En Chile, la defensa penal pública de 3,200 personas estuvo en manos de una empresa quebrada

“ Somos la oficina de abogados privados penales más grande de Chile”, se lee aún en la página web del ahora desaparecido estudio Defensa Jurídico Penal Sociedad Anónima (DJP). Suena como un eslogan, pero es probable que en algún momento haya reflejado la realidad, pues DJP creció al alero de un modelo de defensa penal pública que entrega a empresas privadas más del 70% de las causas en que el Estado chileno asume la representación de personas que enfrentan causas penales, principalmente de escasos recursos.

De todas las empresas que florecieron con el nuevo sistema, DJP fue la que más contratos se adjudicó desde que se implementó en 2005 una reforma procesal penal en la Región Metropolitana, la más poblada de Chile. Pero, pese a tener un millonario flujo de ingresos asegurado, las finanzas de la empresa colapsaron y desde enero de 2017 se encuentra en proceso de liquidación.

Dejó heridos en el camino y puso un signo de interrogación sobre un modelo que descansa en la contratación externa de los servicios de la defensa pública. Actualmente, 508 de los 703 abogados que tiene el Estado son licitados, cerca del 35% del presupuesto de la Defensoría Penal Pública –82 millones de dólares para 2017– se consume en la contratación de defensores privados.

Un cuestionado contrato

En junio de 2016 la firma DJP dejó de pagar los sueldos de los abogados que subcontrató para defender a las personas de bajos ingresos en Chile. La empresa alegó que no era un buen negocio, que tenía pérdidas, y tres meses después –en setiembre de 2016– de mutuo acuerdo, puso fin a cuatro contratos con la Defensoría Penal Pública.

Pero ese no fue el fin de la relación: el 20 de setiembre, el ente público firmó un nuevo contrato de tres años por 1.36 millones de dólares con una nueva empresa – Asesorías Jurídicas Integrales SpA (AJI)– creada por DJP, la misma que se había declarado insolvente y dejó de pagar a sus abogados meses atras.

Ambas empresas, DJP y AJI, tienen el mismo representante legal, el abogado Gonzalo Torre Griggs. Y parte de los abogados y el personal administrativo de la primera simplemente fueron traspasados a la segunda.

“Era parte del mismo holding, pero nos prometieron que nos iban a pagar, que eran distintos RUT (Rol Único Tributario). Dijeron que esta empresa estaba limpia”, recuerda uno de los abogados que trabajaba para DJP y que siguió haciéndolo para AJI. El profesional pidió que su nombre sea revelado.

El desenlace no debería sorprender: al terminar el primer mes del nuevo contrato, en octubre de 2016, la empresa no pagó los sueldos a los defensores. Dos semanas más tarde, la Defensoría instó a los abogados a renunciar para contratarlos de forma directa. El resto del personal quedó en la calle.

“No teníamos causal legal para no suscribir el contrato con AJI”, asegura Juan Pablo Montes, asesor jurídico de la Defensoría Metropolitana Norte. Dice que aunque eran dos empresas distintas, buscaron argumentos jurídicos para no firmar el nuevo convenio –que se había adjudicado en mayo de ese año– pero no los encontraron. Y la Contraloría ya había aprobado la adjudicación.

En el momento en que explotó la crisis, a mediados de 2016, DJP tenía más de 40 abogados para atender los servicios de la Defensoría Penal Pública. Otros ocho defensores se sumaron en octubre, tras el nuevo convenio con AJI.

“No sabíamos la realidad de los trabajadores impagos por meses, algunos hasta un año, porque no estaban dentro de las nóminas de abogados ni de asistentes que tenían relación con nosotros a través de los contratos licitados”, dice el jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Defensoría, Álvaro Paredes.

CIPER encontró testimonios de abogados de DJP que trabajaron para la Defensoría, quienes aseguran que, al menos un año antes de que saliera a la luz la crisis, la empresa evidenció su falta de liquidez: empezó a pagar los sueldos de manera parcelada y a incumplir con el pago de la seguridad social.

Pese a que la Defensoría debe certificar que la empresa cumple las normas laborales antes de pagarle, ésta no detectó los problemas de insolvencia de DJP. Tras una denuncia, la Fiscalía de Alta Complejidad (Centro Norte) se encuentra investigando si en los últimos meses DJP falsificó las firmas de sus empleados en los documentos que avalaban el cumplimiento de sus compromisos laborales.

