Cuando la justicia no alcanza: faltan 10,000 defensores públicos en Brasil

Era una mañana de febrero, el sol apenas conseguía vencer la densa niebla que cubría Anapólis, una ciudad en el interior del estado de Goiás, en el medio oeste brasileño. Todavía estaba oscuro a las 6:30 am, cuando Edineia dos Santos, de 27 años, llegó a la puerta del Tribunal de Anapólis.

Cinco personas ya esperaban frente al imponente edificio, símbolo del poder judicial de la ciudad. Era el tercer intento de Edineia por lograr asistencia jurídica en la única oficina de la Defensoría Pública que opera fuera de la capital del estado.

Como solo hay un defensor público en la ciudad, los números para atender a la gente se distribuyen a las 8 de la mañana, cuando el edificio abre sus puertas. Por miedo a quedarse sin ayuda, las personas llegan en la madrugada y forman una fila dos horas antes del inicio de la jornada. Se entregan 40 números diarios, 20 en cada turno.

"Si llega después de las 6:30 am, se queda sin lugar", dice Edineia.

La pequeña oficina de la defensoría de Goiás la comparten un abogado público y tres de la sección regional de la Asociación de Abogados de Brasil (OAB), que ofrecen la "defensa dativa", como se le conoce en este país al trabajo de los defensores privados contratados con fondos públicos para asistir a la gente más pobre. Juntos, el defensor y los "dativos" deben atender los 20 casos por turno.

Edineia busca ayuda para su hermano menor, detenido 12 días antes. No ha podido hablarle desde su detención; lo único que sabe es que una denuncia anónima llevó a la policía a revisar el almacén donde él trabajaba y vivía. Durante la redada, encontraron un arma, por lo que su hermano fue acusado de posesión ilegal. No tiene más detalles. "Él nunca estuvo involucrado en nada malo", dice.

Mientras espera, otras personas salen del lugar sin conseguir una cita con los abogados. Una de ellas es Terezinha de Fátima, de 54 años, que llegó a la oficina acompañada de su marido a buscar ayuda para solicitar una pensión a su hija, la madre de su nieto de 12 años.

Los abuelos criaron al niño desde que nació. Ahora están en dificultades económicas y decidieron pedirle ayuda financiera a su hija. “Intentaré de nuevo mañana. Tengo que venir más temprano”, dice de Fátima antes de salir del edificio.

Tras cuatro horas de espera, Edinea logró reunirse media hora con el abogado. "No creo que me haya explicado mucho. Lo más concreto que dijo fue que mi hermano no saldrá antes de un mes", exclamó resignada.

El defensor Antonio Izaque, que atiende en Anapólis, no quiso declarar para este reportaje, pero el coordinador del sector, Marcio Moreira, dijo: "la atención es irregular. Tenemos que arreglarlo".

Jueces duplican a los defensores

Las dificultades de Edineia y Terezinha no son exclusivas de Goiás. A pesar de ser una garantía constitucional vigente por casi 30 años, en Brasil el derecho a la asistencia jurídica gratuita y eficaz sigue siendo —en cierta medida— inaccesible para las personas de bajos recursos, pues no hay suficientes defensores públicos, especialmente en el interior del país .

No hay suficientes defensores públicos, especialmente en el interior del país. "La situación de Anapólis es irregular. Tenemos que arreglarlo", dice el coordinador del sector, Marcio Moreira, refiriéndose al caso de Goiás.

Brasil cuenta actualmente con 5,842 defensores públicos estatales que trabajan en los 26 estados y en la capital federal.. Para tener una idea de la desproporción, existen en la misma esfera 11,807 jueces y 10,847 fiscales . Es decir, las otras dos instituciones que componen el sistema judicial tienen el doble de miembros que la Defensa Pública.

En 2013, el Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA) estimó a partir de los datos de la Asociación Nacional de Defensorías Públicas (Anadep) la cantidad requerida de defensores por cada 10.000 personas que viven con menos de tres salarios mínimos (U$ 900), el criterio del Ministerio de Justicia, pues para acceder a atención gratuita es necesario demostrar la falta de recursos financieros.

El estudio identificó un déficit de 10.578 defensores públicos en todo Brasil. Cuatro años más tarde, aunque se han producido algunos nombramientos, el número es de por lo menos 9.790. Y la necesidad de la población sigue siendo sustancial. La Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística 2015 (IBGE) estima que 100 millones de personas mayores de 15 años tienen ingresos por debajo de tres salarios mínimos.

Esto explica que la cobertura media nacional de la defensa pública por comarca (distrito judicial) sea apenas del 40%, según el diagnóstico más reciente de Anadep. Sólo el Distrito Federal, Río de Janeiro, Tocantins y Roraima tienen al menos un defensor en todos sus distritos.

