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Los trajes de los desaparecidos o fallecidos a causa de la violencia política en Perú dicen tanto como los papeles de los procesos iniciados por sus deudos. A la derecha, Celsa Taco, quien ha buscado justicia desde que su hijo desapareció, el 19 de septiembre de 1983.

En Perú, militares acusados de violar derechos humanos tienen más apoyo legal del Estado que sus víctimas

En Perú, militares acusados de violar derechos humanos tienen más apoyo legal del Estado que sus víctimas

Más de 40 militares acusados de crímenes que van desde tortura hasta asesinato tienen defensores privados pagados por el gobierno peruano. En cambio, en octubre del 2016 la administración Kuczynski despidió a 200 defensores públicos que debían patrocinar a ciudadanos comunes, incluyendo víctimas de violaciones a los derechos humanos. ¿Tiene un general más derecho a la defensa que un civil?

Los trajes de los desaparecidos o fallecidos a causa de la violencia pol...
Los trajes de los desaparecidos o fallecidos a causa de la violencia política en Perú dicen tanto como los papeles de los procesos iniciados por sus deudos. A la derecha, Celsa Taco, quien ha buscado justicia desde que su hijo desapareció, el 19 de septiembre de 1983.

Una mañana de febrero de este año, en un tribunal de Lima, el general retirado peruano Daniel Urresti se levantó de golpe de su silla y protestó ante los magistrados que lo juzgan por asesinato: “Se está viendo afectada mi defensa”, dijo en voz alta. Minutos antes, el juez a cargo había descartado nuevas pruebas de parte presentadas por su abogada: certificados médicos y declaraciones juradas de otros militares que contradecían a los testigos. También le había negado la palabra. Entonces se produjo un momento incómodo: Urresti dijo algo que se entendió como un llamado de atención a su defensora. Cuando supo que no se estaba haciendo un favor, el general pidió disculpas y volvió a sentarse con la tensión de un cliente ansioso por resultados. Debía confiar en la estrategia del estudio privado que el Estado le paga para salvarlo de ir a prisión.

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Urresti, quien ha sido ministro del Interior y hasta candidato presidencial en Perú, es uno de los 47 militares acusados de violaciones a los derechos humanos que se han acogido a este beneficio desde que entró en vigencia en el 2006.

El general está acusado del asesinato del periodista Hugo Bustíos, ocurrido a fines de los años ochenta. Entonces Urresti era el Jefe de Inteligencia en una base contrasubversiva en Ayacucho, en los Andes centrales del Perú, una de las zonas más afectadas por la guerra interna de entonces. Un primer proceso terminó en el 2007 con la condena de dos oficiales por ese crimen. Tiempo después, uno de ellos señaló a Urresti como el autor intelectual.

El proceso se le abrió en el 2013, pero solo se hizo público al año siguiente, cuando Urresti fue incorporado al Gabinete del presidente Ollanta Humala. Por esos días, la viuda de Hugo Bustíos le envió una carta abierta en que señalaba la “absoluta inequidad” de condiciones para enfrentar un juicio entre un ministro de Estado y los deudos.

“Si usted señala que es inocente –no soy yo quien lo acusa– pruébelo en igualdad de condiciones con mi familia”. El reclamo nunca se cumplió: el general Urresti sigue su proceso en libertad, representado por el bufete privado Roy Freyre, que tiene un contrato con el Ministerio de Defensa por 30,000 soles (algo más de 9,000 dólares), mientras que la viuda de Bustíos debió recurrir a la Comisión de Derechos Humanos (Comisedh), una ONG especializada en este tipo de crímenes. En ese esfuerzo estaba cuando falleció en un accidente de tránsito en octubre del 2016.



Se acaban los abogados

El beneficio para los militares es quizás uno de los mayores desequilibrios del sistema de justicia peruano. Cualquier otra persona, si no puede pagarse un abogado particular, debe recurrir a los defensores públicos, que dependen del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
La Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia cuenta con 1,211 abogados para los 33 distritos judiciales del país, que sobre todo atienden casos de delitos comunes, sea para defender a los acusados o sus víctimas. Solo una pequeña porción, con muchas limitaciones, tiene a cargo causas relacionadas a crímenes contra los derechos humanos.

Solo hay tres defensores públicos para estas causas en Ayacucho, donde las cifras oficiales cuentan más de 49,000 deudos o víctimas de torturas, desapariciones forzadas, y asesinatos.

El síntoma más claro es que solo hay tres defensores públicos para estas causas en Ayacucho, donde las cifras oficiales cuentan más de 49,000 deudos o víctimas de torturas, desapariciones forzadas, y asesinatos.

