilidad que compró un par de armas de fuego “off roster” para el joyero Hamel por pedido de Garmo. También dijo que les ofreció armas de fuego a clientes potenciales, pero sin mencionar el nombre de quien era su superior.

Carlos A. Canino, agente encargado de la oficina de la ATF en Los Ángeles, dijo que el caso de Garmo mina las leyes que regulan el uso de armas en EEUU. “Esta no es una violación por un trámite o decir que no sabía qué estaba haciendo. Puedo decir, como un agente de la ATF durante 30 años, que este es un caso típico de tráfico de armas de fuego”, advirtió.

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Varios policías del sur de California han estado bajo la lupa por la venta ilegal de armas de fuego. Este miércoles, dos exagentes de Gardena fueron declarados culpables por un jurado porque vendieron varias pistolas “off roster”. Uno de sus clientes es un exconvicto de Salinas, en el Valle Central de California. Ahora ellos enfrentan sentencias que pueden alcanzar entre 10 y 35 años de prisión.

El caso de Garmo también lo señala por mentirles a oficiales federales cuando le preguntaron si le había advertido sobre un cateo a su primo, quien era socio de un dispensario ilegal de marihuana. Cuando los oficiales llegaron al lugar al día siguiente, no encontraron droga, ni dinero. Le notificó por teléfono.

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Todd Hemmen, agente especial asistente del FBI en San Diego, señaló que esto puso en riesgo las vidas de los policías que ejecutaron la orden de registro. “Además de erosionar la confianza del público (por la venta ilegal de armas), alertó a los objetivos de la investigación sobre los operativos pendientes, poniendo en peligro la seguridad de los agentes. Eso es inaceptable”, reclamó.

Por cuatro cargos relacionados con el contrabando de armas, Garmo enfrenta una condena de hasta 25 años de cárcel; mientras que los delitos por alertar a los dueños del negocio ilegal de marihuana conllevan una sentencia de más de 20 años tras las rejas.