San Juan - El Legislativo de Puerto Rico aprobó en horas de la madrugada del martes un proyecto de urgencia para que el gobernador de la isla, Alejandro García Padilla, pueda declarar una moratoria general en el pago de la deuda de este Estado Libre Asociado a EE.UU.
Senado de Puerto Rico aprueba proyecto para declarar moratoria de emergencia
Le da la potestad al gobernador para que pueda declarar una moratoria general en el pago de la deuda de este Estado Libre Asociado a EE.UU.
Capitolio de Puerto Rico
El proyecto, aprobado por el Senado se verá a partir de las 11:00 a.m. en la Cámara de Representantes de Puerto Rico.
Este se basa en la declaración de una emergencia fiscal ante la incapacidad de la Administración de hacer frente a sus deudas, entre ellas las del Banco Gubernamental de Fomento (BGF),el brazo financiero del Gobierno.
La medida permitirá al gobernador decretar una moratoria sobre toda la deuda pública, no sólo la del BGF, y ganar así tiempo a la espera de que EE.UU. apruebe algún tipo de plan que permita a Puerto Rico acogerse a la ley federal que regula los procesos de quiebra y bancarrota.
De hecho, y según explicaron los presidentes de ambas Cámaras a Efe, así como la secretaria de la Gobernación, Grace Santana, la medida otorgará la potestad al gobernador de declarar incluso la moratoria sobre las obligaciones generales, cuya prioridad en los pagos está garantizada por la Constitución de la isla.
Esta decisión tiene lugar después de que durante todo el día los máximos responsables de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la isla debatieran sobre cómo reaccionar ante la demanda interpuesta el lunes por un grupo de acreedores del BGF.
Los demandantes piden a la Justicia federal que intervenga la entidad financiera y le prohíba por orden judicial realizar más pagos hasta que el conjunto de la deuda sea reestructurada debidamente, para garantizar un reparto justo de los pagos entre los múltiples acreedores de esta entidad.
El economista Elías Gutierrez, quien declaró la situación del BGF como escalofriante y de alta peligrosidad, tronó sobre la aprobación del proyecto que crea la Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera por el Senado de Puerto Rico, el cual otorgaría autoridad al gobernador de Puerto Rico para emitir una moratoria en la deuda pública. Opinó que es una “declaración de guerra” que no beneficiará a la ciudadanía.
Por su parte, Melba Acosta, explicó el proyecto de ley que le permitiría al gobernador Alejandro García Padilla declarar una moratoria en el pago de todas las deudas de Puerto Rico, incluyendo a aquellas protegidas por la Constitución. Aseguró que es una herramienta para brindarle opciones al banco para evitar su insolvencia. Acosta además acusó al Congreso de los Estados Unidos y su inacción como una de las causantes de la crisis económica en Puerto Rico y la situación crítica que atraviesa el BGF.
Sin embargo, según reportó El Nuevo Día, antes que se vea la medida en la Cámara, podría llegar una propuesta por parte de los bonistas e inversionistas locales que podría permitirle al gobierno continuar con sus obligaciones sin necesidad de incumplir con la deuda constitucional.
De llegar a dicha oferta, se podría evitaría un impago masivo y un disloque en las operaciones del gobierno, explicó el mencionado medio.
La Ley federal de Quiebras no considera a Puerto Rico como un estado más de EE.UU. y la Justicia federal consideró inconstitucionalla Ley de Quiebra Criolla, norma que el Gobierno local aprobó para establecer su propio mecanismo de bancarrota.
Ante la crisis económica que enfrenta la Isla del Encanto y su falta de atacar la deuda económica que supera los 60 mil millones de dólares, los republicanos en el Congreso de EE.UU. presentarton hace unos días el borrador de un proyecto que propone una junta de control fiscal que llegaría a la isla para tomar control de los gastos públicos y cómo se maneja los ingresos y el gobierno en general, posición que ha levantado opiniones de quienes están a favor y lo ven como única medida de atajar la crisis, y quienes piensan que "invalida la democracia" de Puerto Rico.
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