Miles dependen del servicio

En Brasil, los abogados públicos no solo defienden a quienes enfrentan una acusación penal. De hecho, la mayoría de personas busca asistencia jurídica gratuita para resolver divorcios, separaciones, disputas de custodia, reclamos de pensiones —asuntos de la Corte de Familia— y problemas con la falta de camas en los hospitales, medicamentos y filas para cirugías.

Si en Anapólis, por ejemplo, la falta de atención adecuada es evidente, en la capital de Goiás los esfuerzos son claramente distintos. Hay diferentes puestos de atención sectorizados por área en cuatro lugares de la ciudad, así como el personal para la detección y orientación de los que buscan ayuda. Esta organización permite que personas como Helena Braga, retirada de 60 años, traiga asuntos de vida o muerte para los defensores.

Braga, una enfermera retirada de 60 años, acudió la mañana del 13 de febrero a la defensoría pública de Goiás a buscar ayuda para su amiga Eudália Brito da Silva, cuya vida ha sido devastada por el lupus, una enfermedad autoinmune.

Eudália y Helena se conocieron en la iglesia Tabernáculo da Fé, en la región de Ipiranga en 2007. Entre una reunión y otra, Eudália se enteró de que Helena recibía a algunos fieles para ofrecerles atención médica básica debido a su experiencia como técnica de enfermería, por lo que decidió pedirle ayuda para tratar las heridas que el lupus comenzaba a dejar en su piel.

"Tenía tantas llagas en la pierna que la piel llegó a estar en carne viva. Lloraba del dolor y yo con ella mientras la curaba", cuenta Helena.

Para Eudália, una ayudante de cocina de 38 años, el precio de vivir sin depender de cuidados las 24 horas del día es de 37,821 reales —unos 11,800 dólares. Eso cuesta los medicamentos que necesita para controlar los efectos de la enfermedad.

Poco a poco, la enfermedad fue consumiendo la salud de Eudália, quien acudía a recibir un tratamiento mensual en el Hospital General de Goiânia. Según ella, un cambio en la dirección de la unidad en 2014 hizo que la periodicidad de las hospitalizaciones cambiara, por lo que el tratamiento perdió regularidad. A mediados del año pasado, empeoró y estuvo internada durante varias semanas.

Además de heridas en la piel, comenzaron a surgir microfracturas en los huesos de Eudália y ella comenzó a necesitar atención para las tareas más simples. No puede comer, caminar o hacer su higiene.

Como Eudália no tiene familia en Goiânia, la iglesia la acogió. Allí vive en pequeña habitación, siempre acostada en la cama buscando una posición en la que no sienta tanto dolor. En los peores días del hospital, llegó a ser medicada con morfina, cuenta ella.

Su situación podría mejorar con un medicamento llamado Teriparatida, que cuesta unos 900 dólares al mes. Pero desde que salió del hospital en diciembre de 2016, no ha tenido acceso a la droga a través del Sistema Único de Salud (SUS), que atiende a la población de forma gratuita. Y por eso su amiga Helena decidió buscar ayuda en la defensoría pública.

Con la ayuda de un defensor público, el 21 de enero un juzgado obligó a las autoridades de Goiás a entregarle el medicamento a Eudália. Sin embargo, hasta finales de marzo el estado no había cumplido y ella seguía sin recibir la medicina pese a una segunda orden judicial que ordenó el bloqueo de los recursos estatales para la compra de medicamentos.

Como este caso hay miles. Durante el 2016, la defensa pública de Goiás recibió 11,572 llamadas en el área civil, que incluían desde problemas relacionados con los derechos del consumidor, a peticiones de salud.

Cuando la gente fracasa en conseguir la asistencia necesaria del sistema de salud pública, comienzan a acudir a los tribunales. "Sin duda es el área que trae más desafíos", dice el presidente del Colegio Nacional de Defensores Públicos (Condege), Ricardo Batista.

Lo más importante, según Batista, es hacer que el sistema de salud sea eficaz sin la interferencia del poder judicial.

"No es una orden judicial lo que hará que el sistema funcione de día y de noche. Este sistema, que ya estaba sobrecargado, ahora se ve abrumado por las decisiones judiciales que no se están cumpliendo", dijo.

Lucha permanente

La primera Defensoría Pública del país se instaló en 1954 en Río de Janeiro, cuando el estado era la capital federal. Pasaron tres décadas para que surgiera una institución similar. Esta vez, en Minas Gerais, también en la región del sureste, en 1981. Para 1988 había defensorías en Mato Grosso do Sul, Piauí, Bahia y el Distrito Federal.

Antes, en los estados donde no había una Defensoría Pública, el acceso a la Justicia de los pobres estaba a cargo de un sector dentro de las oficinas de la Procuraduría Judicial, que forman el primer nivel del ejecutivo de los estados.

Pero fue la garantía de servicios legales gratuitos establecidos como derecho en la Constitución de 1988, después del final de la dictadura militar, lo que dio el impulso necesario a la Defensoría Pública para su expansión nacional.

