¿Vale la pena quitarle dinero a la policía para apoyar temas como la vivienda, la educación y la salud?

Uno de los puntos más polémicos de la plataforma de Black Lives Matter es la idea de la desinversión en los departamentos de policía. Ésta es la exigencia de que las agencias del gobierno desvíen fondos de las fuerzas del orden y dediquen esos recursos a programas que las comunidades, especialmente afroestadounidenses y latinas, realmente desean, como viviendas asequibles.

Esto es controversial porque cualquier cosa que tienda a enfrentar las vidas de personas de color contra las llamadas ‘ vidas azules’ en el panorama político en estos días provoca la indignación de la derecha como muy pocas otras cuestiones. Pero, hasta ahora, el debate de la desinversión ha carecido de detalles prácticos acerca del aspecto que tendría, precisamente, una iniciativa de este tipo. Un nuevo informe elaborado en nombre de una coalición nacional y grupos locales de justicia racial expone la idea.

"Estas campañas de inversión/desinversión, que abogan por las inversiones en servicios de apoyo y la desinversión de las instituciones punitivas, cuestionan las raíces mismas de la criminalización y la masiva inequidad", se lee en el informe. "Exigen que los funcionarios electos y responsables de la toma de decisiones reconozcan que la falta de inversión en las comunidades de color y el exceso de inversiones en su penalización es emblemática de la indiferencia gubernamental hacia las vidas de las personas de color".

Sin embargo, el informe se ocupa menos de escrutar los funcionarios electos y se enfoca más en la participación de las comunidades en los procesos presupuestarios de sus gobiernos locales. Dedica unas cuantas páginas a desglosar los diversos componentes de los presupuestos de ciudades y condados antes de exponer su caso sobre cómo las jurisdicciones pueden asignar mejor los recursos.

"Este informe es innovador porque hablamos a menudo de las comunidades de color, y especialmente de que las comunidades de bajos ingresos carecen de inversiones, de recursos y que tienen muchísimas necesidades", dice Jennifer Epps-Addison, codirectora ejecutiva del Centro para la Democracia Popular. "Lo que nuestro informe muestra es que, de hecho, hay una cantidad increíble de inversiones en las comunidades de color. Pero van dirigidas a penalizarlas".

Ese tipo de financiamiento de la penalización existe en la mayoría de las doce ciudades y condados analizados en el informe. En cada perfil, los presupuestos públicos se desglosan para mostrar el porcentaje de fondos dedicados a los costos relacionados con la policía/el sistema penitenciario en comparación con "gastos en los recursos y servicios que mantienen a las comunidades verdaderamente seguras... salud y salud mental, educación, desarrollo de los jóvenes, desarrollo de la fuerza laboral y transporte público".

En Atlanta, por ejemplo, aproximadamente un 13% del presupuesto operativo de la ciudad (251.7 millones de dólares) es para la policía y los departamentos de correcciones, mientras que sólo un 3% (59.9 millones de dólares) se destina a los departamentos de desarrollo comunitario y parques y recreación, que manejan el transporte público, las viviendas asequibles y los programas extraescolares. En Chicago, un 17.6% de su presupuesto de funcionamiento, o aproximadamente 1,500 millones de dólares, se destina a la policía. En cambio, un total de 5.4% (450 millones de dólares) van a los departamentos de planificación y desarrollo (que gestiona la vivienda asequible), la salud pública, los servicios familiares y de apoyo y el transporte.

En la raíz del informe se encuentra un llamado a redefinir la seguridad de la comunidad. El Centro para la Democracia Popular, Law for Black Lives y Black Youth Project 100 trabajaron con 27 organizaciones comunitarias y de base de todo el país para producir el documento de 100 páginas. Los miembros del grupo encuestaron a personas en sus comunidades —muchas de los cuales se encuentran entre las más acosadas por la violencia y la excesiva vigilancia policial— pidiéndoles que imaginaran cómo sería un vecindario verdaderamente libre y seguro. No es de sorprenderse que encontraran que lo que estas comunidades entienden por seguridad no involucra el monitoreo y la vigilancia constantes, sino un mejor acceso a cosas como la asesoría para traumas y adicciones. Los miembros de las comunidades dijeron sentirse más seguros con programas que ayudan a la gente a superar los retos de la vida y afrontar los estigmas que vienen con ellos.