La situación se agravó en octubre del 2016, cuando el Ministerio de Justicia (Minjus) del nuevo gobierno despidió a 200 defensores públicos que atendían en distintas ciudades del país. “Se había incrementado el sueldo de los abogados y también el número de personal contratado, pero no estaba planificado el presupuesto para los siguientes años”, señaló a OjoPúblico Luis Alejandro Yshi Meza, Director General de Defensa Pública del Minjus. “No era sostenible en el tiempo”, recalcó.

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El recorte aumentó la carga de trabajo de los defensores de oficio en perjuicio de los usuarios. Tan solo en Ayacucho, donde hay cincuenta abogados asignados a la defensa de todo tipo de casos, cada defensor tiene una carga promedio de cien procesos judiciales, a la que se suman unas diez causas al mes, de acuerdo a testimonios recogidos in situ para este reportaje. “Se está haciendo una reingeniería de las funciones que realiza cada defensor público”, alega Yshi Meza desde Lima.

La carga de trabajo aumenta todos los días

Las diligencias que forman parte del proceso de defensa se incrementan cada año. Esto ha generado, en algunos casos, que un abogado público tenga que asistir a cuatro o más audiencias al día.

Fuente: Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia. Datos registrados en enero de 2017.


Por los días del abrupto recorte, se realizó una reunión entre la Dirección de Defensa Pública y representantes de los organismos de derechos humanos que debería haber levantado alarmas y acelerado acciones.

En esa reunión se planteó la necesidad de iniciar coordinaciones para que las ONG traspasen sus casos a la defensa pública, porque, después de treinta años de intensa actividad, los recursos también se les están agotando. “Nuestras fuentes de financiamiento han señalado que ya han apoyado bastante estas causas y que ya es hora de que el Estado asuma su responsabilidad”, explica Gloria Cano, de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), una de las organizaciones independientes más antiguas y activas de la sociedad civil.

La cobertura de defensa legal apenas alcanza la décima parte de los afectados. En el Perú de posguerra, eso significa que más de 150,000 personas caen en la categoría de desprotegidos entre los desprotegidos.

Al menos tres importantes ONG consultadas para este informe reconocieron estar en la misma situación: Aprodeh dejó de asumir la defensa de nuevos casos desde hace dos años, aunque mantiene unos cuarenta procesos, entre los cuales está el Caso Cabitos, un cuartel militar que fue escenario de varios crímenes de lesa humanidad; Comisedh, la organización que lleva adelante el proceso contra el general Urresti, planea concentrar esfuerzos en ese y otros casos emblemáticos; y Paz y Esperanza planea traspasar a la defensa pública su actuación en el caso Putis, la masacre a manos del Ejército de 123 personas, incluidos 14 niños, en un pueblo de los Andes.

El impacto ya es notorio. “Lo que se ha generado es que la mayoría de personas que han sufrido alguna violación a los derechos humanos vaya a estos procesos en estado de indefensión, sin representación legal”, dice Gloria Cano.

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Estas organizaciones estiman que, incluso con su aporte actual, la cobertura de defensa legal apenas alcanza la décima parte de los afectados. En el Perú de posguerra, eso significa que más de 150,000 personas caen en la categoría de desprotegidos entre los desprotegidos, de acuerdo a cifras del Registro Único de Víctimas del Ministerio de Justicia.

Los militares beneficiados

OjoPúblico elaboró este registro de 47 militares procesados por violaciones a los derechos humanos que tienen abogados privados pagados por el Estado. El cuadro recoge reportes del Ministerio de Defensa solicitados por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

No precisaEn procesoAbsuelto
Procesado Nro de procesos *Monto pagado a su abogado

* El Ministerio de Defensa no informó el monto total del contrato suscrito por la defensa legal de los militares. Las cifras del cuadro son los pagos depositados hasta la fecha a los abogados.

** El estado legal del caso no ha sido precisado por las partes.

Las perspectivas son distintas a las de los 47 militares procesados por casos de violaciones a los derechos humanos que reciben o han recibido recursos públicos para su defensa. Hasta el momento, el Estado ha invertido 402.945 soles (alrededor de 125.000 dólares) en abogados individuales o estudios privados, por montos que van desde los 11,000 hasta los 80,000 soles (entre 3,000 y 25,000 dólares). El total equivale al sueldo promedio de 80 defensores públicos. En el grupo de beneficiados hay 28 militares acusados por 20 casos de desapariciones forzadas. Al menos diez han sido absueltos.

Hasta el momento, el Estado ha invertido alrededor de 125,000 dólares en abogados individuales o estudios privados, por montos que van de 3,000 a 25,000 dólares. Eso equivale al sueldo promedio de 80 defensores públicos.