Sin embargo, la velocidad con la que crece el servicio depende de la voluntad política. Cada estado debe crear y operar su defensoría, este procedimiento burocrático es político y depende de negociaciones que a menudo son lentas.

En Goiás, donde Edineia y Terezinha intentaban que las atendieran, la defensoría pública abrió sus puertas hace apenas dos años.

"Tenemos defensorías públicas que tienen años funcionando y las más recientes aún están mal estructuradas. Las nuevas (Paraná y Santa Catarina) tienen un pequeño número de defensores con salarios bajos, por lo que es difícil llenar las posiciones; pero también las más antiguas como Paraíba no tienen suficientes defensores aún, ni tampoco cuentan con personal de apoyo", señala el presidente de Anadep, Antonio Maffezolli.

Como no podían negar la ayuda a los pobres, años atrás las autoridades estatales promovieron acuerdos con las oficinas regionales de la Asociación de Abogados de Brasil (OAB) para ofrecer este servicio por medio de la figura del "defensor dativo", lo que se convirtió en otro objeto de disputa en torno a la creación de la defensoría

Por eso en muchos estados –entre ellos Sao Paulo, el más poblado de Brasil, que creó su defensoría en 2006– los abogados públicos compiten por el financiamiento de sus servicios con los privados.

Esta situación hizo que Sao Paulo, el estado más poblado de Brasil, solo crease su defensoría en 2006. En el caso paulista, hasta hoy en día la OAB disputa con los defensores parte de los fondos del poder judicial.

La falta de dinero es uno de los principales problemas para que las defensorías puedan crecer en el interior de Brasil. Después que cada estado crea las oficinas, las defensorías se enfrentan a la sofocante cantidad asignada para su financiación. Además, se genera una batalla política cada año, explica el asesor general público del Distrito Federal y presidente de la Defensa Pública Universidad Nacional, Ricardo Batista.

El presupuesto anual que elabora cada defensoría para operar debe coincidir con la propuesta de presupuesto realizada por el poder ejecutivo del estado y de las otras instituciones judiciales, como el Tribunal de Justicia y el Ministerio Público. Además, casi siempre pasa por la tijera de la Asamblea Legislativa.

"Desde 2012 (cuando asumió el cargo), nunca tuve una propuesta de la Defensoría presentada a la Asamblea por el Ejecutivo de conformidad con lo que habíamos pedido al principio”, dice Batista.

Esta situación ocurre en Goiás, donde la institución está a la espera de que el gobierno designe 27 defensores aprobados en concurso para poder abrir oficinas en otras ciudades. Pero eso también es depende de la voluntad del gobernador Marconi Perillo.

Por eso es que los defensores quieren cambiar la Ley de Goiás, independizarse del órgano político para tener libertad de acción.

"Todavía no podemos golpear de frente. Tenemos que ir despacio para conseguir lo que queremos, que es la aprobación de una nueva ley. Tenemos que ir con mucho cuidado para lograr esta autonomía", cuenta Lucía Silva Gomes Moreira, defensora general de Goiás.

Nombramientos políticos

En algunos estados, la defensa pública es casi un órgano político. Eso ocurre en Amapá, un territorio fronterizo en la Amazonia brasileña, al norte del país, cubierto por bosque casi en su totalidad. Allí, 782.295 personas esperan desde hace casi 30 años por la creación de una Defensoría Pública en el estado. Los ingresos de una tercera parte de la población no superan los tres salarios mínimos, es decir, son el público de la Defensoría.

En Amapá se necesitan al menos 53 defensores públicos para garantizar un buen servicio, según un estudio del Instituto de Investigación Económica Aplicada (Ipea).

Aunque el problema en Amapá no es el número de abogados públicos –hay 100, asegura el defensor público general, Horacio Magalhães– sino la forma en que fueron elegidos y su libertad de acción.

Para evitar las influencias externas a su trabajo, los defensores públicos se eligen mediante un concurso público y deben ejercer exclusivamente dentro de la institución.

Eso no es así en el caso de la Defensoría de Amapá, creada por un decreto del gobernador Aníbal Barcellos en 1991. Los profesionales responsables de atender a los pobres acusados de delitos no fueron electos por concurso, sino que los designó el gobernador.

"Es una verdadera pérdida para la población de Amapá", dice Antonio Maffezoli, presidente de Anadep.

Su crítica se basa en que a menudo la institución tiene que actuar en los casos en contra de los representantes del Ejecutivo, incluso el gobernador, por lo que no se garantiza la independencia del órgano defensor.

Tras la presión judicial de Anadep junto a la Corte Suprema, el estado se comprometió a promover un concurso público para reemplazar su marco de defensores. Pero a la fecha no ha cumplido.

Horacio Magalhães prevé que esa selección se produzca en la segunda mitad del 2017. Habrá que esperar.

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