La crisis de estas empresas puso en riesgo la defensa de 3,253 casos penales en los que se acusa a ciudadanos chilenos, la mayoría de bajos recursos. La única razón por la que no se produjo un gran caos en el sistema de defensas públicas, es porque los abogados siguieron trabajando pese a no recibir su salario.

Pero sí hubo problemas. Los registros de sanciones de la Defensoría Penal Pública muestran que durante 2016 aumentaron las multas a la empresa DJP, principalmente por no cumplir con las visitas a los imputados detenidos, que deben realizarse al menos cada 15 días.

El año pasado DJP recibió 20 sanciones por distintas faltas, contrario al expediente limpio que mantuvo en los cinco años previos.

Auge y caída de DJP

La sociedad Defensa Jurídico Penal (DJP) fue creada en octubre de 2004 por los abogados Kleber Monlezun Cunliffe, Gonzalo Torre Griggs y la Universidad Miguel de Cervantes. El objetivo era presentarse a las licitaciones de la recién creada Defensoría Penal Pública chilena, pues la nueva reforma procesal penal comenzaría a operar en la ciudad de Santiago el año siguiente.

La apuesta fue un éxito. En esa primera licitación, en 2005, DJP se adjudicó el 48% de las causas licitadas en la Región Metropolitana y empezó a posicionarse como una importante oficina de abogados defensores. Se calculaba que la firma atendería poco más de 60,000 casos judiciales.

En ese momento, la atención pública se centró en las supuestas influencias políticas en la licitación, por los vínculos de una de las instituciones que formaba parte de DJP: la Universidad Miguel de Cervantes.

Su presidente (hoy rector), era el exdiputado del Partido Demócrata Cristiano Gutenberg Martínez, casado con Soledad Alvear, la ministra de Justicia que llevó a cabo la reforma procesal penal y firmó el proyecto de ley que, precisamente, creó la Defensoría Penal Pública, con su modelo con énfasis privado. El representante de la universidad era Francisco Cumplido, exministro de Justicia, también del Partido Demócrata Cristiano, al que estaban ligados varios de los directivos de la institución educativa.

En setiembre pasado, Martínez aseguró a CIPER que debido a la polémica la universidad se retiró en 2007 de DJP. Pero los vínculos no desaparecieron del todo: la oficina principal de la empresa jurídica funcionó hasta su cierre, a fines de 2016, en el edificio de la Universidad Miguel de Cervantes.

Uno de los dueños de ese edificio es una sociedad creada por Torre Grigs y Mercedes Aubá Asvisio, que forma parte de la Corporación Universidad Miguel de Cervantes , lo que explica que Torre integre el consejo directivo de esa casa de estudios y Aubá sea su secretaria general .

En 2009, DJP –representada por Gonzalo Torre– creó también otra empresa que prestaría servicios al Estado, Mediación Integral SpA. Los registros oficiales de transparencia indican que, desde su nacimiento hasta octubre de 2015, recibió pagos de la Subsecretaría de Justicia por 1.7 millones de dólares.

En 2015, Mediación Integral SpA rescindió sus contratos con el gobierno, y modificó su nombre por uno que anunciaba su nuevo giro: Asesorías Jurídicas Integrales SpA (AJI).

Esta firma fue a la que la Defensoría Penal Pública contrató por $1.36 millones en setiembre de 2016. Al momento de firmar ese nuevo contrato, sus accionistas eran Gonzalo Torre Griggs, Mercedes Aubá Asvisio y Marco Antonio Lillo de la Cruz.

Los tres ejecutivos son socios en otra empresa, Defensa Judicial de Personas S.A. que también se adjudicó licitaciones de la Defensoría Penal Pública. Sólo entre 2007 y 2014 ambas sociedades –Defensa Jurídico Penal y Defensa Judicial de Personas– recibieron al menos 27 millones de dólares por los contratos con la Defensoría.

En setiembre pasado Torre Griggs dijo a CIPER que la quiebra de DJP se debió a que los ingresos eran menores que los gastos.

En la solicitud de liquidación voluntaria que la empresa presentó el 22 de enero pasado en el 28° Juzgado Civil de Santiago, se asegura que los contratos con la Defensoría Penal Pública no eran rentables.

Gonzalo Torre dijo que la empresa defendió desde el 2005 a más de 300,000 personas. Un informe del Ministerio de Hacienda indica que, entre 2003 y marzo de 2008, la Defensoría pagó a las empresas un promedio de $100 por cada causa licitada.

