Asamblea de Venezuela denuncia golpe de Estado del presidente Nicolás Maduro
La Asamblea de Venezuela desconoció este jueves una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que inhabilitó al poder legislativo de cualquier función, lo que la oposición consideró un golpe de Estado.
El diputado Julio Borges, presidente del poder legislativo venezolano, dijo que la sentencia le da poder absoluto al mandatario: "Es una dictadura", dijo. "A diferencia de las anteriores (sentencias) le da poder a Nicolás Maduro para hacer todas las leyes que él quiera".
"Frente a este golpe de Estado, esta Asamblea Nacional desconoce al Tribunal Supremo de Justicia", agregó el líder del partido Primero Justicia, quien insistió que las elecciones son la única vía para sacar al país de lo que consideró su peor crisis constitucional.
Borjes dijo que el gobierno de Maduro está fracturado: "Ha perdido la legitimidad, la autoridad, cualquier vestigio de cumplir con la Constitución", señaló. "Lo único que le queda es el miedo" y violentar las leyes, agregó el político opositor quien aseveró que el gobierno "está cavando su propia tumba".
El Tribunal Supremo de Justicia anunció la noche del miércoles que asumirá las competencias del Poder Legislativo, controlado por los opositores, debido a la persistencia del "desacato", un estatus que el Supremo impuso el año pasado a la Asamblea Nacional por el incumplimiento de varias sentencias.
"Mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho", estableció la sentencia de dicha sala.
Perú retira su embajador
La primera reacción a nivel regional llegó desde Perú, que anunció el retiro definitivo de su embajador en Caracas al considerar como una ruptura del orden democrático la decisión del Tribunal Supremo.
"La decisión adoptada por el mismo tribunal el 27 de marzo, que otorga al Presidente de Venezuela facultades que corresponden constitucionalmente a otros poderes del Estado es un flagrante quebrantamiento del orden democrático en ese país", precisó la Cancillería peruana en un comunicado. "América Latina es democrática.
Es inaceptable lo que ocurre en Venezuela", escribió por su parte el presidente Pedro Pablo Kuczynski en su cuenta de Twitter.
La medida del máximo tribunal de Venezuela hace recordar al 'autogolpe' que asestó el expresidente peruano Alberto Fujimori, condenado por delitos contra los derechos humanos, cuando disolvió el Congreso un 6 de abril hace 25 años.
Venezuela lleva meses transitando por una profunda crisis económica y política atribuida al mal manejo administrativo del gobierno. La caída de los precios del petróleo en los últimos dos años, unida a una política económica restrictiva, ha llevado a Venezuela a experimentar niveles de escasez de productos básicos sin precedentes en la historia reciente.
A esta situación se unen los altos índices de criminalidad y una virtual parálisis de la actividad comercial, que depende de dólares para importar.
Una de las consecuencias más graves de esta coyuntura es la generalizada escasez de alimentos y medicinas. Esto justamente llevó al gobierno a solicitar ayuda humanitaria a Naciones Unidas por primera vez en décadas.
Esta semana, 20 países de los 34 miembros activos de la Organización de Estados Americanos, OEA, emitieron una declaración conjunta en la que se comprometen a concretar una hoja de ruta "en el menor plazo posible" para "apoyar el funcionamiento de la democracia y el respeto al Estado de Derecho" en Venezuela.
Almagro lo llama autogolpe
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, denunció vía Twitter un autogolpe en Venezuela e hizo un llamado urgente a una convocatoria del Consejo Permanente del organismo regional.
"Denuncio auto-golpe de Estado perpetrado por el régimen venezolano contra la Asamblea Nacional", se lee en su tuit. "Llamo a urgente convocatoria d Consejo Permanente @OEA_Oficial en marco d art.20 de Carta Democrática #Venezuela", detalla otro trino del alto funcionario de la OEA.
En la reunión extraordinaria de la OEA en Washington de esta semana, Almagro había pedido también al Consejo Permanente del organismo sancionar a Venezuela si no realiza elecciones generales en breve.
Reaccionan Colombia, Chile, la UE y EEUU
El gobierno de Colombia reaccionó a través de un comunicado de la Cancillería donde indica que "registra con profunda preocupación la decisión" del TSJ por asumir "las responsabilidades de la Asamblea Nacional, las restricciones de la inmunidad parlamentaria de los diputados elegidos por el pueblo venezolano y el desconocimiento del Estado de Derecho".
También defendió la separación de poderes, el respeto a la Constitución como elementos importantes de la convivencia pacífica en Venezuela. Para ello pidió diálogo y elecciones.
La Unión Europea también solicitó este jueves un "calendario electoral claro" en Venezuela y pidió respetar la legalidad de la Asamblea Nacional.
" Es de suma importancia establecer un calendario electoral claro y respetar a la Asamblea Nacional y a todos sus miembros, como prevé la Constitución", señaló en un comunicado un portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior.
El canciller de Chile, Heraldo Muñoz, dijo estar preocupado y anunció que iniciará consultas con otros países de la región para expresar una posición conjunta.
"Quisiera expresar la más alta preocupación del gobierno de Chile con el agravamiento de la situación en Venezuela. Vamos a consultar con los países amigos de la región y reiteramos lo ya expresado en la declaración de los 20 países en la OEA hace poco más de 24 horas", dijo Muñoz desde Portugal, donde se encuentra de gira con la presidenta Michelle Bachelet.
Por su parte, el gobierno de Estados Unidos catalogó la decisión del TSJ como un grave retroceso para la democracia en Venezuela.
En un comunicado, el portavoz del Departamento de Estado Mark Toner condena la decisión del 29 de marzo de la Corte Suprema de Venezuela y hace un llamado "al gobierno de Venezuela a permitir que la Asamblea Nacional democráticamente realice sus funciones constitucionales, lleve a cabo elecciones tan pronto como sea posible y libere inmediatamente a todos los presos políticos".