La carga de la defensa

Cada mañana, en Ayacucho, decenas de personas acuden a una casa alquilada de dos pisos en una calle llena de restaurantes y clínicas, cerca del centro de la ciudad. Es la sede de la Dirección Distrital de Defensa Pública.
Muchos llegan por casos que van desde juicios por alimentos hasta violaciones sexuales de menores de edad. Allí deben sacar un ticket y esperar turno para ser atendidos por los abogados de oficio en módulos que se parecen a las cabinas de Internet. En esas condiciones es casi imposible tener una conversación reservada. El mayor logro logístico es que los abogados de las víctimas atienden en el primer piso, y los de los acusados en el segundo.

Tres de esos defensores de oficio son responsables de los casos de derechos humanos. Ninguno tiene las condiciones para hacerlo. “Para hacerse cargo hay que invertir bastante tiempo y nosotros no tenemos exclusividad”, dijo a OjoPúblico la abogada Cris Bautista Quispe, quien antes fue asistente fiscal y desde el 2014 ingresó a trabajar como defensora pública.

Desprotegidos entre los desprotegidos

En muchos casos la labor de los defensores se limita a realizar eventuales campañas para orientar a agraviados en el proceso de exhumaciones y entrega de restos, dos de las grandes tareas pendientes por parte del Estado.

“No hemos asumido la defensa de nadie porque eso implica muchos recursos económicos”, confirma Richard Almonacid, un abogado de la misma oficina que antes fue juez en Huamanga, la capital de la región. “Para viajar a las zonas alejadas de Ayacucho nosotros corremos con nuestros gastos de alimentos, hospedaje e incluso la gasolina del vehículo que nos asignan sale de nuestro bolsillo”, señala el exmagistrado, quien ahora debe asistir a tres o cuatro diligencias diarias por casos de delitos comunes.

El costo de los traslados para las diligencias es solo una parte de las carestías. También se requiere recursos para salir en distintos momentos en busca de evidencias, testigos, pruebas documentales en instituciones oficiales o en archivos. “A veces tienes que hacer labor de detective”, explica Gloria Cano, quien ha dado capacitaciones para defensores de oficio sobre estos procesos.

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Muchas de estas gestiones son ineludibles para reconstruir el contexto de los crímenes y, en los casos que involucran a militares como perpetradores, para obtener información sobre las cadenas de mando y los métodos de operaciones que los altos mandos de las Fuerzas Armadas se resisten a entregar.

En el 2013, la presunta falta de esas evidencias motivó que las fiscalías de Derechos Humanos y de Terrorismo de Ayacucho archivaran 1,335 casos de violaciones a los derechos humanos, según reportó en su momento el diario La República.

“Para viajar a las zonas alejadas de Ayacucho nosotros corremos con nuestros gastos de alimentos, hospedaje e incluso la gasolina del vehículo que nos asignan sale de nuestro bolsillo”

Richard Almonacid, defensor de oficio en Ayacucho.

La experiencia de las ONG sugiere que el tema excede las capacidades de los defensores de oficio. “Para investigar hechos de este tipo se requiere distintas especialidades, además de los abogados: antropólogos forenses, expertos en temas militares, expertos en terrorismo”, explicó Pablo Rojas, exsecretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y presidente de Comisedh. “La investigación de Lava Jato es un ejemplo (de lo que se necesita): no se trata solo del trabajo de los fiscales, es todo un aparato de especialistas”.

Mientras defensores de las víctimas enfrentan esos problemas, los militares que gozan de la defensa privada parecen disponer de facilidades adicionales. El equipo legal de Aprodeh señala que en ocasiones ha detectado la participación de un coordinador que facilita las gestiones, los viajes y el traslado de acusados y sus testigos de parte en las diligencias. “¿Cuánto invierte el Estado en eso? No lo sé”, dijo.

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Lo mismo señala el abogado Hernán Barrenechea, de Comisedh, quien representa a los deudos del periodista Hugo Bustíos en el juicio que se sigue contra el general Daniel Urresti. “La logística se reflejó con bastante claridad”, dice en referencia a una diligencia de reconocimiento a la escena del crimen y la base militar de donde salieron los presuntos asesinos. “Los soldados daban mayor protección a los soldados y al mismo Urresti, incluso usando la fuerza contra nuestros testigos y personal de la parte civil”.

El Ministerio de Defensa, a una consulta de OjoPúblico, negó que existan disposiciones para esa clase de apoyo.

“Los organismos de derechos humanos han cumplido esta labor de dar protección y defensa judicial a las víctimas”, reconoció Patricia Figueroa, viceministra de Recursos para la Defensa. “Por eso tenemos la sentencia de Barrios Altos, la sentencia de La Cantuta”, dijo en referencia a dos masacres perpetradas por un escuadrón de la muerte del régimen de Alberto Fujimori.