“En vez de ir mejorando los precios, éstos fueron gradualmente bajando y las exigencias aumentaron hacia los prestadores, lo que significó que los costos fueran mayores que los ingresos”, se lee en el escrito judicial que solicita su liquidación.

La explicación es poco convincente para los otros actores del sistema, pues, aunque un defensor privado del norte del país dijo haber recibido con retraso su salario recientemente, no se sabe de otros proveedores que hayan tenido problemas financieros graves.

Además, la misma DJP siguió participando una y otra vez en las licitaciones. Según Álvaro Paredes, jefe de asesoría jurídica de la Defensoría, en un momento se intentó tener acceso a las utilidades que tenían los proveedores en cada contrato, pero la Contraloría impugnó la medida, por lo que la autoridad no conoce el nivel de ganancias que dejan las licitaciones.

Ante el tribunal, DJP reconoció deudas por $615,000, la gran mayoría con sus trabajadores. Es probable que el monto crezca, pues a una empleada que ya ganó un juicio la empresa dice adeudarle $370, mientras que la justicia la condenó a pagarle $26,000.

Algo que llama la atención es que a quien DJP dice adeduarle la mayor cantidad de dinero es el abogado y excoordinador de la empresa, José Rojas Silva, a quien le reconocen una deuda laboral por US$78 mil. Rojas es socio de Gonzalo Torre Griggs en varias empresas y trabaja en su estudio Torre y Cía.

Contactado por CIPER, el abogado aseguró que todas las sociedades que creó con Torre están inactivas y solo tiene con él una “comunidad de techo” como abogado.

Se encienden las alarmas

Según Álvaro Paredes, jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Defensoría, la primera señal de alerta de que algo andaba mal con DJP la dio en mayo de 2016 el jefe de Estudios de la Zona Metropolitana Sur, Jorge Moraga.

El funcionario “señaló que le preocupaba que hubiera alguna lesión a la calidad de la cobertura”. Moraga dice que supo de “la situación que afectaba a los abogados pertenecientes a la empresa DJP” en una reunión del equipo regional y que desde ese momento los esfuerzos de centraron en prevenir que afectara la atención de los usuarios.

La solución, coinciden Paredes, Moraga y Montes –todos funcionarios de la Defensoría–, se logró gracias a que los abogados de DJP siguieron representando a sus clientes pese a que la empresa dejó de pagar sus salarios.

En total, 44 de los abogados de DJP fueron recontratados de manera directa por la Defensoría a partir de agosto de 2016. A muchos de ellos la empresa quebrada aún les adeuda meses de trabajo, además de indemnizaciones y pagos patronales obligatorios. Los juzgados de Trabajo de Santiago registran 38 demandas contra DJP, varias de las cuales incluyen a más de un denunciante.

A los recontratados, la Defensoría les exigió no extender la demanda a esa institución para intentar recuperar su dinero. Pero el resto, además de empleados administrativos, sí lo hizo.

En uno de los juicios laborales, un peritaje privado acreditó que DJP había falsificado la firma de uno de sus empleados en el documento de liquidación de sueldo que envió a la Defensoría para demostrar que los salarios y las cotizaciones estaban al día, un requisito para poder recibir dinero del contrato con el Estado.

Dos abogados presentaron una denuncia penal y actualmente el Ministerio Público investiga a la empresa por presunta “falsificación o uso malicioso de documento privado”.

La emergencia por dentro

En el sistema mixto de Defensoría Penal Pública de Chile, las empresas legales que ganan licitaciones deben atender a los usuarios como si fueran la misma institución pública. Ese es el motivo de que en el oscuro hall de ingreso al edificio Carmen 8 (aledaño a la avenida Alameda, la columna vertebral de Santiago) lo único que quedó hasta hace pocas semanas fue un letrero indicando que en el cuarto piso estaba la Defensoría Penal Pública. En realidad allí funcionaba una de las oficinas de DJP.

Carmen 8 es un edificio histórico en la política chilena y, al igual que los orígenes de DJP, está ligado a la Democracia Cristiana (DC). Entre los pisos 6 y 8 estaba la sede del partido durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Por eso, uno de los mayores escándalos políticos de la época fue bautizado como el Carmengate. En 1988, durante la primaria para elegir al primer candidato presidencial del retorno a la democracia, el ganador en la DC fue Patricio Aylwin, pero su contendor, Gabriel Valdés, acusó que en la sede de Carmen se habían manipulado los votos. Siempre quedó la duda de si ese presunto hecho había cambiado el rumbo de la transición chilena.

