A un año del atentado cometido por un supremacista blanco en un Walmart de El Paso, Texas, el juicio en contra del responsable, Patrick Crusius, permanece en el aire. El acusado enfrenta decenas de cargos ante los tribunales estatal y federal, pero la complejidad del caso podría hacer que pasaran al menos dos años antes de que la masacre llegue a una corte.
El juicio contra el responsable de la masacre de El Paso podría tardar años
Aun cuando hay decenas de cargos en contra de Patrick Crusius, el supremacista blanco acusado del atentado del Walmart de El Paso del 3 de agosto de 2019, su proceso judicial permanece varado por la complejidad legal del caso.

Yvonne Rosales se convertirá en fiscal de distrito de El Paso el próximo enero después de conseguir la victoria en las elecciones del 14 de julio con 51% frente a 48% de su contrincante, James Montoya. Es la primera vez en 28 años que El Paso tendrá un nuevo fiscal general después de que Jaime Esparza decidiese no buscar la reelección.
Y a Rosales le espera uno de los retos más grandes en la historia del distrito: el juicio contra Patrick Crusius, el hombre responsable del atentado que costó la vida de 23 personas en el Walmart de El Paso, que condujo 1,000 kilómetros para cometer una masacre contra lo que calificó una “invasión hispana” en Estados Unidos.
Crusius, de 22 años, quien viajó desde Allen (un suburbio de Dallas) para cometer la masacre, enfrenta decenas de cargos estatales y federales por asesinato y crimen de odio. Al menos una veintena de ellos piden la pena de muerte.
Esparza, el fiscal de distrito saliente, ya había dicho que pediría la pena capital. Los fiscales federales han comentado hasta ahora que lo considerarían una vez que se produjera su condena y en el caso en que Crusius sea juzgado por las dos jurisdicciones.
Controversia legal
No está claro qué casos (y ante qué jurisdicción) procederían primero. Rosales, la nueva fiscal, ha reconocido que la justicia tardará en llegar debido a la complejidad del caso, añadida a la pandemia del coronavirus, ha retrasado el proceso.
“No creo que el caso vaya juicio antes de, calculo, unos dos o tres años”, reconoció al Texas Tribune.
Jaime Esparza, incluso antes de que la pandemia golpeara a Texas a mediados de marzo, ya había manifestado su indignación porque el condado se viera obligado a ceder el caso a las autoridades federales debido a los costos que causaría al distrito.“El dinero jamás debería de ser un obstáculo para obtener la justicia, así que les digo que no voy a entregárselo a los federales solo porque es más barato”, afirmó en febrero.
Pero Esparza dijo esto antes de que la pandemia y sus consecuencias económicas llegaran a Texas. La fiscal electa ha reconocido que permitir que la Fiscalía de EEUU juzgase a Crusius ayudaría a las finanzas de El Paso.
No obstante, Rosales ha reconocido que aún es muy pronto para poner esta discusión sobre la mesa, puesto que tanto las autoridades estatales como las federales tienen que acordar el asunto una vez que ella asuma el puesto.
El caso de la defensa
Los abogados de Crusius ya han dicho que usarán su salud mental como un argumento en el juicio, pues el presunto asesino “ha sufrido de enfermedades mentales toda su vida”, según reportó Associated Press hace un mes. Este es un argumento fundamental para el caso de pena de muerte.
Aun cuando fue el propio Crusius quien se entregó a las autoridades el día del tiroteo y quien confesó haber sido el responsable de la masacre cuyo objetivo, de acuerdo con un manifiesto que publicó en línea antes de conducir hasta El Paso, era “matar mexicanos”, el hombre se declaró “no culpable” tanto en el caso estatal como en el federal. Los fiscales federales decidirán qué castigo perseguirán primero (si la pena capital o la cárcel) el próximo jueves.
John Bash, fiscal federal para el distrito oeste de Texas, comentó en un comunicado: “Me uno a todos los paseños, a todos los texanos y a todos los estadounidenses en el luto al recordar la tragedia ocurrida hace un año. Mi oficina no descansará en la búsqueda de justicia para las víctimas y la comunidad”. Bash no detalló cuál será el castigo concreto que su oficina pedirá.
















