Más de 450,000 muertos: informe final de la Comisión de la Verdad revela el saldo devastador del conflicto armado en Colombia

Esta semana se publicó el informe final de la Comisión de la Verdad en Colombia, creada el 30 de noviembre de 2018 para desarrollar una investigación que arrojase luz sobre el verdadero impacto de los 58 años de conflicto armado en ese país.

Presidida por el sacerdote jesuíta Francisco de Roux y derivada de los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), firmados en 2016, la comisión lleva casi cuatro años de trabajo ininterrumpido en los que ha escuchado cerca de 30,000 testimonios, tanto de víctimas, como de miembros de grupos armados, paramilitares, guerrilleros, políticos, empresarios y hasta expresidentes de Colombia, incluido Álvaro Uribe, un ferviente crítico de los acuerdos de paz, que ha sido señalado por diversas fuentes por sus presuntos vínculos con el paramilitarismo.

Aunque no es vinculante, el minucioso informe recopila una gran cantidad de información y revela cifras estremecedoras de víctimas que superan a las que se manejaban hasta ahora sobre el conflicto. El documento plantea recomendaciones claras que van desde la reparación a las víctimas, el reconocimiento de responsabilidades tanto de forma individual como institucional o la reforma de los cuerpos policiales y militares del país, entre otras. Tales sugerencias tienen como objetivo que un conflicto similar no vuelva a ocurrir en el país.

El informe, la compilación de información y testimonios más exhaustivas que se haya hecho hasta entonces sobre el conflicto armado interno de Colombia, también analiza el papel central que ha jugado el narcotráfico y critica duramente las políticas de Estados Unidos hacia el país latinoamericano.

"Esos informes son valiosos per se como fuente de investigación para los académicos, para los intelectuales, para los estudios de la paz, pero si eso no tiene un mandato de que las recomendaciones sean de implementación obligatoria, pues están haciendo un canto a la bandera", dijo a Univision Noticias el periodista colombiano Víctor de Currea-Lugo, experto en Derecho Humanitario.

"En Guatemala utilizaron esa información para judicializar a Ríos Mont, pero después, no era el objtetivo de la comisión. En Perú eso se archivó y ya. Es una cosa muy simbólica, muchísimo esfuerzo, muy complejo, pero lo que queda de la implementación de las recomendaciones a nivel mundial sigue siendo muy pobre y no creo que Colombia vaya a ser diferente", agregó.

Según el experto, el mérito de la investigación está en mostrar el conflicto armado colombiano como un todo, no como hechos aislados, así como en "generar consciencia sobre lo que significa la paz".

Más de 450,000 muertos y 120,000 desaparecidos: las sosprendentes cifras del informe

Aunque el informe de la Comisión de la Verdad de Colombia no ha contado nada que no se conociera en el país, las cifras que arrojó han tenido un gran impacto, pues son más altas que lo que manejaban las diversas narrativas establecidas sobre el conflicto.

De acuerdo con la investigación, 450,664 personas perdieron la vida entre 1985 y 2018 a causa del conflicto armado. El 45% de las víctimas murieron entre 1995 y 2004, la década más mortal del conflicto. Según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica, el 80% de las víctimas fueron civiles y el 20% combatientes, pero la cifra podría ser aún más desproporcionada si se toman en cuenta las desapariciones forzosas, con el impactante saldo de 121,768 que revela el actual informe, otra de las cifras que ha resultado ser mucho mayor que la que se manejaba hasta ahora.

"La población civil fue la más afectada, por estar en medio del conflicto y porque fue las más involucrada y porque las violaciones e infracciones estuvieron dirigidas sobre todo contra ella", dice el documento.

Otro dato importante es que los grupos paramilitares fueron los responsables del mayor número de homicidios (205,028 personas, el 45%) y causaron muchas más muertes que los grupos guerrilleros, a quienes se atribuyen 122,813 víctimas, el 27%. También cabe resaltar que agentes del estado colombiano fueron responsables de más de 56,000 muertes.

En cuanto a las desapariciones forzadas, una vez más los grupos paramilitares fueron los mayores responsables y perpetuaron más de la mitad (63,029, el 52%), seguidos de lejos por las FAR -EP (29,410, el 24 %), responsables "múltiples" y luego agentes estatales, causantes de 9,359 desapariciones forzadas, una clara demostración de la implicación del estado colombiano en la violencia.

Entre 1990 y 2017, 16,238 niños, niñas y adolescentes fueron reclutados por alguna de las partes del conflicto, especialmente por las FARC-EP, responsable del 75% de los reclutamientos de menores.

Para elaborar estas cifras la comisión integró 112 bases de datos aportadas por 42 instituciones del Estado, organizaciones de víctimas y de la sociedad civil.

Aunque el informe documentó sobre todo violaciones a los derechos humanos como homicidios, desapariciones forzosas, ejecuciones extrajudiciales, secuestros y reclutamientos forzosos, la investigación también abarca con profundidad otro tipo de violaciones y "victimizaciones", así como las cifras de asesinatos en Colombia posteriores a los acuerdos de paz, tanto a líderes sociales y defensores de derechos humanos, como a los propios firmantes del acuerdo.

