Caso Ayotzinapa

Fiscalía respalda teoría del quinto autobús, desvelada por el GIEI en la investigación del caso Ayotzinapa

El vehículo que desapareció misteriosamente de las investigaciones oficiales hasta este miércoles puede ser clave en la desaparición de 43 estudiantes en Iguala en 2014.
9 Jun 2016 – 1:02 AM EDT


En la desaparición de 43 estudiantes en la localidad de Iguala (Guerrero, al sur de México) en la noche entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014 sí estuvo involucrado un “quinto autobús”, como lo había denunciado un grupo de expertos independientes, reconoció el miércoles la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía mexicana).

La noche del 26 de septiembre de 2014, decenas de estudiantes de la escuela para maestros Isidro Burgos, de Ayotzinapa, tomaron cinco autobuses en Iguala --zona de producción de amapola-- con la intención de trasladarse en ellos a una manifestación, cuando les atacaron policías municipales, dice la versión de las autoridades. El llamado "quinto autobús", que no aparecía en las investigaciones oficiales hasta este miércoles, podría ser una pieza clave en el caso, pues la organización criminal Guerreros Unidos aparentemente suele usar autobuses de pasajeros para transportar paquetes con droga.

La toma de los cinco autobuses "motivó a una célula de Guerreros Unidos a actuar en contra los 43 estudiantes por considerar que estaban poniendo en riesgo su negocio" explicó Eber Omar Betanzos, subprocurador de derechos humanos de la fiscalía mexicana, en la presentación del “Informe sobre el caso Iguala: Estado que guarda la investigación de los hechos del 26 y 27 de septiembre”.

Se destapa la cloaca

Vidulfo Rosales, el abogado de las familias de los estudiantes desaparecidos, dijo en entrevista con Univision Noticias que el tema del quinto autobús es fundamental, “porque solo así nosotros podemos explicar por qué hubo un operativo tan fuerte tendiente a impedir la salida de cualquier camión que pudiera transportar algún material ilícito”.

Las autoridades han dicho que policías de las alcaldías de Iguala y Cocula, coludidos con el grupo Guerreros Unidos, les entregaron a los estudiantes pensando que más bien eran miembros de una banda rival, por lo que éstos los habrían asesinado, incinerado y tirado sus restos al río San Juan, en Cocula.

Hasta la fecha, las hipótesis de las autoridades no contemplan la participación de policías estatales o federales, o de miembros del Ejército –como han sugerido tanto testigos como los expertos independientes--.

“Estos lamentables eventos nos alertaron sobre fallas, abusos de poder, corrupción y la infiltración de organizaciones criminales en algunas corporaciones policiales municipales en la zona norte de Guerrero (…) el grupo delincuencial autodenominado ‘Guerreros Unidos’ tejió una red de complicidades, especialmente en Iguala, en Cocula y municipios aledaños y se infiltró en los cuerpos de seguridad municipal. Su penetración alcanzó a diversos servidores públicos de ese orden de gobierno”, acotó Betanzos.

Rosales añadió que la PGR les aseguró que tiene disposición para investigar sobre la posible participación de policías municipales de Huitzuco o policías federales, además de que aseguró que próximamente “habrá una reunión con los padres de familia y las compañías telefónicas que contrató PGR para que expliquen por qué razón los celulares de los estudiantes estuvieron activos los días 27, 28 y 29 de septiembre”.

Limpieza en la fiscalía

Por otro lado, los familiares de los 43 alumnos han solicitado también la destitución de Tomás Zerón, titular de la Agencia de Investigación Criminal, que fue desmentido por la ONU después de que el funcionario mexicano afirmara que miembros de esa oficina en México atestiguaron una diligencia en el río San Juan el 28 de octubre de 2014.

“Por otra parte, es importante mencionar que con motivo de la publicación del segundo informe de asistencia técnica del GIEI, el 24 de abril pasado, en el que se plantean señalamientos sobre posibles irregularidades cometidas por servidores públicos de la Procuraduría General de la República en la sustanciación de la investigación y demás diligencias realizadas para el esclarecimiento de los hechos, la sanción de los responsables, y la satisfacción de los derechos de las víctimas y la sociedad; la Visitaduría General y el Órgano Interno de Control de esta institución, desde el 27 de abril, ha iniciado las investigaciones respectivas para determinar lo que conforme a derecho corresponda”, dice la fiscalía sin mencionar nombres.

El abogado Vidulfo Rosales agregó que en el tema de la investigación interna a los funcionarios de la fiscalía, “se nos informó que hay un avance considerable, que Sara Mónica Martínez, jefa de servicios periciales, ha sido separada de su cargo como principio de este aseo de la investigación en la PGR”.

“Nos dicen que sobre Tomás Zerón hay un dictamen técnico jurídico que están analizando --agrega-- y que la próxima semana van a determinar y nos van a dar a conocer. No han dicho nada sobre si lo van a separar o no del cargo. Nosotros seguimos insistiendo por supuesto en su separación como un presupuesto fundamental para construir la confianza que nos permita seguir en las investigaciones”.

El miércoles la fiscalía mexicana señaló que será ahora Alfredo Higuera Bernal quien se encargue de la investigación de este caso, en sustitución de José Aarón Pérez Carro.

Los números de la fiscalía

En la presentación del informe, el funcionario Betanzos informó que por el caso han sido detenidas 130 personas, entre funcionarios y presuntos miembros de Guerreros Unidos.

Detalló que se han emitido 422 resoluciones judiciales y suman 1,651 actuaciones periciales.

Además, la fiscalía ha recabado 850 declaraciones de estudiantes, integrantes del equipo de fútbol “Los Avispones de Chilpancingo”, presuntos miembros de Guerreros Unidos, policías, militares y otros testigos. El GIEI solicitó entrevistarse con miembros del Ejército para sus investigaciones, pero esto no le fue permitido por la fiscalía.

"Que no nos dejen solos"

En entrevista con Univision Noticias, Clemente Rodríguez, padre de Cristian Rodríguez –uno de los 43 desaparecidos, aseguró que “ todavía queda gente por detener, 'El Caminante', policía de Huitzuco, y el otro al que dejaron escapar, Felipe Flores”.

El GIEI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) colaboró durante 14 meses en las investigaciones sobre el caso, tiempo durante el cual fue señalando "fallas graves" en la indagatoria oficial. Su colaboración concluyó el 30 de abril, luego de que las autoridades mexicanas no le renovaran el permiso.

“Pues tenemos que cooperar con la PGR, porque ya no tenemos a quién más recurrir, después de que el gobierno corrió a los expertos”, lamentó Rodríguez.

Finalmente, el padre de familia hizo un llamado “a la gente, para que sepa la realidad de lo que estamos pasando, que no nos dejen solos, que nos acompañen en nuestras actividades para exigir que el gobierno nos entregue a los muchachos y no nos siga diciendo mentiras. Hay una página en Facebook de padres y madres de Ayotzinapa, ahí pueden ver toda la información. Esta investigación va para largo y a los jóvenes los vamos a encontrar, porque no nos queda otro camino”.

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