Condenan a 10 años de prisión a un magistrado de El Salvador por agredir sexualmente a una niña

La agresión sexual fue cometida la tarde del 18 de febrero de 2019. Una niña de 10 años jugaba con un niño de 7 en la entrada de un pasaje de unaa populosa colonia en Ilopango, una zona controlada por la pandilla Barrio 18 y que se encuentra en el centro de El Salvador. Según una reconstrucción hecha por el medio local El Faro, un sedán gris se estacionó cerca de los niños y bajó el entonces magistrado de la Cámara Tercera de lo Civil, Eduardo Jaime Escalante.

Escalante dio unas vueltas por la zona y regresó poco después. El niño estaba trepado en un árbol y la niña lo miraba desde abajo. Según testigos, cuenta El Faro, Escalante se acercó a ella, le colocó primero las manos sobre los hombros y luego bajó una de ellas hasta el entrepierna de la menor para frotarle los genitales por encima de la ropa. Mientras, movía la cabeza con una señal de negación, como pidiéndole que guardara silencio. La niña, cuenta el medio, quedó paralizada. Logró reaccionar cuando alguien de la comunidad gritó: "Ese hombre tocó a la niña".

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Varios vecinos corrieron hacia el lugar para ver qué pasaba, incluida la madre de la menor, que la encontró abrazada por varios miembros de su comunidad. Le preguntó qué había pasado y ella respondió que un hombre la había tocado por encima de la ropa. La mamá comenzó a buscar con la mirada al agresor. Un vecino le señaló al magistrado, que caminaba hacia su auto. Corrió hacia él y él al ver que lo alcanzaría, escapó corriendo.

Ella lo alcanzó y le preguntó por qué había tocado a su hija. Él no le respondió, la esquivó y se marchó corriendo.

Dos semanas después de la agresión, los diputados de la Asamblea Legislativa le revocaron la inmunidad a Escalante y fue suspendido de sus funciones. La Fiscalía lo acusó ante la Cámara Primera de lo Penal por agresión sexual en menor e incapaz agravada. En la audiencia inicial, dos semanas después, le pusieron una fianza de 10,000 dólares y se le permitió esperar su sentencia en libertad. Meses después, la acusación fue reducida a una falta y no a un delito, porque el tocamiento fue breve, no invasivo y ocurrió en un lugar público.

La decisión judicial provocó una indignación en el país que comenzó en las redes sociales y llegó a la calle. El 4 de noviembre, unas 600 personas se concentraron frente al Órgano Judicial, exigiendo que el caso fuera tratado como delito y no como una falta. La indignación continuó con una 'velatón' (una concentración con velas) y con más protestas.

En la última década, El Salvador ha sido un país azotado por la corrupción, la violencia y la impunidad, y pocas veces sus ciudadanos se habían organizado para protestar por problemas como la agresión a una niña. Según los registros oficiales de 2019, a diario se registraban 12 denuncias diarias por delitos sexuales y, en el caso de los abusos contra menores de edad, solo uno de cada 10 terminaba en condena.

Este lunes, después de tres años de la agresión a la niña, la Fiscalía condenó al magistrado a 10 años de prisión.

El peso de acusar a un magistrado

Cuando la mamá de la niña supo quién era el agresor, tuvo miedo por las represalias que podían venir en contra de su familia.

En noviembre de 2019, El Faro confirmó con la madre de la niña que habían huido. Se habían ido del país porque una noche de junio de ese año, dos hombres habían llegado a la puerta de su casa para amenazarla. Le dijeron que parara el proceso contra el magistrado porque si no lo hacía la advertencia "iba a pasar a más". Uno de ellos le dijo la frase y le llevó el puño cerrado hasta la cara. En esa ocasión no denunció el hecho.

La amenaza había ocurrido después de que la niña rindiera declaración a pedido de la Fiscalía General en un centro judicial en San Salvador. Dos semanas más tarde, el 15 de junio, la Fiscalía intentó comunicarse de nuevo con la madre, pero ya no lograron contactarla. Al ver que no respondía, pidieron los registros migratorios de la familia y confirmaron que habían salido del país. Esa vez fueron deportadas —no se precisa desde dónde— pese a que mostraron las pruebas de su caso.

Cuando volvieron, la madre declaró al Consejo Nacional de la NIñez y Adolescencia las razones de su huida: expuso que su hija había sido víctima de un delito sexual y que habían recibido amenazas del agresor. El Faro cuenta que esto nunca fue remitido a la Fiscalía.

Alarmados por la falta de protecciones y por la impunidad que esperaban, la familia nuevamente se fue del país.

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