La letra chica de tu contrato que te impide demandar a tu empleador en EEUU

El lunes, una agencia federal anunció una nueva regulación que les prohíbe a las empresas añadir cláusulas en los contratos con consumidores que les obliguen a arbitrar controversias. La medida de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB), un organismo federal, garantiza el derecho de los consumidores a entablar demandas judiciales colectivas contra los bancos, proveedores de servicios móviles y otras corporaciones, una victoria para los consumidores a quienes las cláusulas escondidas en letra pequeña les ha prohibido acudir a los tribunales.

Sin embargo, e s una victoria que abarca sólo a los consumidores, no a las personas que trabajan para esas empresas y que se encuentran también sometidas.

"Ni siquiera aborda la perniciosa propagación de las cláusulas de arbitraje obligatorio en los contratos de trabajo que les impiden a los trabajadores luchar contra el robo salarial y la discriminación en el lugar de trabajo", dice Rachel Deutsch, abogada principal para la justicia del trabajador en el Centro para la Democracia Popular. "No es
probable que el gobierno federal haga algo en ese sentido".

Wells Fargo, Citibank, Comcast, AT&T y Time-Warner Cable están entre los sospechosos habituales que implementan cláusulas de arbitraje obligatorio. Pero también están Olive Garden, T.G.I. Friday's y Applebee's. Las cadenas minoristas también, incluyendo Macy's y Target, así como servicios bajo demanda, como Amazon, Uber y Lyft. Todas esta empresas obligan a sus trabajadores, no (sólo) a sus clientes, a renunciar a sus derechos a demandas judiciales colectivas.

El arbitraje obligatorio se ha vuelto una preocupación crítica entre activistas laborales en los últimos años. La práctica se ha filtrado desde los bancos y compañías de tarjetas de crédito, hacia los pequeños empresarios. Incluso las bodegas locales en la Ciudad de Nueva York hacen uso de estas cláusulas, dice Deborah Axt, codirectora ejecutiva de Make the Road New York, una organización sin fines de lucro que representa los intereses de las comunidades latinas de clase trabajadora. Desde Lyft hasta la tienda de la esquina, las empresas de todo tipo están siguiendo el ejemplo de gigantes como Verizon e insisten en que resuelven sus problemas fuera de los tribunales.

"El sentimiento visceral de alarma para nuestra base de miembros ha ido en aumento", dice Axt.

Imagen de un contrato de tarjeta de Wells Fargo (CA-Centro para la Democracia Popular) .

Las cláusulas de arbitraje obligatorio afectan desproporcionadamente a los trabajadores con salarios bajos. Si bien la ley que guía los acuerdos de arbitraje es federal, los gobiernos estatales y locales están empezando a tomar medidas para proteger al creciente número de trabajadores sometidos a estas cláusulas. La economía por encargo, en particular, se perfila como un campo de batalla local por los derechos de los trabajadores.

Ejemplo: un informe sobre arbitraje obligatorio del Centro para la Democracia Popular detalla la difícil situación de "Alexandria", una trabajadora por contrato empleada por Handy, un servicio de limpieza basado en aplicaciones. Ella alega que los trabajos a los que se les destinaba cierto período de tiempo, a veces necesitaban mucho más tiempo para concluirse. Por ejemplo, una tarea de cuatro horas se convertía en un pesado trabajo de limpieza de 12 horas. Pero como Handy clasifica a Alexandria como una contratista independiente, le tocaba a ella negociar su remuneración justa con los clientes, poniendo en riesgo su valoración del cliente (Handy sólo procesa el trabajo y el pago). Después de que Alexandria finalmente desactivó su cuenta, alega que la empresa intentó debitar de su tarjeta de crédito las citas perdidas que Handy continuó programando para ella. Al final, sus denuncias de presuntos salarios perdidos contra Handy no sumaron lo suficiente como para cubrir los gastos de arbitraje.

" Desde al menos 2013, los contratos individuales de Uber con sus conductoress contienen una cláusula de arbitraje que les prohíbe a los conductores participar en una demanda judicial colectiva", escribió Katherine V.W. Stone en un informe del Instituto de Política Económica. "Esta cláusula compuesta de arbitraje obligatorio o renuncia a demanda judicial colectiva ha sido la espada de Damocles que pende sobre el litigio de acción colectiva de Uber".

Los mandatos de arbitraje pueden adoptar varias formas, desde lenguaje contractual explícito (como en el ejemplo anterior) hasta mensajes de correo electrónico de la empresa y mensajes físicos en el lugar de trabajo. Estas cláusulas les impiden a los trabajadores unirse para demandar a sus empleadores, lo que significa que cualquiera con una queja tiene que actuar solo, incluso aunque muchas personas compartan la misma queja. El arbitraje obliga a David a enfrentarse solo contra Goliat. Los costos del arbitraje se inclinan en favor de este último, así como los resultados.