Para DJP, la historia en Carmen 8 de acabó el 30 de noviembre pasado. Ese día simplemente se “puso candado” a su oficina. Así lo relata en su demanda laboral la secretaria Claudia Ramírez, quien llegó a trabajar y no pudo entrar, porque la empresa no había pagado la renta. Ahí le comunicaron que estaba despedida.

En otra demanda laboral, dos abogados recuerdan que ya en setiembre la situación era crítica. El 7 de ese mes les cortaron los “suministros básicos” (luz y agua) por falta de pago. “Los trabajadores estábamos sin las condiciones mínimas para desarrollar nuestras tareas”, acusan.

Para los ex empleados no profesionales la situación es aún más compleja que para los abogados, pues simplemente se quedaron sin trabajo cuando la empresa cesó su actividad: no recibieron oferta de la Defensoría.

Nadia Toro es técnico jurídico y estaba embarazada cuando DJP cerró. No le pagaron noviembre ni sus cotizaciones previsionales desde enero de 2016, además de vulnerar su fuero maternal. No ha encontrado trabajo. “A ellos no les importan los trabajadores, ni siquiera dan la cara”, se lamenta hoy.

Algunos ex abogados de DJP dicen que a mediados de 2015 empezaron a recibir sus salarios de manera parcial y con atraso, mientras que para otros las dificultades comenzaron en 2016. “Había gente que tenía que pedir plata para poder ir a trabajar, algunos estuvieron meses trabajando gratis, otros pidieron licencia médica”, dice un ex defensor de DJP para explicar por qué algunos interrumpieron las visitas a las cárceles.

“Yo vi a abogadas llorar porque no llegaban a fin de mes”, relata.

La abogada Jacqueline Stubing trabajó siete años en la empresa, en agosto de 2016 pasó a trabajar directamente con la Defensoría y semanas después renunció con escándalo incluído, durante una audiencia judicial.

Ella dice que estaba dispuesta a seguir en DJP aunque no le pagaran, porque la empresa siempre había cumplido y le apasiona el sistema de litigación de la Defensoría. “Pero era difícil trabajar así. Al final era trágico, los compañeros no tenían cómo movilizarse”, recuerda.

La abogada reclama que no alcanzaron a evaluar realmente la propuesta de la Defensoría. Según ella, por la presión a la que fueron sometidos, debieron aceptar las condiciones de los convenios directos sin darse cuenta de lo que significaba: “Tuvimos que dejar una garantía de 750,000 pesos chilenos (US$1.150) en la Defensoría, después de haber estado dos meses sin sueldo. Arrendar oficina y cumplir requisitos como contratar un asistente”.

La gota que colmó su paciencia fue que a las pocas semanas de instalada en su nueva oficina le avisaron que vendría una inspectora de la Defensoría a revisar el recinto. Recuerda que a unos colegas ya les habían hecho cambiarse de oficina tras una inspección y le indignó que fueran más duros con ellos que lo que habían sido con DJP, que no fue fiscalizada a tiempo.

Stubing se negó a ser fiscalizada. Avisó que no se sometería a la inspección y a la hora señalada no estuvo ahí para abrir la puerta. Eso le costó una multa.

No renunció inmediatamente. Dice que no es fácil dejar de un día para otro las defensas, porque detrás hay una persona imputada y una familia. Tenía un caso particularmente complicado, en que el imputado estaba acusado de robo con violación y cambió su versión en la mitad del proceso. Además le fallaron las personas que debían atestiguar a su favor.

La audiencia en que se juzgaría a su defendido se dio en un contexto bastante especial, pues la sala estaba llena de jueces extranjeros que venían a observar cómo funcionaba la reforma procesal penal en Chile. Stubing recuerda que le pidió al juez aplazar la audiencia porque faltaban los testigos y porque ella dejaría pronto la Defensoría y no podría representar al imputado en las etapas posteriores. Pero el juez fue inflexible.

“Magistrado, renuncio a la Defensoría”, respondió entonces la abogada, que escuchaba a sus espaldas como los asistentes murmuraban sin entender lo que estaba pasando y se oían voces que pedían que la amonestaran. Recuerda que el juez pidió disculpa a los invitados extranjeros, asegurándoles que nunca había pasado algo así antes desde la aplicación de la reforma.

Así terminó la carrera como defensora penal pública de Jacqueline Stubing, otro número en el saldo que dejó la quiebra de la empresa DJP en Chile.

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