Hay un gran cuerpo de investigación sobre la reducción de la delincuencia que coincide con ellos:

• Un informe del Sentencing Project de 2016 reveló que el encarcelamiento representaba quizás un 25% de la disminución de la delincuencia desde la década de 1990. Mientras tanto, la investigación "demuestra que las inversiones en el tratamiento de drogas, las intervenciones en familias en situación de riesgo y los programas de finalización del ciclo escolar son más económicos que la ampliación del encarcelamiento como medidas de lucha contra la delincuencia", se lee en el informe.
• Un informe del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca (en la era de Obama) encontró que "un 10% de aumento en los salarios para hombres no universitarios resulta en aproximadamente un 10% a 20% de reducción en las tasas de criminalidad".
• El 19 de junio, expertos en salud pública del Public Safety Performance Project del Pew Charitable Trust escribieron una carta declarando que "no existe relación estadísticamente significativa entre las tasas de encarcelamiento de infractores de las leyes antidroga y tres indicadores de problemas de drogas en el estado: las tasas de uso de drogas ilícitas, las muertes por sobredosis de drogas y los arrestos por drogas".
  

Éstos son los tipos de soluciones hacia los que el reporte les pide a las ciudades readaptar sus presupuestos. Y algunas ciudades han comenzado a hacerlo, con diversos grados de éxito. Por ejemplo, en el pasado mes de diciembre, en Minneapolis, Neighborhoods Organizing for Change instó a la ciudad a desviar aproximadamente 1.5 millones de dólares hacia la " seguridad más allá de las estrategias de vigilancia" implementada por el departamento de salud de la ciudad y por organizaciones comunitarias. Sin embargo, Minneapolis también contrató a 15 agentes de policía más con ese mismo presupuesto, que asciende a cerca de 4 millones de dólares. Como muestran los gráficos de OpenGov de la ciudad, el importe que la ciudad gasta en la aplicación de la ley empequeñece lo que gasta en salud y así ha sido por lo menos desde 2008.

Pero si estas ciudades adoptaran otra postura y gastaran un tercio de sus fondos en cosas como clínicas, capacitaciones laborales y vivienda, ¿los residentes negros y latinos realmente estarían más seguros?
Quizás con residentes más saludables y económicamente acomodados, los crímenes violentos disminuirían en estas comunidades. Pero ¿qué pasa con la inseguridad en los vecindarios que proviene de la vigilancia policial insensata y racista, el problema que impulsó en primer lugar la propuesta de desinversión/inversión? Sabiendo que algunos agentes de policía se enfocan en latinos y afroestadounidenses independientemente de su riqueza o posición social, yo no estaba totalmente convencido:

• En Baltimore, los investigadores del Departamento de Justicia descubrieron que la policía de forma desmedida detuvo a afroestadounidenses en sus coches en los nueve distritos policiales de la ciudad independientemente de la filiación racial y económica de cada distrito.
• El grupo operativo del alcalde de Chicago dedicado a la reforma de la policía informó que las denuncias de racismo de la policía en la ciudad "provinieron de una importante sección representativa de personas: hombres y mujeres, jóvenes, personas de mediana edad y mayores, médicos, abogados, profesores y otros profesionales, estudiantes, y trabajadores comunes y corrientes. Independientemente de la demografía, las personas de color expresaron su indignación sobre cómo son tratados por la policía".
• Philando Castile, quien fue asesinado por la policía cerca de Saint Paul, Minnesota, tenía decenas de infracciones de tráfico en su expediente, pero nada violento o criminal. En todo caso, sus casi 50 detenciones de tráfico fueron el resultado de la caracterización racial, no porque careciera de un empleo o vivienda.
• Apenas el lunes pasado, la única fiscal afroestadounidense de Florida, Aramis Ayala, fue detenida por la policía, aparentemente sin motivo alguno, en lo que parece ser un incidente de caracterización racial.
  

Resumiendo, independientemente de su posición social o antecedentes educativos, las personas de minorías aún son detenidas, cacheadas, interrogadas, golpeadas, despreciadas y asesinadas por la policía.

Más allá de la censura, la policía necesita rendir cuentas, lo que significa invertir en cosas como formación, asesoramiento, supervisión, nuevos sistemas informáticos y nuevos equipos, como cámaras corporales y armas no letales. De todas formas, éstas son las cosas que se piden en los decretos de consentimiento entre el Departamento de Justicia y los departamentos de policía problemáticos, pero deben ser pagadas y son caras. Esos costos son las razones por las que el Consejo Municipal de Ferguson intentó salirse de su decreto de consentimiento con el Departamento de Justicia, como lo intentó una vez Nueva Orleans también.

Éstas son también las cosas que podrían ser las primeras víctimas de la desinversión en la policía. ¿Sería menos racista un departamento de policía con menos fondos, menos personal y recursos? ¿O la policía se comportaría de forma aún más aborrecible y opresiva, pero con menos mecanismos para la rendición de cuentas?

