En distintas ciudades del país, lejos de la frontera, los operativos migratorios comenzaron a repetirse con un mismo patrón: agentes en parques y estacionamientos, detenciones en espacios públicos y despliegues que alteraron la rutina de comunidades enteras. No eran acciones aisladas. Formaban parte de una estrategia nacional que hoy queda bajo revisión tras la salida de uno de sus principales ejecutores.
¿Retirarse protege de demandas a Gregory Bovino tras operativos con la Patrulla Fronteriza?
Gregory Bovino se jubila tras redadas migratorias en ciudades como Chicago, Los Ángeles y Minneapolis. ¿Retirarse lo protege? Expertos advierten que no hay inmunidad total y que podrían avanzar investigaciones y demandas por uso de fuerza, detenciones y violaciones de derechos.
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Gregory Bovino se jubilará oficialmente el 31 de marzo, luego de haber sido removido en enero de sus funciones como coordinador nacional de operativos migratorios.
Su salida coincide con el relevo en la cúpula del Departamento de Seguridad Nacional y llega después de semanas de cuestionamientos por operativos en ciudades como Chicago, Los Ángeles, Minneapolis y Charlotte.
Durante cerca de tres meses, Bovino dirigió despliegues urbanos poco habituales para la U.S. Border Patrol, una agencia históricamente enfocada en zonas fronterizas. Bajo distintos nombres, como “Operation Metro Surge” y “Operation Return to Sender”, estos operativos incluyeron detenciones en espacios públicos, presencia de agentes en barrios residenciales y el uso de recursos tácticos como helicópteros, unidades montadas e irritantes químicos.
En Illinois, se registraron más de 800 arrestos reportados por el DHS para octubre de 2025 en la operación conocida como “Midway Blitz”. Y en Chicago, organizaciones civiles denunciaron detenciones sin orden judicial y el uso de gas lacrimógeno y granadas de humo en zonas urbanas.
Una jueza federal llegó a ordenar medidas de control, incluida la obligación de portar cámaras corporales, aunque esas disposiciones fueron posteriormente revocadas.
En California, particularmente en Los Ángeles y el condado de Kern, se reportaron demandas por perfilamiento racial y daños a vehículos durante paradas de tránsito. En algunos operativos, se documentaron patrullajes a caballo y despliegues con helicópteros en parques y espacios públicos.
Reportes de distintas fases de estas acciones hablan de miles de detenciones, aunque no existe un consolidado oficial atribuido directamente a Bovino.
En Charlotte, líderes locales cuestionaron la presencia de agentes federales en estacionamientos de comercios y zonas comerciales, describiendo los operativos como indiscriminados. Las cifras de arrestos en esa ciudad tampoco ha sido confirmada públicamente.
El punto más crítico se registró en Minnesota. El 7 de enero de 2026 murió Renée Nicole Good y el 24 de enero Alex Pretti, ambos ciudadanos estadounidenses, en incidentes vinculados a operativos federales en el área de Minneapolis–St. Paul.
Los casos fueron clasificados como homicidio por el médico forense y desataron protestas. En ese contexto, Bovino defendió públicamente la actuación de los agentes, al afirmar que existía una amenaza, una versión que fue cuestionada tras la difusión de videos.
Días después, fue removido de su rol operativo.
“No hay inmunidad total”
“Yo creo que es parte de la estrategia que está implementando la administración para tratar de comunicar una imagen de cambio que considero más cosmética que de fondo”, dijo Óscar Chacon, asesor de Estrategias de Alianza Américas.
“Hay que recordar que Bovino no es el tomador de decisiones, es el ejecutor de políticas, y sus superiores son los mismos”.
Chacón apuntó directamente a la estructura política detrás de los operativos, incluyendo al asesor Stephen Miller, a quien describió como una figura central en la estrategia migratoria.
En Chicago, donde Bovino estuvo al frente de operativos durante semanas, el impacto fue inmediato. “Lo que hizo fue traer la experiencia de décadas de abusos en la frontera sur a la ciudad”, afirmó Chacón.
“Nunca habíamos visto de manera tan directa lo que comunidades en la frontera han vivido por décadas”.
Las denuncias incluyen temor en comunidades inmigrantes, presencia constante de agentes en zonas residenciales y reportes de maltrato durante detenciones.
Autoridades locales y organizaciones han cuestionado la legalidad de algunas de estas acciones, en particular en una ciudad que mantiene políticas de santuario.
El retiro de Bovino plantea una pregunta central: si su salida limita o no la posibilidad de que enfrente consecuencias legales por estos operativos.
“No hay inmunidad total”, sostuvo Chacón. “Ha habido una campaña promoviendo la idea de inmunidad absoluta, pero eso es falso”.
En el sistema legal estadounidense, los agentes federales cuentan con protecciones amplias, pero no absolutas. En el ámbito civil, la llamada inmunidad calificada protege a los funcionarios a menos que se demuestre que violaron un derecho constitucional claramente establecido.
En la práctica, este estándar ha dificultado que prosperen demandas por uso excesivo de fuerza o detenciones indebidas.
En el ámbito penal, la llamada cláusula de supremacía permite que un agente federal solicite que un proceso estatal sea trasladado a una corte federal, siempre que argumente que actuó en cumplimiento de sus funciones. Este mecanismo ha sido clave en casos históricos donde las acusaciones terminan siendo desestimadas.
Investigación abiertas ¿prosperarán?
Sin embargo, existen vías abiertas. En Minnesota, la fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, inició una investigación sobre la conducta de agentes en operativos recientes, lo que podría incluir decisiones adoptadas bajo la coordinación de Bovino.
De confirmarse responsabilidades individuales, el caso podría avanzar en tribunales estatales, aunque con posibilidad de traslado a jurisdicción federal.
En el plano civil, familias y organizaciones han presentado o evalúan presentar demandas por daños y violaciones de derechos. Estas acciones enfrentan obstáculos tras decisiones recientes de la Corte Suprema, como el precedente de Bivens v. Six Unknown Named Agents, que en la práctica ha sido restringido, limitando la posibilidad de demandar a agentes federales.
Los antecedentes muestran que procesar a un agente federal no es imposible, pero sí poco frecuente. Casos como Ruby Ridge en 1992 o procesos contra agentes fronterizos en las últimas décadas evidencian que las investigaciones pueden avanzar, aunque las condenas son escasas.
En este escenario, la jubilación de Bovino no implica cierre de procesos ni garantiza consecuencias judiciales. Tampoco lo exime de eventuales investigaciones.
“Van a haber esfuerzos para que rinda cuentas tanto en el plano civil como criminal”, dijo Chacón. “Ningún agente está exento de enfrentar cargos de esta naturaleza”.
Hasta ahora, no hay confirmación oficial de cargos en su contra. Tampoco existe un registro público consolidado que atribuya directamente cifras totales de detenciones o incidentes a su mando. Lo que sí permanece es el rastro de operativos en estas ciudades, investigaciones abiertas en al menos un estado y un marco legal que, aunque permite procesar a agentes federales, establece barreras altas para hacerlo.