Sin embargo, Figueroa admitió que existe una inequidad en la defensa proporcionada por el Estado a deudos y acusados. “No podemos darle patrocinio a las víctimas. Para eso tienen al sistema que pertenece al Ministerio de Justicia”.

“Los soldados daban mayor protección a los soldados y al mismo Urresti, incluso usando la fuerza contra nuestros testigos y personal de la parte civil”.

Hernán Barrenechea, abogado de Comisedh.



La eficacia no es un número

Una mañana de enero del 2017, días antes de la audiencia en la que el general Urresti reclamó por su defensa, la señora Adelina García de Mendoza se puso a recordar la lista de abogados que ha conocido para denunciar la muerte de su esposo, ejecutado extrajudicialmente por una patrulla militar a inicios de los años ochenta: el primero se llamaba Zózimo Roca, quien tuvo que abandonar Ayacucho por amenazas de muerte; le siguió Máximo Rico, su secretario, hasta que fue asesinado en 1988; entonces vino un tercer abogado llamado Fernando Colunga, quien sería ejecutado un año después; hubo otros que huyeron y alguno que recibió un sobre explosivo que por fortuna no estalló en sus manos.

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Con todos esos sobresaltos, y no pocos actos de solidaridad, la causa prosiguió y la historia de su esposo formó parte del expediente del Caso Cabitos, el cuartel donde miembros del ejército detuvieron, torturaron y ejecutaron extrajudicialmente a más de cien personas.

“En ese tiempo era más difícil para nosotros ver quién nos daba esa mano, quién era nuestro aliado”, recordó García en una conversación con OjoPúblico.

El 74% de casos es defensa de imputados

Los abogados públicos están organizados en tres grupos: los que se encargan de la defensa de víctimas, los que hacen lo propio con los acusados de delitos penales y los que dan asistencia legal en materia de derecho de familia. Del total de patrocinios en todas las áreas entre el 2013 y 2016, el 74% de casos pertenece a la defensa de imputados.

Fuente: Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia. Datos registrados en enero de 2017.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) recomendó que los crímenes allí cometidos fueran llevados a los tribunales como un ‘caso patrón’, en el que la existencia de varias víctimas, bajo las mismas circunstancias y en la misma época, permiten establecer un modus operandi y a sus responsables. Sin embargo, la justicia peruana dividió el caso en tres partes, de las cuales solo una está en juicio oral. Las otras dos han pasado 13 años sin que siquiera exista denuncia fiscal.

Es una cuestión de números: “A la fiscalía le conviene más abrir 53 casos, que abrir un solo caso con 53 víctimas”, explica Gloria Cano, de Aprodeh. “Ellos trabajan en base a producción”.

Las estadísticas son engañosas. Tan solo en el 2016 los abogados de oficio realizaron más de 21,000 acciones legales de patrocinio a víctimas de toda clase de delitos y respondieron más de 68,000 consultas de víctimas por especialidad en todo el país. Ambas fueron cifras superiores a las registradas en los tres años anteriores.

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Sin embargo, la Dirección de General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia carece de un indicador fundamental: el que permita establecer cuántos casos representados por sus abogados tuvieron un resultado favorable a sus patrocinados. En casos de derechos humanos eso significa cuántos se libraron de condenas injustas o cuántos lograron la condena de sus torturadores o de los asesinos de sus familias.

La Dirección de General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia carece de un indicador fundamental: el que permita establecer cuántos casos representados por sus abogados tuvieron un resultado favorable a sus patrocinados.

“No podemos hablar de un solo indicador de la carga que asumen los defensores públicos”, indicó a este medio Luis Alejandro Yshi, el jefe de los abogados de oficio. Sin embargo, admitió que no se puede medir la eficiencia del servicio en función a la cantidad de diligencias de un defensor. “Estamos incorporando índices de calidad”, indicó.

Las mejoras más rápidas y eficaces han estado del lado privilegiado de esta historia. En octubre del 2008, apenas dos años después del emitido el decreto supremo que aseguraba la defensa privada de militares acusados de violaciones a los derechos humanos, el mismo gobierno de Alan García dio otro decreto que modificaba las condiciones para este beneficio: ahora se extendía a los militares involucrados como testigos; se eliminaba la exigencia de una garantía (hipoteca o carta fianza) para que el acusado devuelva al Estado lo invertido en su defensa si resulta culpable y, en caso de serlo, ya no se ejecuta de inmediato, sino por descuento en planilla. A pesar de que ha habido algunas condenas, todas han sido apeladas ante la Corte Suprema. Mientras no haya un fallo definitivo ningún militar ha devuelto el gasto público en sus abogados privados.

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