"Una de las maneras para ayudar a frenar la arraigada violencia de estado perpetuada desde dentro de las fuerzas policiales es garantizar que los recursos que reciben estén dirigidos a resolver la mayoría de los crímenes más violentos", dice Epps-Addison, quien fue defensora pública en Milwaukee. " Cuando tenemos más policía, observamos un aumento en la vigilancia tipo ventanas rotas, donde la policía vigila la pobreza y no los crímenes. Estamos viendo los puestos de control donde la policía vigila a personas indocumentadas que están en sus quehaceres cotidianos. Eso no resulta en comunidades más seguras".

Janaé Bonsu, la directora de Política Nacional para Black Youth Project 100 (una de las organizaciones representadas en el informe), señala que las cosas como cámaras corporales y pistolas paralizantes le han dado a la policía únicamente "la apariencia de legitimidad". "Sólo las cámaras corporales, por ejemplo, han sido una de las soluciones favoritas para la rendición de cuentas de la policía en los últimos años", dice Bonsu, "pero te será difícil hallar casos en que las imágenes tomadas por las cámaras de cuerpo, o incluso las imágenes en general, hayan resultado en la rendición de cuentas policial".

De hecho, los asesinatos cometidos por la policía como el de Alton Sterling en Baton Rouge y Castile en Minnesota fueron captados por cámaras civiles y policiales y, sin embargo, los agentes fueron absueltos en ambos casos. Pero, a pesar de lo polémica e inquietante que puede ser la política de la policía en cuanto a las cámaras, existen casos de imágenes grabadas que se han utilizado para llevar ante la justicia a la policía. Además, las grabaciones de cámaras funcionan de otras formas que aportan valor a la discusión sobre la rendición de cuentas policial.

De hecho, un grupo de investigadores de la Universidad de Stanford utilizó imágenes de las cámaras corporales para publicar este informe a principios de este año, mostrando que la policía trata y habla con los conductores afroestadounidenses de forma mucho más irrespetuosa durante los controles de tránsito que cuando trata con conductores blancos. Esta situación ocurre en varias áreas geográficas, mostrando que "ni la tasa de delincuencia ni la densidad de negocios en el área del control de tránsito fueron importantes". Los investigadores observaron el "poder de las imágenes de las cámaras de cuerpo como una fuente importante de datos, no solo como evidencia, abordando las limitaciones con metodologías que se basan en el recuerdo de los ciudadanos de interacciones pasadas o la observación directa de los investigadores del comportamiento de la policía".

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Como afroestadounidense, yo personalmente no quiero financiar el abuso, cacheo y encarcelamiento de otros afroestadounidenses mediante mis impuestos. En teoría, la estrategia de inversión/desinversión parece completamente sensata, si bien la idea de premiar a las fuerzas policiales que exhiben patrones y prácticas de aplicación inconstitucional de la ley con más financiación parece una locura. Y, sin embargo, eso es exactamente lo que hace el Departamento de Justicia con los departamentos de policía involucrados en el asesinato de afroestadounidenses.

Suponiendo que la policía siga existiendo durante mi vida, me preocupa qué podría llenar el vacío si ésta desapareciera, como algunos activistas han exigido. Harold Pollack, profesor de salud pública y codirector del Laboratorio de Criminalística de la Universidad de Chicago, tiene dudas similares.

"Creo que la gente tiene quejas muy válidas: existe un tremendo desequilibrio entre la respuesta de la justicia penal y la respuesta de todo lo demás a los problemas de las comunidades minoritarias de bajos ingresos y las personas tienen mucha razón en notar ese desequilibrio", dice Pollack. "Sin embargo, creo que desinvertir en recursos policiales es desacertado teniendo en cuenta el fondo y las políticas de las zonas urbanas de Estados Unidos. La desinversión provocaría una mayor vigilancia policial negativa y menos vigilancia positiva, y también establece una dinámica que beneficia a aquellas personas que no desean el bien de estas comunidades. Si yo fuera Donald Trump y Jeff Sessions, y quisiera inventar una manera de demonizar Black Lives Matter, y demonizar a la gente preocupada por los abusos de la policía, y polarizar el debate sobre la aplicación de la ley en las zonas urbanas, éste sería un gran tema para mí".

Para ser justos, los grupos detrás del informe están desafiando a la gente a pensar acerca de lo que significa ser libres y seguros de formas que no resulten afectadas por las realidades políticas actuales. Pidieron a las comunidades que se ven más afectadas por la policía y la violencia que determinaran qué significa la seguridad del vecindario según sus propios términos, y ésta es una tarea digna.

