Una nueva regla del gobierno de Estados Unidos cambiará la manera en que las autoridades migratorias evalúan si ciertos inmigrantes podrían convertirse en una "carga pública" al solicitar una visa de inmigrante o la residencia permanente. El cambio entra en vigor el 18 de septiembre de 2026 y permitirá a los oficiales considerar una gama más amplia de beneficios públicos y otros elementos de la situación personal del solicitante.
Green Card y "carga pública": qué cambia para los inmigrantes en Estados Unidos a partir del 18 de septiembre
Conoce qué inmigrantes están sujetos a la evaluación, qué beneficios pueden ser considerados y cuáles son las principales excepciones bajo las nuevas reglas de Departamento de Seguridad Nacional
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Pero hay una diferencia importante entre recibir una ayuda del gobierno y ser considerado una carga pública: utilizar SNAP, Medicaid, ayuda para vivienda u otro beneficio que pueda ser tomado en cuenta no significa automáticamente que una persona perderá o no podrá obtener la Green Card.
La nueva política establece que esas circunstancias serán analizadas junto con otros elementos del caso para determinar si, en opinión del gobierno, el solicitante probablemente dependerá de la asistencia pública en el futuro.
¿Qué es la "carga pública" y por qué cambia ahora?
La llamada "carga pública" es una causal de inadmisibilidad prevista en la ley migratoria de Estados Unidos. En términos sencillos, permite negar determinados beneficios migratorios a una persona que las autoridades consideren probable que se convierta en una carga pública.
La ley establece que, al hacer esa evaluación, deben considerarse como mínimo cinco factores: edad, salud, situación familiar, bienes, recursos y situación financiera, y educación y habilidades. También puede considerarse, cuando corresponde, una declaración jurada de patrocinio económico (Affidavit of Support).
Durante los últimos años, el gobierno federal ha utilizado diferentes criterios para aplicar esta disposición.
La regla que entrará en vigor el 18 de septiembre de 2026 fue publicada por el Departamento de Seguridad Nacional en el Federal Register el 20 de julio. Con ella, DHS elimina la regulación de 2022 y regresa a un sistema en el que los oficiales tendrán mayor discreción para analizar todas las circunstancias relevantes de cada caso, en lugar de estar sujetos a una lista limitada de factores y beneficios.
DHS sostiene que la regulación de 2022 era demasiado restrictiva y que impedía a sus oficiales evaluar de manera completa si una persona podía llegar a depender del gobierno. La nueva regla, según la agencia, busca recuperar una evaluación individual y basada en la totalidad de las circunstancias.
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¿Qué beneficios podrán considerar los oficiales?
Aquí está uno de los cambios que más pueden interesar a las familias inmigrantes. Bajo la regla de 2022, la evaluación estaba limitada principalmente a determinados apoyos económicos en efectivo y a la institucionalización de largo plazo pagada por el gobierno.
A partir del 18 de septiembre, DHS establece que los oficiales podrán considerar todos los beneficios públicos sujetos a comprobación de recursos económicos (means-tested public benefits) que sean relevantes para el caso.
La propia regla menciona expresamente programas como:
- SNAP, conocido como cupones o ayuda para alimentos.
- WIC, el programa de nutrición para mujeres, bebés y niños.
- Programas de comidas escolares y de verano.
- Medicaid y otros programas de atención médica sujetos a comprobación de recursos, incluidos determinados programas estatales.
- Ayuda pública para vivienda, incluidos programas de vivienda subsidiada cuando estén sujetos a comprobación de recursos.
- Programas de cuidado infantil, desarrollo infantil y educación sujetos a comprobación de recursos, incluido
- Head Start en determinadas circunstancias.
- Ciertos créditos fiscales sujetos a comprobación de recursos.
La regla también señala que los oficiales podrán considerar otros beneficios públicos sujetos a comprobación de recursos que sean relevantes para determinar la situación del solicitante.
Esto no cambia las reglas de elegibilidad de esos programas. Es decir, la nueva regulación de carga pública no determina quién puede recibir SNAP, Medicaid o ayuda de vivienda. Lo que cambia es que, para una persona que esté sujeta a la evaluación de carga pública, la utilización de esos beneficios podrá formar parte del análisis migratorio.
Entonces, ¿si una persona recibe SNAP le pueden negar la Green Card?
No automáticamente. Este es probablemente el punto más importante para entender la nueva política.
DHS establece expresamente que la recepción de un beneficio público es solo uno de los elementos que puede considerar un oficial. En el caso de SNAP, por ejemplo, la autoridad podrá tomar en cuenta cuándo recibió el beneficio, durante cuánto tiempo, si lo recibió junto con otros apoyos, además de su empleo, edad, salud, situación familiar, recursos económicos, educación y habilidades.
Por ejemplo, dos personas podrían recibir SNAP y tener resultados diferentes en una evaluación de carga pública porque sus circunstancias económicas y familiares no son las mismas.