Según la Asociación Estadounidense para la Justicia, las partes en un arbitraje enfrentan honorarios de audiencia que van en promedio de 250 a 750 dólares por día. Aunque el litigio también suma, la mayoría de los gastos judiciales los pagan los abogados que trabajan de forma condicional, mientras que los otros costos (como el uso de la sala de audiencias o el salario del juez) los paga la corte. Y las cláusulas de arbitraje pueden exigir que los empleados cubran los honorarios si pierden.

"Una de las historias en nuestro informe fue acerca de un trabajador de Wells Fargo quien fue objeto de una venganza por delatar algunas de las prácticas fraudulentas contra el consumidor en el banco", dice Deutsch, refiriéndose al escándalo por cuentas falsas de Wells Fargo. "Fue presionado por el mediador a aceptar una miseria porque fue amenazado con tener que pagar los honorarios legales de Wells Fargo, que estaban ascendiendo durante el procedimiento".

Además, al final, las audiencias de arbitraje raramente fallan en favor de los trabajadores. Según el Instituto de Política Económica, los empleados ganan las audiencias de arbitraje alrededor de una quinta parte de las veces. Los trabajadores tienen 1.7 veces más probabilidades de ganar audiencias en el tribunal federal y 2.6 veces más probabilidades de ganar audiencias en el tribunal estatal.

La interpretación de los tribunales sobre el arbitraje ha cambiado sustancialmente en las últimas tres décadas. Desde 1984, la Corte Suprema de Estados Unidos ha llegado a una serie de interpretaciones cada vez más amplias de una ley de 1925 llamada la Ley Federal de Arbitraje. El alcance y la implementación de los acuerdos de arbitraje han crecido como consecuencia. Prácticamente todas las universidades con fines de lucro actualmente (un 98%) emplean las cláusulas de arbitraje obligatorio (en particular, la Trump University no hizo esto, allanando el camino para el acuerdo resolutorio de 25 millones de dólares alcanzado justo después de las elecciones de 2016). Cuando la expresentadora de Fox News Gretchen Carlson presentó una demanda alegando acoso sexual, demandó a Roger Ailes, no a Fox News, como una manera de eludir el arbitraje obligatorio. Recibió un acuerdo resolutorio de 20 millones de dólares.

Aunque la Oficina de Protección Financiera del Consumidor acaba de restaurar los derechos del consumidor a las demandas de acción colectiva, para los trabajadores con salarios bajos, la compensación puede corresponderle al gobierno estatal o local. Un ejemplo es la Empowering People in Rights Enforcement (EMPIRE) Worker Protection Act (Ley de Protección a los Trabajadores para Capacitar a las Personas en Aplicación de los Derechos) propuesta por Nueva York, un proyecto que toma como modelo una ley del estado de California. El proyecto de ley tiene como propósito cerrar la brecha entre las generalizadas reclamaciones de robo salarial y la capacidad del estado para aplicar las leyes de protección laboral. La ley EMPIRE podría autorizar a los trabajadores y a los consumidores a exigir determinados estatutos en nombre del estado, mientras que el estado conservaría el control de la demanda (y recibiría la mayoría de los daños).

"Dado que el estado no ha firmado un acuerdo de arbitraje —incluso aunque a los trabajadores se les haya obligado a renunciar a su derecho a entablar, por ejemplo, demandas por infracciones del salario mínimo— [los trabajadores] aún pueden, en nombre del estado, buscar las sanciones que están incluidas por ley y que están diseñadas para promover el cumplimiento, lo cual es del interés del estado", dice Deutsch.

Otra estrategia es la desinversión. Seattle, por ejemplo, votó a principios de este año para cortar sus lazos de 3,000 millones de dólares con Wells Fargo a causa de su financiamiento del Dakota Access Pipeline. La Ciudad de Nueva York ha amenazado con desinvertir en cualquier empresa que colabore con el utópico muro fronterizo del presidente Donald Trump. Nueva York ya ha sacado sus fondos de pensiones de empresas penitenciarias privadas.

"En el mismo sentido, las grandes ciudades pueden optar por no hacer negocios con empresas que utilizan el arbitraje obligatorio en sus contratos con los consumidores y los trabajadores", dice Deutsch. "Además del componente de los valores, hay una obligación de transparencia. Nuestro sistema de justicia está diseñado para permitir que el público observe a los jueces imponer decisiones jurídicamente vinculantes, las actuaciones judiciales, los registros judiciales. Todos están abiertos al público. Pero el arbitraje sucede en secreto. Los tribunales prácticamente no pueden revisar las deciones. Y no son públicas".

Las ciudades tienen interés en saber si las empresas en las que invierten o apoyan están discriminando a los trabajadores por su género, por ejemplo, o si no les pagan a los proveedores salarios justos. Solo por el debido proceso, las ciudades tienen interés en una solución más transparente de los conflictos entre empleadores y empleados. No es probable que estos últimos encuentren reciban mucho apoyo de la administración Trump o de una Corte Suprema conservadora.

"Cuando una ciudad tiene facultades coercitivas para pedirles cuentas a estas corporaciones por sus infracciones legales por las que propios los trabajadores y consumidores no pueden pedirles cuentas, entonces puede reforzar esas facultades", dice Axt.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés en CityLab.com.