Sin embargo, me preocupa que vecindarios y distritos de negocios más opulentos también están visualizando la ‘seguridad’ en sus propios términos. Muchos de ellos están invirtiendo en sus propias fuerzas de seguridad privadas, algunos con la creencia de que los actuales servicios de policía son insuficientes. Estos cuerpos de policía privados están en aumento, están armados y rinden aún menos cuentas ante el público que la policía tradicional. Lo último que las comunidades de color necesitan ahora son un montón de gente como George Zimmerman con poderes policiales.

Sin embargo, Epps-Addison desestima esa preocupación. "Francamente, las comunidades que están considerando esta táctica no son las comunidades que más devasta o afecta el crimen", dice ella. "Para mí, y para la mayoría de las personas entrevistadas para el informe, la mayoría de ellas desea la libertad para imaginar y soñar con una comunidad que no necesita ser supervisada, custodiada y oprimida. ¿Qué significa ser libre cuando uno ha sido detenido por la policía más de 40 veces sin haber cometido crímenes, como le sucedió a Philando Castile? ¿Cómo podemos definir eso como seguridad, cuando las personas que te están deteniendo y están autorizadas a hacerlo, ahora son las mismas personas que te han asesinado?".

Para Bonsu de Black Youth Project 100, el argumento tiene menos que ver con privar a la policía de recursos y más con financiar otras instituciones no policiales para tareas que probablemente no deberían dejárseles a la policía en primer lugar. " En lugar de comprar un montón de nuevos equipos o entrenamiento para los departamentos de policía, ¿por qué no probar una unidad móvil de intervención en crisis para responder a las llamadas al 911 para las personas con crisis de salud mental, especialmente cuando hay profesiones que ya se dedican a ese trabajo?", dice ella.

Esto es razonable: muchas autoridades policiales han estado diciendo que las han hecho responsables de cuidar demasiados fracasos de la sociedad.

"Queremos el mismo tipo de vigilancia policial que recibe la gente blanca", dice Epps-Addison. "Cuando hay una crisis de salud mental, queremos que la policía no sea la primera en responder en las comunidades negras, porque es raro que sea la primera en responder en comunidades blancas, y raras veces es la primera en responder en las comunidades pudientes".

Sin duda, hay muchas cosas que merecen desinversión dentro de los departamentos de policía. Por ejemplo, la clase de tanques y armamentocomo los del juego de video Call of Duty que la policía desplegó durante los disturbios de Ferguson no inspira confianza en la comunidad. Pero enfrentar los presupuestos de la policía contra los presupuestos de los departamentos de salud y las escuelas podría no ser siempre la mejor estrategia (véase la cuarta temporada de "The Wire" para saber cómo termina esa batalla).

Sin embargo, si el problema es la respuesta a la crisis de salud, Pollack se pregunta por qué los presupuestos de aplicación de la ley son el blanco: hay mayores ollas de dinero que perseguir. "¿Por qué no ir a los departamentos de policía de cada ciudad y decirles que defiendan la expansión de Medicaid?", se pregunta. "De ahí es de donde van a venir todos los recursos para el tratamiento [de la salud mental] y los recursos de divulgación... esto trae mucho más dinero del que alguna vez pudiera salir del presupuesto de las fuerzas de aplicación de la ley. Podríamos desinvertir un 99% del presupuesto de la policía de la ciudad, pero si se aprueba este proyecto de ley de salud del senado, la policía será la primera en responder a muchísimos problemas de salud mental, porque no habrá otros recursos disponibles".

Así que quizás desinvertir en la policía no es la única cuestión. La forma en que las ciudades ceden terrenos libres de impuestos para estadios deportivos profesionales y distritos comerciales les quita financiación a las comunidades que necesitan más recursos. La legalización de la marihuana es una vía para que la policía deje tranquila a las comunidades mientras a su vez proporciona un nuevo flujo de ingresos para escuelas, salud y empleo. Pero, una vez más, muchos todavía consideran la legalización de la marihuana una idea descabellada, como lo era la legalización del consumo de alcohol antes, algo importante a tener en cuenta antes de rechazar los méritos de la desinversión en la policía.

"Quizás la gente considere este informe radical y abolicionista, pero realmente es un informe práctico basado en las mejores prácticas y la investigación sobre lo que realmente ayuda a las comunidades a tener éxito y lo que contribuye a reducir la delincuencia", dice Epps-Addison. "Eso es todo lo que le estamos pidiendo a la gente que considere".

Esta artículo fue publicado originalmente en inglés en CityLab.com, como parte de nuestro proyecto "La presencia de la Justicia", el cual es apoyado por una subvención del Safety and Justice Challenge de la Fundación John D. y Catherine T. MacArthur.