Allanan oficinas del Episcopado en Chile en busca de información sobre casos de abuso sexual

Las autoridades chilenas siguen recabando pruebas de los abusos denunciados por exalumnos de colegios maristas, cometidos por sacerdotes durante las décadas de 1960 y 1970.
14 Ago 2018 – 6:20 PM EDT

SANTIAGO, Chile.- El escándalo por los abusos sexuales a niños cometidos por miembros del clero sigue haciendo noticia en Chile. Este martes por la mañana, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía allanaron las oficinas de la Conferencia Episcopal en Santiago, en busca de información.

Durante los últimos meses, el papa Francisco recibió en Roma a varias víctimas chilenas para escuchar su testimonio y aceptó la renuncia de varios obispos chilenos, luego de que todos ellos pusieran sus cargos a la orden en mayo pasado.

Hacia las 9:00 de la mañana, el fiscal Raúl Guzmán, a cargo de investigar denuncias de abusos sexuales por miembros de la congregación de los Hermanos Maristas a lo largo del país, ingresó al inmueble acompañado por personal de la policía.

“Estamos recabando y complementando antecedentes que hayamos recibido particularmente para la identificación de víctimas. En ese contexto ya se requirieron antecedentes en diligencias anteriores y el objetivo de la diligencia de hoy es complementar esos antecedentes”, dijo el fiscal, quien también optó por incautar documentos de la casa de la congregación de los Hermanos Maristas.


Desde el año pasado han surgido decenas de denuncias por parte de exalumnos de colegios maristas, que acusan a sacerdotes de esos establecimientos de haber abusado sexualmente de ellos durante su infancia, durante las décadas de 1960 y 1970. Cuatro de los denunciantes fueron recibidos por monseñor Charles Scicluna, cuando fue enviado a Chile por el pontífice en febrero pasado, para investigar los casos de abuso.

Los relatos de las víctimas son estremecedores. Una de ellas, Isaac Givovich, hoy de 38 años, ha contado que sufrió los primeros abusos a los 6 años de edad por parte de un hermano marista español llamado Adolfo Fuentes. Cuando cumplió 8, este clérigo comenzó a violarlo todas las semanas.

Otros relatos involucran a sacerdotes muy respetados como Cristián Precht, quien fue vicario de la Vicaría de la Solidaridad entre 1976 y 1979 y es conocido por su defensa de los derechos humanos en tiempos de dictadura. Precht, quien recibió en 2012 una condena vaticana de cinco años de suspensión del ejercicio público del sacerdocio “por conductas abusivas con menores y mayores de edad” y cumple hoy medidas cautelares impuestas por la Iglesia. Es diocesano pero se desempeñó durante años en colegios maristas.


Lo que hacía Precht era acercarse sexualmente a adolescentes de los que era pastor. Cuando ellos no querían tener esa cercanía, lo rechazaban y se acababa. Hay otros maristas, en cambio, que violaban e iban más allá. Precht no llegó a eso, pero igual hubo abuso de menores”, explica Andrea Lagos, autora del libro Precht. Las culpas del vicario, una investigación sobre las acusaciones en contra del reconocido sacerdote chileno.

Lagos explica que el modus operandi de los abusos en los colegios maristas eran similares a los que ocurrían en otros centros vinculados con la iglesia y que la red de encubrimiento funcionaba del mismo modo en todo Chile.

“Los maristas encubrieron, mandando los curas de los cuales ellos sospechaban a otros colegios”, explica. “Esa es la manera en que la Iglesia católica manejaba estos casos: trasladaban a los sacerdotes acusados de abuso a otras diócesis u otro país. Podían investigar internamente, a veces castigarlos en secreto, pero no informaban a la justicia civil”.

El poder de la justicia civil

Las cosas, sin embargo, están comenzando a cambiar. En los últimos meses, el Ministerio Público ha tomado una serie de medidas violentas para una conferencia episcopal acostumbrada a la impunidad.

A mediados de junio, el fiscal Emiliano Arias, que también investiga los casos de abuso por el clero, allanó las dependencias del Tribunal Eclesiástico de Santiago para incautar el archivo con denuncias por abusos sexuales.

Más tarde, también incautó el Arzobispado de Santiago, la casa del excanciller Óscar Muñoz (acusado de abusos), y el Obispado Castrense, entre otros.


Pero quizás lo que más impactó los chilenos fue que citó al arzobispo de Santiago, el cardenal Ricardo Ezzati, a declarar como imputado por encubrimiento de abuso sexual el próximo 21 de agosto.

El Ministerio público está haciendo un trabajo que es coherente con lo que está sintiendo la sociedad chilena y eso significa que no es posible seguir ocultando la basura bajo la alfombra”, dice René Saffirio, diputado independiente e impulsor de un proyecto de ley que busca poner fin a los beneficios procesales para los eclesiásticos.

“El negacionismo de la Iglesia para impedir que se investigue y sancione a los responsables de abusos sexuales, especialmente en perjuicio de niños y adolescentes, se está sepultando en su propia basura”, agrega. “Creo que son medidas indispensables para sanear lo que ha estado ocurriendo en Chile durante décadas y de lo cual no nos habíamos hecho cargo”.


Andrea Lagos explica que los procesos que se están dando en Chile no se deben a los avances de los valores de la sociedad, sino que a la intervención del papa por el caso Karadima y el informe de monseñor Charles Scicluna y monseñor Jordi Bertomeu que revelaron que “hay casos de abusos a menores en las 15 regiones del país”.

“Al hacerse tan evidente lo que está pasando, la justicia chilena no pudo dejar de actuar. Empezó a haber denuncias de personas ya mayores, demandas civiles”, dice. “Los tribunales de justicia tienen un poder que la Iglesia no tiene porque pueden exigirle toda la información y los documentos a la iglesia mientras que la Iglesia no tiene acceso a los documentos de la investigación de la justicia chilena si estos son privados”.

Las repercusiones políticas

El afán de la sociedad chilena de terminar con la impunidad de un sistema de abuso y encubrimiento que lleva décadas imperando en la iglesia ha tenido repercusiones a nivel político también.

El cardenal Ezzati tuvo que renunciar a asistir al Te Deum —la tradicional ceremonia ecuménica que reúne las autoridades religiosas y públicas del país para el aniversario de la independencia de Chile, el 18 de septiembre—, después de que se revelara que el Presidente Sebastián Piñera estaba evaluando no ir al evento debido a la investigación contra la iglesia.

El gobierno, por otro lado, ha pedido la cooperación de la Santa Sede para hacer avanzar las indagaciones. Según medios locales, el lunes 13 de agosto la Cancillería solicitó oficialmente al Vaticano los expedientes canónicos de imputados investigados por presuntos abusos sexuales cometidos por miembros del clero y pidió tener acceso al Informe Scicluna.

En el Congreso, las señales son inequívocas. En los últimos meses, la Cámara de Diputados aprobó dos proyectos de ley que debieran ayudar a que los casos de abuso sean perseguidos y sancionados con más facilidad. Uno de ellos, es el fin de la prescripción para los abusos sexuales contra menores de edad. Y el otro es la legislación promovida por el diputado Saffirio, que busca eliminar los beneficios para los clérigos procesados. En el mundo político, se espera que el Senado apruebe ambas legislaciones sin mucho debate.

Por mientras, cada nueva incautación permite recabar información hasta ahora intocable.

“Es información de la que antes no se disponía y que obviamente permite ir aclarando situaciones que son muy dolorosas”, dice Saffirio. “Pero como toda herida, se requiere pasar por el dolor para sanar”.


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