"Según el informe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, hasta el 25 de marzo de 2022 habían sido asesinados 315 firmantes del acuerdo de paz y 27 habían sido desaparecidos", detalla la investigación.

Las recomendaciones: cambios en las fuerzas militares y policiales

Como parte de sus recomendaciones, el informe pide cambios profundos en las fuerzas militares colombianas y la policía, que actualmente pertenece al Ministerio de Defensa.

En el documento se pide un "ajuste de sus roles, misiones y estructura" que responda a las necesidades actuales de las comunidades del país.

Además, precisa el informe, también es imprescindible que estas fuerzas asuman su cuota de responsabilidad en el conflicto. "La recuperación de la confianza también supone que las instituciones del sector enfrenten el legado de las violaciones de los derechos humanos e infracciones al DIH (Derecho Internacional Humanitario) en las que han tenido responsabilidad sus integrantes, y garanticen la no repetición de estos hechos", sugiere la investigación, que solicita que esas violaciones sean investigadas en tribunales civiles y no militares.

El impacto del narcotráfico en el conflicto colombiano

La política prohibicionista y de guerra contra las drogas no hizo más que prolongar la guerra civil en Colombia, concluyó el informe de la Comisión de la Verdad.

Entre sus recomendaciones, la comisión plantea que es necesario replantear la cuestión del narcotráfico y "encontrar los caminos políticos, económicos, éticos y jurídicos de salida en debates de fondo, tanto a nivel nacional como internacional, que permitan avanzar en la regulación del mercado de drogas".

Reconociendo la penetración del narcotráfico a todos los niveles en la sociedad colombiana, desde económico y político hasta cultural, el informe llama a adoptar un enfoque distinto, centrado en los derechos humanos y de salud pública en la política frente al cultivo y el consumo de drogas, así como a "racionalizar el uso de la acción penal frente a los eslabones más débiles de la cadena" para superar problemas estructurales de exclusión, estigmatización y pobreza.

El informe también sugiere la adecuada investigación y judicialización de "los entramados políticos, financieros y armados" que hacen posible el narcotráfico, para lo cual pide un fortalecimiento de la Unidad Especial de Investigación (UEI) de la Fiscalía, mediante un mecanismo mixto, nacional e internacional.

Críticas a las políticas de EEUU hacia Colombia

El informe de la Comisión de la Verdad fue muy crítico con la política estadounidense hacia Colombia que ha dado forma al modelo de seguridad del país latinoamericano. "Colombia ha aceptado el marco discursivo que ha planteado el gobierno de Estados Unidos desde la década de 1950: primero, la guerra contra el comunismo; segundo, la guerra contra las drogas, y tercero, la guerra contra el terrorismo", explica el informe alegando que estos lineamientos han implicado millones de dólares para Colombia en cooperación en diferentes sectores, sin embargo, estos esquemas en muchos casos, como en la contrainsurgencia y la lucha con el narcotráfico, no han hecho más que perpetuar el conflicto.

Esta alineación de intereses entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos dieron lugar a la creación e implementación del Plan Colombia, que financió a las fuerzas de seguridad de colombianas, quienes también fueron responsables de miles de asesinatos a civiles.

Además, "con recursos del Plan Colombia fueron contratadas compañías militares de seguridad privada que se involucraron en actividades militares y antinarcóticos".

En este punto, el informe contó con una gran cantidad de documentos desclasificados en Estados Unidos y que muestran que, durante años, a pesar de que se sabía que el ejército colombiano estaba involucrado en ejecuciones extrajudiciales y que trabajaban con paramilitares de drecha, Washington continuó financiando y capacitando a las fuerzas armadas colombianas.

Presentación del informe de la Comisión de la Verdad: faltó Duque y asistió Petro

La ceremonia de presentación del informe de la Comisión de la Verdad tuvo lugar en el teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá. A ella asistieron familiares de las víctimas, activistas, miembros de organizaciones de víctimas, de la sociedad civil, políticos y otros. Algunas víctimas lloraron, otras clamaban por justicia.

Una ausencia notable en el lugar fue la del presidente Iván Duque, quien personalmente ha hecho campaña contra el acuedo de paz y que siempre se ha mantenido firme en defensa de los militares. Aunque el mandatario no hizo comentarios al respecto, Centro Democrático, su partido, emitió luego un comunicado en el que se habla del informe como una "verdad interpretativa" que "puede llegar a ser controversial".

Por su parte, el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, sí estuvo presente en la ceremonia junto a la futura vicepresidenta, Francia Márquez. Petro recibió una copia del voluminoso informe del sacerdote Francisco de Roux, presidente de la comisión y se comprometió a que la paz será una prioridad bajo su presidencia.

Petro apreció la utilidad de la investigación y aseguró que podría ayudar a "cortar definitivamente los ciclos de la violencia" que ha vivido el país, pero siempre desde una posición de diálogo, reparación y reconciliación y no como "un arma de venganza".