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Salt Lake City

Familia de Bernardo Palacios-Carbajal presentó demanda contra la policía de Salt Lake City

La demanda alega que Palacios-Carbajal no representaba una amenaza para los agentes que lo perseguían cuando fue acribillado, y que estos siguieron disparando una vez que el sospechoso yacía inhabilitado en el pavimento.
28 Sep 2020 – 01:26 PM EDT
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Familiares y manifestantes, habían pedido durante semanas que los agentes de la policía de Salt Lake City enfrentaran cargos criminales. Crédito: Rick Bowmer/AP

El viernes pasado, la familia de Bernardo Palacios-Carbajal presentó una demanda en contra de los dos oficiales que le dispararon en mayo pasado acabando con su vida, así como en contra del departamento de policía de Salt Lake City, el jefe de policía de Salt Lake City, Mike Brown, y la ciudad Salt Lake City. La demanda alega que Palacios-Carbajal no representaba una amenaza para los agentes que lo perseguían cuando fue acribillado.

La demanda pide el pago de daños y perjuicios no especificados, así como el pago de los honorarios de abogados originados por la acción legal.


La ciudad de Salt Lake City dijo en un comunicado que la oficina del fiscal de la ciudad recibió la demanda y que la está revisando en este momento.

Por su parte, el despacho de abogados Eisenberg, Cutt, Kendell y Olson, representantes legales de la familia Palacios, fustigó a los líderes de la ciudad diciendo que "no están interesados en una reforma real", añadiendo que es evidente que los cambios propuestos recientemente y las declaraciones hechas por funcionarios públicos han sido simplemente palabras huecas diseñadas para aplacar a un público desanimado y frustrado.

Los abogados dijeron que habían iniciado la acción legal porque no tenían “otras opciones a nuestra disposición”, y que no solo buscaban justicia para Bernardo, sino también “lograr reformas que eviten abusos futuros”.

El fiscal de distrito del condado de Salt Lake, Sim Gill, determinó el pasado mes de julio que los oficiales Neil Iversen y Kevin Fortuna habían actuado justificadamente y apegados a la ley, cuando el pasado 23 de mayo dispararon y mataron Palacios-Carbajal, de 22 años, quien se encontraba armado al momento del incidente por lo que no presentó cargos en su contra.

En su informe, el fiscal Gill explicó que durante la persecución Palacios-Carbajal tropezó en la acera, resbaló sobre el pavimento mojado, dejó caer dos veces su arma, y se detuvo para recuperarla en ambas ocasiones. En una tercera caída los agentes pudieron confirmar que el objeto que Palacios-Carbajal sostenía era una pistola, por lo que los oficiales creyeron razonablemente que corrían un riesgo inminente de ser el blanco de los disparos de Palacios.

La demanda contradice el razonamiento del fiscal explicando que “Palacios-Carbajal no hizo ningún gesto amenazante hacia los agentes de policía ni apuntó con un arma a los agentes”, y añade que “los oficiales al intentar arrestar y detener al señor Palacios-Carbajal, quien estaba huyendo y que no presentaba un peligro o amenaza inmediata para ellos u otras personas, usaron fuerza que no era razonable dadas las circunstancias, en violación de los dederechos constitucionales del señor Palacios-Carbajal”.

“Los informes post-mortem muestran 25 heridas de bala en el señor Palacios-Carbajal, y la mayoría de esas balas muestran una 'trayectoria ascendente', lo que sugiere que las balas alcanzaron al señor Palacios-Carbajal mientras estaba en el suelo”, dice la demanda. La demanda también alega que los agentes violaron los derechos constitucionales de Palacios-Carbajal al continuar disparándole después de que ya había sido incapacitado.

La policía hizo un total de 34 disparos, aunque Gill dijo que Palacios tenía entre 13 y 15 heridas. Una autopsia no pudo determinar si todos fueron por disparos individuales o si algunas heridas eran de entrada y salida.

Los demandantes explican que el departamento de policía, el jefe Brown y la ciudad de Salt Lake City “tienen el deber de capacitar e instruir a los oficiales y empleados con respecto a las prácticas y procedimientos policiales aceptables, incluido el conocimiento y la notificación a los oficiales de actualizaciones, cambios u otros requisitos relacionados con el uso de fuerza letal contra un sospechoso que huye", pero "no instruyeron ni capacitaron a sus oficiales de que los sospechosos tienen un derecho claramente establecido a estar libres de la fuerza letal una vez que el sospechoso ha sido sometido o incapacitado".

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