La regla tampoco establece que un determinado beneficio sea suficiente, por sí solo, para demostrar que alguien será una carga pública. DHS dice que la decisión deberá hacerse considerando la totalidad de las circunstancias del caso.
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¿Qué pasa con Medicaid?
Medicaid también representa un cambio relevante. La nueva regla permite que los oficiales consideren determinados beneficios de atención médica sujetos a comprobación de recursos cuando sean recibidos por una persona que está sujeta a la evaluación de carga pública.
DHS incluso señala que esto puede incluir Medicaid y programas estatales de salud sujetos a comprobación de recursos. Sin embargo, la agencia también aclara que la utilización de estos beneficios no es, por sí sola, determinante. El oficial deberá valorar las circunstancias particulares del solicitante, incluida la naturaleza y duración del beneficio.
La regla también establece que los beneficios de salud sujetos a comprobación de recursos recibidos antes de la fecha de entrada en vigor, salvo las categorías que ya podían considerarse bajo las reglas anteriores, no serán tomados en cuenta retroactivamente bajo este nuevo esquema.
¿Y si quien recibe la ayuda es un hijo ciudadano estadounidense?
Este punto puede ser especialmente importante para familias de estatus migratorio mixto. DHS señala que, en general, no considerará los beneficios recibidos por familiares del solicitante, incluidos hijos ciudadanos estadounidenses.
Existe una excepción cuando, por ejemplo, el beneficio que recibe el familiar está basado en que los ingresos del propio solicitante están por debajo de determinado umbral o cuando el beneficio recibido por el familiar constituye la fuente de apoyo económico del solicitante. En esos casos, el beneficio podría considerarse como parte del análisis de sus recursos y situación financiera.
Esto significa que no es correcto afirmar que los beneficios que recibe un hijo ciudadano automáticamente perjudicarán la solicitud migratoria de sus padres.
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¿Quiénes están sujetos a esta evaluación?
La causal de carga pública no se aplica a todos los inmigrantes ni a todas las solicitudes migratorias.
La ley contempla excepciones para determinadas categorías. USCIS ha señalado entre las personas exentas a varias categorías humanitarias, entre ellas determinados refugiados, asilados, personas con visas T o U, autopeticionarios bajo VAWA y jóvenes inmigrantes especiales, entre otras categorías protegidas. También existen otras exenciones establecidas por la ley.
Por eso, una persona que está solicitando la residencia debe primero saber bajo qué categoría migratoria está haciendo su trámite. La nueva regla tampoco convierte en sujetos de carga pública a personas que legalmente están exentas.
¿La nueva regla afecta a quienes ya tienen Green Card?
El cambio está dirigido principalmente a la evaluación de inadmisibilidad por carga pública de personas que solicitan admisión a Estados Unidos o ajuste de estatus para convertirse en residentes permanentes, cuando esa causal les aplica.
Por ello, no debe interpretarse como una regla que diga que un residente permanente perderá automáticamente su Green Card por utilizar SNAP, Medicaid o ayuda de vivienda.
El cambio es especialmente relevante para quienes están en proceso de obtener la residencia y están sujetos a la evaluación de carga pública.
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¿Qué pasa el 18 de septiembre de 2026?
La fecha es importante porque la nueva regla entra en vigor 60 días después de su publicación en el Registro Federal, que ocurrió el 20 de julio de 2026. Por eso, la fecha efectiva es el 18 de septiembre de 2026.
DHS estableció que la nueva política se aplicará a las solicitudes de admisión y a las solicitudes de ajuste de estatus presentadas a partir de esa fecha.
En el caso del ajuste de estatus dentro de Estados Unidos, USCIS también anunció una nueva edición del Formulario I-485, la solicitud utilizada para pedir la residencia permanente o ajustar el estatus. La agencia indica que la edición revisada será publicada el 18 de septiembre.
Además, DHS estableció una protección para ciertos beneficios que anteriormente estaban fuera de la evaluación: los beneficios sujetos a comprobación de recursos que no podían considerarse bajo la regla de 2022 y que fueron recibidos antes de la entrada en vigor de la nueva norma no serán considerados bajo el nuevo esquema.
¿Qué debe saber una persona que está por solicitar la Green Card?
La nueva regla no significa que todos los inmigrantes deban dejar de utilizar beneficios públicos.
De hecho, DHS reconoce en la propia regulación que existe el riesgo de que algunas personas renuncien a beneficios por miedo a que su utilización afecte su proceso migratorio. La agencia señala que la regla no modifica los requisitos de elegibilidad de SNAP, Medicaid, vivienda u otros programas.
Lo que sí cambia es que, para las personas sujetas a carga pública, esos beneficios podrán formar parte de una evaluación migratoria más amplia.
Por ello, una persona que esté preparando una solicitud de residencia y reciba asistencia pública debería revisar su categoría migratoria específica y su situación individual antes de tomar decisiones sobre sus beneficios. La regla establece un análisis caso por caso y no una prohibición general de utilizar programas de asistencia.
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