Citlali, la niña a la que el gobierno de Sonora prohíbe abortar pese a que la ley mexicana lo permite

Citlali es una niña indígena mexicana de 13 años que no desea continuar con su embarazo producto de un abuso sexual. Pero las autoridades de su natal Sonora le han cerrado la puerta al aborto pese a que la ley mexicana lo permite en casos de violación.

Según el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), organización que acompaña en el proceso a Citlali, la menor fue abusada el 16 de mayo por un compañero de trabajo de su padre que posteriormente fue detenido por violación.

Sin embargo, un juez reclasificó el caso como estupro, un delito que consiste en tener una relación sexual con menores de edad sin violencia.

Al no considerarlo una violación en su sentido estricto, las autoridades le negaron el aborto, un derecho estipulado en la Norma Mexicana 406 que permite a mujeres y niñas en condición de víctimas interrumpir su embarazo. Según esa ley, las mujeres que hayan sido agredidas sexualmente solo deben firmar una carta donde ellas aseguren que fueron violadas. No necesitan presentar una denuncia penal ni el fallo de un juez.

En el caso de niñas mayores de 12 años, como Citlali, tampoco requieren el consentimiento de sus padres. La norma además explica que el personal de salud no puede poner en en duda la violación, pues partirá del 'principio de buena fe'.

A Ciudad de México para reclamar su derecho a abortar

En Sonora, las instituciones no activaron los protocolos necesarios para atender a la adolescente, pasando por encima de una norma oficial. Por eso, los abogados de Cilali impugnaron el fallo de juez. Mientras reciben respuesta de la justicia, la menor ha decidido viajar a Ciudad de México para reclamar su derecho a abortar puesto que allí la legislación sobre la interrupción del embarazo es más flexible.

Pero el grupo que defiende a la niña cree que no se debería haber llegado a esa situación. Iván Alonso Báez, de la organización GIRE, le dijo a Univision Noticias que las autoridades en Sonora no tenían por qué valerse de la decisión de un juez, puesto que la Norma Mexicana 406 estipula que eso no es necesario.

Para él, la decisión judicial tiene tintes políticos: "Muchas veces las autoridades se ven presionadas por organizaciones conservadoras que quieren bloquear el derecho a la interrupción del embarazo", comentó. "Nosotros hemos documentado ocho casos de niñas que se les niega su derecho y esto es resultado de que no hay acciones preventivas, de búsqueda de culpables y de interrupción del embaraz, por parte del gobierno", denunció Alonso Báez.

Pese a que la ley mexicana es clara al permitir el aborto en casos de violación, la burocracia generalmente complica la situación de las víctimas que deciden abortar. Y, según las organizaciones de derechos humanos, el escenario es aún más grave para las niñas a quienes se les niega el aborto porque los prestadores de salud se guían por la moral o prejuicios.

Como integrante del Observatorio de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr), Vianeth Rojas ha acompañado a mujeres a quienes se les ha negado el aborto y cree que incluso las instituciones de salud y de justicia no están capacitadas para dar atención integral a las menores de edad. "Las mismas autoridades no conocen los protocolos para la irrupción legal del embarazo", afirma al explicar que hay funcionarios que incumplen la ley cuando anteponen sus criterios o moral.

No existe registro exacto de casos como el de Citlali del número de mujeres que se quedaron embarazadas tras una violación y se les negó el derecho al aborto, pero entre enero de 2014 y marzo de 2016, 27,710 mujeres y niñas denunciaron haber sido víctimas de abusos sexuales.

"Hemos sabido de embarazos impuestos: el caso de una niña de Guerrero que fue víctima de violación y acudió a un centro de salud, y en lugar de que le dieran la atención integral para el aborto, le dieron servicios prenatales; lo que le dijeron a la familia es que (si abortaba) iba a poner en riesgo su salud y morir. Entonces, lo que hizo la familia fue desistir de la interrupción del embarazo”, señala Miranda Torres.

A eso, explica, se le suman muchos mitos sobre el aborto: "Que ya no podrán tener hijos, que va a haber perforaciones, que sufrirán por culpa, la vergüenza... Son muchos de estos comentarios, pero lo cierto es que un aborto en condiciones seguras y con personal capacitado tiene menos riesgos que los que se corren en un parto".

Por eso, han surgido organizaciones como Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) que orientan a las mujeres: "No queremos que cuando hay violencia sexual ellas tengan un embarazo forzado. No queremos que sientan culpa, o arrepentimiento, queremos que sepan cuál es el mejor camino en su vida", explica Mayra Miranda Torres, integrante de CDD.