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El empate de la Corte Suprema es un fracaso para las ciudades

Tras el fallo continuará el congelamiento de las cortes menores de la Acción Diferida para Padres de Estadounidenses (DAPA, por sus siglas en inglés).
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23 Jun 2016 – 1:17 PM EDT

Este jueves, los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos llegaron a un empate 4 a 4 al tratar de tomar una decisión sobre la acción ejecutiva de inmigración del presidente Barack Obama, como parte del caso de Estados Unidos versus Texas. Esto significa que continuará el congelamiento de las cortes menores de la Acción Diferida para Padres de Estadounidenses (DAPA, por sus siglas en inglés).

Para los cinco millones de indocumentados que son padres de ciudadanos estadounidenses que podrían participar del programa, un apoyo frente a la deportación desapareció del horizonte, al menos para un futuro cercano. Y esto no sólo es una gran derrota para ellos y sus familias, sino para las ciudades en las que viven, en las que trabajan y a las que contribuyen.

Este resultado no es una sorpresa, dado a cómo la corte se ha dividido claramente en dos líneas ideológicas desde la muerte del juez Antonin Scalia. Y las argumentaciones orales no habían indicado algo distinto, aunque éstos no siempre son buenos indicadores del resultado de un caso.

Pero incluso luego de que un nuevo presidente tome el gobierno y se encuentre un reemplazo para el juez Scalia, una resolución limpia para este caso podría ser lejana. Como lo explicó Dara Lind, de Vox, en abril, todo se podría volver muy caótico:

El caso de Estados Unidos versus Texas continuará avanzando como un zombie, a través de las cortes, hasta que reciba una sentencia final. Mientras tanto, los partidarios de la acción ejecutiva del presidente podrían intentar que otra coalición de estados demande en otra corte, para empezar a implementarla, creando una posible división entre cortes de apelaciones, la que generaría que las acciones ejecutivas fueran constitucionales en algunas partes de Estados Unidos e inconstitucionales en otras partes del país.

Una demanda increíblemente politizada


La política de inmigración es algo que, de manera clara, está bajo la competencia del gobierno federal (incluso los jueces conservadores en la Corte Suprema han aceptado esto en el pasado). Pero luego de que el presidente Obama anunciara DAPA en 2014, Texas y otros 25 estados liderados por republicanos crearon esta demanda, efectivamente tomando una posición opuesta, bajo el argumento de que se verían dañados.

Texas dijo que el costo de crear nuevas licencias de conducción para los elegibles a DAPA constituirían un costo económico inmenso. Los estados también cuestionaron si DAPA es consistente con la ley de Inmigración y Nacionalidad, y si se había aplicado de acuerdo a la ley de Procedimientos Administrativos.

En 2015, las cortes menores fallaron a favor de Texas y estos otros estados, bloqueando a DAPA antes de que comenzara. En enero de 2016, la Corte Suprema accedió a clarificar estos temas que surgieron en las cortes menores. El 11 de abril, el veterano reportero judicial Lyle Denniston describió así la situación en el sitio SCOTUSblog:

De muchas maneras, el caso de Estados Unidos versus Texas ilustra muchísimo sobre el actual clima político en EEUU y en la capital del país en particular. Esto refleja el punto muerto, la polarización partisana y el uso de demandas a veces creativas para conseguir lo que una posición política busca.

El veredicto dividido del jueves completamente refleja esta aseveración de Denniston. Deja a este caso, junto a otros, en una “dimensión desconocida” legal. DAPA podría, ciertamente, terminar volviendo a la Corte Suprema. Pero también podría ser decidida de manera diferenciada en distintas cortes menores en el país.

Hay un sinnúmero de permutaciones y combinaciones sobre cómo este caso podría seguir su curso. El abogado de la Corte Suprema Tejinder Singh lo explicó así en el sitio SCOTUSblog:

El gobierno podría ciertamente continuar y pedir que esta cesación sea modificada, de acuerdo a futuros procedimientos. Y tema del alcance de esta cesación podría no importar, incluso si fuera limitada, ya que Estados Unidos podría decidir no seguir promoviendo DAPA si no lo puede hacer en todos lados en los mismos términos. Hay muchas bolas todavía en el aire, y podría haber bastante acción en las cortes menores respecto a esto.


El impacto que un dictamen distinto podría haber tenido

DAPA afectaría directamente a unos cinco millones de padres, pero su impacto, si las cortes hubieran dado luz verde, habría sido mucho más grande. Alrededor de diez millones de familias residentes en Estados Unidos tienen al menos un miembro que era elegible para apoyo a través de este programa, de acuerdo a un informe confeccionado por el Instituto de Políticas Migratorias y el Instituto Urbano a principios de 2016.

En este documento, los investigadores estimaron que poder trabajar legalmente mejoraría el ingreso promedio de estas familias en un 10%. Se trata de familias que tienen un índice de pobreza de un 36%, especialmente alto comparado con el total de las familias inmigrantes (22%) y mucho más alto que el promedio de las familias con padres nacidos en Estados Unidos (14%). El número de familias DAPA en pobreza, de haberse ejecutado el programa, se habría reducido en un 6%.

Y estos son solo los beneficios económicos de DAPA, según explica el reporte:

Más allá de proteger a niños y a sus familias de daño económico sustancial debido a la deportación de sus padres, la Acción Diferida habría aliviado respecto a los estudiados problemas psicológicos, sociales y de desarrollo que están asociados a tener un padre sin documentos.

Como he escrito previamente, los inmigrantes, tanto documentados como indocumentados, viven dentro y alrededor de las áreas metropolitanas de Estados Unidos y siempre lo han hecho. Ellos construyen ciudades y suburbios, ayudan a que estas funcionen e innoven respecto a su futuro.

No está claro si todos estos inmigrantes que podrían acceder a DAPA habrían logrado salir adelante si esta prohibición se hubiera levantado. Y sí, una decisión a favor del gobierno habría significado mucho trabajo para las ciudades. Pero también habría llevado a ver beneficios de largo plazo para las ciudades. Audrey Singer, que ha hecho extensa investigación en los inmigrantes en áreas metropolitanas para el Instituto Brookigs, y que ahora es un senior fellow en el Instituto Urbano, lo explicó así a CityLab vía email:

Las ciudades tienen mucho que ganar al apoyar a estos inmigrantes para que transiten de un estatus indocumentado a uno de protección temporal de la deportación, logrando una ayuda inmediata, autorización de trabajo y, en algunos lugares, licencias de conducir. Todas estas cosas mejorarán sus oportunidades económicas y serán, a su vez, buenas para las ciudades.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés en CityLab.com.


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